Por Luis J. Valentín Ortiz | Centro de Periodismo Investigativo

Era la mañana del 18 de noviembre cuando la jueza Laura Taylor Swain preguntó varias veces si había llegado alguien a las oficinas de Piloto 151 en Hato Rey para participar de la vista. Una decena de personas con mascarillas esperaba afuera, pero la funcionaria del tribunal federal en Puerto Rico que estaba allí le dijo a la jueza que no había llegado nadie. A la gente, la enviaron de vuelta a su casa.

Carmen López salió furiosa con el abogado que la atendió allí y con el Gobierno de Puerto Rico que, según reclama, le debe dinero. Trabajó como directora de una escuela pública y asegura que el Departamento de Educación nunca le pagó los aumentos salariales que debió recibir desde, por lo menos, la década de los 80.

En junio de 2018, Carmen reclamó este dinero como parte del caso federal de quiebra de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA. Dos años y medio más tarde, recibió una convocatoria para ir a una vista del caso, a la que acudió el 18 de noviembre pasado porque quería conocer el estatus de la reclamación.

“Fue una improvisación, una falta de respeto, una pérdida de tiempo. Y llegar aquí y que no se hiciera nada, lamentablemente esto no era”, dijo mientras peleaba con la idea de haber llegado hasta allí para nada. La única información que obtuvo, dijo, fue un número de teléfono que ya se sabía de memoria. “Entonces los que vinieron de sitios lejos, de otros municipios más lejos que yo que vengo de Gurabo, [les dicen]: ‘Ah, no, no, no… que te tienes que ir a tu casa’. ¿Que te tienes que ir? ¿Qué es esto?”, agregó.

Más de 170,000 reclamaciones de dinero fueron radicadas en la quiebra, de las cuales casi 53,000 estaban relacionadas a salarios de empleados públicos, como la de Carmen, según los documentos en el expediente judicial. Alrededor de 43,000 eran por pensiones. O sea, más de la mitad de las reclamaciones vinieron de empleados y pensionados del Gobierno.

En el pasado año y medio, se han rechazado y eliminado del proceso más de 60,000 de estas reclamaciones, en su mayoría por deficiencias técnicas (como identificar incorrectamente a la agencia de Gobierno deudora, por ejemplo) o por no proveer suficiente evidencia. Otras 15,000 pasaron a manos de varias agencias de Gobierno, donde están pendientes de resolución en un proceso administrativo del que se tienen pocos detalles.

Los abogados de la Junta de Control Fiscal y el Gobierno le pidieron a Carmen documentos e información adicional para respaldar su reclamo. “¿Cómo vamos a conseguir la evidencia si el Departamento [de Educación] no está funcionando?”, cuestionó. El proceso de atender estas reclamaciones transcurre en medio de la pandemia del coronavirus, y antes de eso, durante los terremotos de principio de año.

“Esa es la molestia que yo tengo: hay un sistema de información. Pongan a trabajar ese sistema de información, busquen qué es lo que nos deben y que nos paguen, porque esto es una pérdida de tiempo”, dijo.

En ese momento, Carmen desconocía que seis reclamaciones distintas, todas bajo su nombre, habían sido rechazadas hace meses por falta de evidencia, según un registro que reúne información de las reclamaciones radicadas en la quiebra.

Así es como miles de puertorriqueños navegan la bancarrota gubernamental más grande en la historia de Estados Unidos: a ciegas, en inglés y sin abogados.

Para ellos la procesión comenzó hace dos años y medio, con una fila interminable.

Las filas

La fila que se formó aquel 28 de junio de 2018 comenzaba en el puesto de seguridad de la entrada del tribunal federal en Hato Rey y seguía por la acera de la Avenida Chardón. Un video en Facebook muestra a un periodista recorriendo esta fila, mientras dice que se trata de servidores públicos reclamando salarios que le prometieron pero que nunca llegaron, que llevan una hora en fila, que tiene que ver con la ley PROMESA.

