El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, instó nuevamente sobre la importancia de solicitar, para quienes cualifiquen y aún no lo hayan hecho, el Crédito por Menor Dependiente (CTC, por sus siglas en inglés) y reiteró que este programa es vital para ayudar a combatir la pobreza y mejorar las condiciones de las familias en la Isla. El primer ejecutivo participó de una reunión pública virtual con Gene Sperling, principal asesor del presidente de Estados Unidos, Joe Biden y el Instituto de Desarrollo de la Juventud, entre otras agencias y funcionarios federales.   

El CTC proporciona a las familias elegibles un crédito por cada hijo menor de 17 años que pudiese llegar a $3,600 por cada uno. Ante esto, el gobernador reiteró que “el CTC es un programa federal que pone fondos en los bolsillos de nuestras familias y busca lograr que nuestros niños y niñas no vivan en pobreza”.

“Nuevamente reitero mi agradecimiento al gobierno federal por su ayuda y su apoyo, y hago un llamado a todas y todos en Puerto Rico a exhortar a nuestras familias con menores dependientes que si no han solicitado el CTC lo hagan lo antes posible, el momento es ahora”, añadió Pierluisi.

Más de 222 mil personas ya han radicado su planilla para el CTC con el Servicio de Rentas Internas Federal y se estima que aún quedan cerca de 75 mil familias que pudieran cualificar, pero no lo han solicitado. Por eso, Pierluisi destinó fondos para arreciar los esfuerzos mediante campañas informativas en conjunto con organizaciones comunitarias y asegurar que las familias con menores soliciten este crédito.

Por su parte, Sperling, con quien el gobernador se ha reunido en ocasiones anteriores, comentó que “fue una verdadera injusticia que durante 20 años Puerto Rico no fuera parte del CTC. Ahora, por primera vez, en Puerto Rico, los niños pueden ser parte del mismo CTC que los menores de edad en los 50 estados. Esto les dará a muchas familias en Puerto Rico, lo que el presidente Biden denominó como un respiro”.

Informes recientes aseguran que los índices de pobreza en Puerto Rico se redujeron en un dos por ciento en el pasado año, y se estima que cuando se concrete el efecto del CTC y del Crédito por Trabajo en la Isla, esa reducción podría ser de hasta siete por ciento. 

Como parte de los esfuerzos del gobierno, el Estado tiene alianzas con instituciones sin fines de lucro, el Departamento de Hacienda habilitó 13 centros en toda la Isla, la Administración de Vivienda Pública dispuso de 200 centros comunitarios en residenciales y el Departamento de Educación utilizó sus plataformas para identificar estudiantes elegibles. Asimismo, el Departamento de la Familia, a través de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF) coordinó los esfuerzos primarios para lograr la mayor participación posible en esta gesta y la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (ODSEC) asistió a las comunidades que sirve. 

El año pasado, mediante Orden Ejecutiva, el gobernador creó la Comisión Asesora sobre la Pobreza. También, convirtió en ley la política pública del gobierno sobre la pobreza infantil y la desigualdad social, y asignó más de un millón de dólares del presupuesto para adelantar acciones directas a estos fines. 

Por otro lado, el gobernador detalló que de los $2,390 millones que recibió Puerto Rico del Plan de Rescate Americano (ARPA, por sus siglas en inglés) para incentivar la economía a raíz de la pandemia del COVID-19 ya se han desembolsado sobre $1,200 millones para servicios gubernamentales, desarrollo económico, en infraestructura y calidad de vida.

“Hemos puesto los fondos de recuperación directamente a trabajar por nuestra gente. Y el resultado se ha visto en una marcada mejoría en la situación económica de nuestras familias de bajos ingresos y en nuestra economía fortalecida. Tenemos el desempleo más bajo en nuestra historia, índices económicos en alzada, y crecimiento y expansión en el sector comercial”, dijo Pierluisi quien estuvo acompañado de los secretarios de Hacienda, Familia, Agricultura y Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Francisco Parés Alicea, Carmen Ana González Magaz, Ramón “Pirul” González y Manuel Cidre Miranda, respectivamente. 

Del dinero asignado se destinaron fondos para mantener y mejorar servicios del gobierno, incluyendo ayuda a los municipios y a la Universidad de Puerto Rico (UPR) así como fondos para mitigar el aumento a la luz, reparar residencias de personas de bajos ingresos y rescatar el sector cultural que tanto sufrió en la pandemia. También se asignaron fondos para impulsar el desarrollo económico, promover el turismo e incentivar a los trabajadores.

En iniciativas de calidad de vida el gobierno invirtió, mayormente en esfuerzos de vacunación, en el sistema de vigilancia genómica, en campañas de salud mental y de bienestar social, en asistencia a hospitales y centros de envejecientes, así como en pagos a trabajadores que estuvieron laborando durante la pandemia. También, en proyectos de infraestructura, especialmente en áreas que se vieron afectadas en la pandemia, tales como, mejoras a instituciones educativas, mantenimiento de carreteras, conservación de recursos naturales e incentivos de Apoyo Energético a Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs).