El Representante Luis Vega Ramos y el candidato a representante por acumulación, Gabriel López Arrieta, denunciaron hoy que la comisionada residente Jenniffer González Colón ha recibido un total de $37,732.00 de fondos de campaña política, procedentes de  cabilderos, asesores y suplidores de la Junta de Supervisión Fiscal y de la Autoridad de Energía Eléctrica. Estos señalaron que dicha situación le inhabilita para fiscalizar el organismo creado por el Congreso y todos los pormenores de las transacciones que se discuten sobre el futuro de la corporación pública.

En una conferencia de prensa en la sede del PPD, los líderes populares revelaron los detalles de los ingresos del comité de González emitidos por la Comisión Federal de Elecciones y por la entidad Center for Resposive Politics, una organización sin fines de lucro que se dedica a fiscalizar los ingresos y gastos de los miembros del Congreso y los aspirantes a la Presidencia de los Estados Unidos.

“Ya sabemos que al igual que Pedro Pierluisi, las lealtades de Jenniffer González también caducan. Dijo que defendería los empleos, pero ahora resulta, que los principales contribuyentes de su campaña son los asesores de la Junta de Supervisión Fiscal y los proponentes de la privatización de la AEE que traerá el despido de trabajadores a la misma vez que se reparten contratos millonarios en esa corporación pública.”, expresó Vega Ramos.

Según los datos oficiales, la actual comisionada residente recibió $2,700.00 de José Carrión III, presidente saliente de la Junta de Supervisión Fiscal, excuñado de Pedro Pierluisi, y miembro del Comité Latinos for Trump, el cual González Colón co-preside. Asimismo, Jenniffer González recibió $1,000.00 de Martin Bienenstock, director de la división de asuntos gubernamentales y quiebras y socio de la firma Proskauer Rose LLP, uno de los bufetes de abogados que representan a la Junta de Supervisión Fiscal en el proceso de quiebras de la isla, incluyendo, la quiebra de la AEE. 

Además, González recibió un total de $30,800.00 de la firma Essential Insurance y su presidente Marc Tacher, que es la corredora de seguros de la AEE y cuyos contratos millonarios no revelan la cuantía exacta anual, toda vez que su mecanismo de cobro, es a través de por cientos de pólizas que no divulgan.

Asimismo, los informes de ingresos reflejan que la campaña de González recibió otros $14,232.00 procedentes de la firma King & Spalding, firma de asesoría legal de la AEE y cuyo cabildero principal, Steve Kupka, se vio envuelto en un escándalo de conflictos de intereses ya que mientras asesoraba a la AEE, era cabildero de una firma que buscaba un contrato de gasificación de las Unidades 5 y 6 de San Juan de más de $1,500 millones. El contrato se gestionó a través de la empresa matriz de NFE, Fortress Investment Group.

Los informes de ingresos electorales revelan que la comisionada residente recibió otros $2,000.00 de la empresa AES administradores de la planta de carbón en Guayama; otros $2,700.00 de Justin Peterson, gerente general de DCI Group quien fuera nombrado a la Junta de Supervisión Fiscal y otros $1,000.00 del Comité de Acción Política de DCI, empresa que representa a bonistas generales y quienes promueven la privatización de la AEE.

Los líderes del PPD expresaron que el donativo del asesor legal de la Junta de Supervisión Fiscal a González levanta un serio problema de conflicto toda vez que la comisionada, como miembro de las comisiones congresionales que atienden los asuntos de Puerto Rico, tiene el deber de fiscalizar los trabajos de la Junta. 

“Ya se público que en la planilla del 2018, Pierluisi como abogado de la Junta, reportó ingresos por $634,019 en sueldos y comisiones. Eso representa un aumento sustancial frente a los $367,462 reportados en su planilla del año anterior. Sin embargo, Pierluisi no ha publicado su plantilla para el 2019, año en que “liquidó” su participación en el bufete de la Junta. ¿A cuánto ascendió dicha liquidación?  ¿Cómo un abogado que apenas regresaba a la práctica privada 2 años antes, tras ser comisionado residente por 8, puede agenciarse una liquidación que es tan escandalosa, que no quiere hacer pública la plantilla donde la reporta? ¿Acaso no es una “bonificación” de la Junta, vía el bufete, y así lo liberan para correr a tiempo completo a la gobernación? A Jenniffer González le han levantado sobre $37 mil para su campaña y a Pierluisi le han dado una liquidación probablemente millonaria por sus servicios a la Junta”, acotó Vega Ramos.

“Mientras el país está molesto por los incrementos proyectados en los costos de la energía, las negociaciones a espaldas del pueblo, la comisionada residente guarda silencio porque los tentáculos del PNP llegan hasta en esos contratistas y cabilderos, que ya sabemos, le han llenado las arcas de aportaciones económicas a su campaña. Ya sabíamos que Pierluisi es el abogado de la Junta y de la planta de AES; ahora también sabemos que Jennnifer es la cabildera de la Junta y los privatizadores. Esa es la dupleta del PNP. El abogado y la cabildera de la Junta y los privatizadores”, expreso por su parte López Arrieta.

Los dirigentes populares adelantaron que hay información adicional sobre los vínculos de González y otras firmas de cabilderos, así como de grupos de intereses económicos los cuales estarán denunciando oportunamente, lo que demuestra que la comisionada residente tiene innumerables conflictos con sus allegados.

“Ya sabemos que Jenniffer González se la pasa viajando en medio de las crisis, falta a las votaciones, vota en contra para prohibir el discrimen, se niega a prohibir el uso de las fuerzas militares contra los hermanos inmigrantes y ahora, inunda sus cuentas bancarias de su campaña con dinero de asesores de la Junta y de cabilderos, suplidores y proponentes de la privatización de la AEE. No hay duda, igual que Pierluisi, las lealtades de Jenniffer están comprometidas y caducan según convenga.”, expresó finalmente Vega Ramos, quien aspira al Senado por acumulación.