El candidato a la gobernación por el partido Proyecto Dignidad, César Vázquez, habló en el debate “Infraestructura 2030” sobre las Zonas de Oportunidad. Y aunque no ofreció detalles concretos sobre su propuesta para implementarlas, en la sección de infraestructura de su programa de gobierno, disponible en internet, se menciona que: “todo nuevo proyecto portuario será declarado elegible para ‘Opportunity Zones’, y propuesto como ‘Proyecto Crítico’ bajo PROMESA”.

Además, indica que va a “cualificar bajo ‘Opportunity Zones’ todo nuevo proyecto privado para expandir la capacidad productiva en el segmento de construcción de vivienda resiliente y de bajo costo”. También menciona que “todo proyecto de reciclaje será declarado elegible para ‘Opportunity Zones’ y propuesto como ‘Proyecto Crítico’ bajo PROMESA.

Las Zonas de Oportunidad fueron designadas en 2018 como parte de la reforma contributiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La ley que las crea ofrece una reducción de 37.5% a 20%  en la tasa contributiva federal para fondos de inversión que inviertan en “comunidades de bajos ingresos”.

Los estados y territorios han creado a su vez leyes locales de Zonas de Oportunidad que ofrecen incentivos adicionales para atraer a inversionistas. En Estados Unidos, los estados solo pueden designar como Zona de Oportunidad el 25% de los territorios que se consideran de bajos ingresos. En Puerto Rico, por una excepción del Congreso, casi el 98% del territorio fue declarado Zona de Oportunidad, incluyendo a Vieques, Culebra e Isla de Mona.

Sobre las Zonas de Oportunidad, Vázquez dijo en el debate que “son un instrumento económico que permitirá que entre más dinero a la economía nuestra y la economía crezca”.

Pero nadie puede asegurar que eso será así.

El Departamento del Tesoro Federal estima que las exenciones de las Zonas de Oportunidad tendrán un costo al erario de $1.6 mil millones entre 2018 y 2027. Hasta ahora, la experiencia en Estados Unidos apunta a que las Zonas de Oportunidad benefician principalmente a los ricos y a la industria de Bienes Raíces. Incluso a empresas cercanas al presidente Trump. Algunos proyectos que se han beneficiado de las Zonas de Oportunidad por vía de la ley federal en Puerto Rico, como un Hotel Boutique en el Viejo San Juan, ya estaban en proceso de desarrollo antes de recibir las exenciones contributivas. Por lo tanto, las Zonas de Oportunidad no necesariamente promueven inversión nueva, sino que pueden beneficiar a proyectos que de todas formas se hubiesen desarrollado sin esa exención contributiva. Además, estudios indican que las Zonas de Oportunidad fomentan la gentrificación.

Puerto Rico ya cuenta con una ley de Zonas de Oportunidad firmada el 14 de mayo de 2019 durante la administración de Ricardo Rosselló. Pero la ley no ha entrado en vigor porque todavía no cuenta con un reglamento aprobado.

Para que “todo nuevo proyecto privado” pueda cualificar bajo Zona de Oportunidad cada empresa tendría que registrar un “Fondo de Oportunidad” o participar de uno existente y solicitar un decreto al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), según los parámetros actuales federales y de la ley local que no ha entrado en vigor. En la propuesta de Proyecto Dignidad no queda claro si la cualificación de todo nuevo proyecto privado de construcción de “vivienda resiliente y de bajo costo” sería automática o a petición de la empresa, en cuyo caso la empresa tendría que establecer un fondo de inversión y solicitar un decreto.

Tampoco indica cuántos empleos se deben generar bajo esta propuesta ni estima cuánto dinero en inversión versus pérdidas en contribuciones habría. Igualmente, se omite cómo se fiscalizará a las empresas que reciban estos beneficios.

La propuesta de Vázquez para que desarrollos que cualifiquen para Zona de Oportunidad sean declarados como “Proyectos Críticos” bajo la ley PROMESA no sería viable, según la política expresada hasta la fecha por la Junta de Control Fiscal.

En diciembre del año pasado, la Junta declaró que las exenciones contributivas que el Gobierno de Puerto Rico se propone ofrecer a inversionistas a través de la ley de Zonas de Oportunidad “podrían no cumplir” con el Plan Fiscal, debido a que los créditos contributivos de hasta 25% y exenciones en el pago de patentes municipales “podría resultar onerosa a los municipios”.

La designación de proyectos prioritarios en Zonas de Oportunidad también fue cuestionada por la Junta porque podrían confligir con la lista de “proyectos prioritarios” para infraestructura crítica que establece el Título V de la ley PROMESA.

Debido a que la viabilidad de la afirmación de Vázquez no fue sustentada en el debate ni en su programa de gobierno , se califica de “Insostenible”.