Ese día era la fecha límite para reclamar en el caso de quiebra de Puerto Rico. La escena era similar en los otros centros de entrega que se establecieron en San Juan, Caguas, Añasco y Ponce: filas larguísimas de personas mayores de 60 años, muchos sin saber qué tenían que hacer con sus papeles.

“En el caso mío fue en Caguas […] atropellado. Ahí nos mojamos y cogimos sol”, recordó Carmen. Decidió reclamar luego de escuchar rumores de una deuda que el Gobierno tenía con algunos empleados públicos desde hace décadas. Varios de sus compañeros le dijeron que ella podía ser una de esas personas, así que hizo la fila y presentó su reclamación en el caso de quiebra.

Las deudas corresponden a leyes firmadas hace décadas y que otorgaban mayormente aumentos salariales que, según muchos, nunca se materializaron. Por ejemplo, está el Romerazo, una ley de 1979, firmada por el entonces gobernador Carlos Romeró Barceló, que cambió las escalas salariales para empleados públicos lo que significó un aumento en el cheque de sueldo para muchos. También está la Ley 96 del 2002, de la exgobernadora Sila María Calderón, que otorgó un aumento mensual de 100 dólares a los empleados públicos.

Al reclamar estas deudas en el caso de Título III de PROMESA, miles de exempleados públicos como Carmen pasaron a ser acreedores del Gobierno. La palabra acreedor viene del latín credere, que significa prestar. Lo primero que viene a la mente en el caso de Puerto Rico es Wall Street y los fondos de inversión que compraron bonos de la isla.

Pero un acreedor es todo aquel al que el Gobierno le deba dinero y esto incluye también a personas que reclaman reintegros contributivos, demandas civiles, servicios prestados, pensiones o salarios. La abogada Jessica Méndez Colberg les llama acreedores sociales: empleados públicos, pensionados y personas que vienen de sectores vulnerables y que carecen de recursos para contratar abogados que les asistan en un proceso lleno de fechas límites, en inglés y con reglas de estricto cumplimiento.

“Eran filas larguísimas de personas de edad avanzada, muchos de ellos retirados de cualquiera de las agencias”, dijo Méndez Colberg, quien vio la fila que se formó en Ponce, pues el centro de entrega estaba justo detrás de su oficina.

“Ver esa fila de personas que ni siquiera entienden realmente qué va a pasar con ese documento que están presentando, bajo el sol, haciendo estas filas, pues duele en el corazón”, añadió la abogada.

Explicó que luego de radicar sus reclamaciones, estas personas comenzaron a recibir cartas desde el tribunal con todo lo relacionado al caso y, en algunas ocasiones, a sus reclamos.

Las cartas

Mariluz Collazo hizo su fila en Ponce y unos meses después, recibió por correo un manual voluminoso con información de su reclamación y el mismo número de teléfono que ya Carmen sabe de memoria: el que aparece en las cartas para obtener asistencia en el caso.

“Tengo en mi casa una cajita llena de todos los documentos que nos envían”, dijo Mariluz, una maestra retirada de Patillas que reclamó aumentos de salario otorgados bajo la Ley 96 de la exgobernadora Calderón que le dejaron de pagar.

La comunicación en el caso de quiebra ocurre mediante cartas que envía Prime Clerk, una compañía de Estados Unidos que opera como mensajero del tribunal federal. Con lenguaje técnico y legalista, en ocasiones notifican fechas límites, audiencias y decisiones de la jueza, otras veces exigen algún tipo de acción en respuesta.

Mariluz se refiere a ellas como “sentencias” y la cantidad de cartas que ha recibido la ha llevado a pensar que su reclamación va por buen camino. Cómo gastan tanto dinero en papel para nada, piensa.

Pero las cartas no siempre traen buenas noticias.

Hace un año, cuando en el país se sentían cientos de temblores de tierra, miles de acreedores sociales recibieron una notificación de que sus reclamaciones habían sido objetadas por los abogados de la Junta y del Gobierno. Se les exigió entregar más información y evidencia que apoyara sus reclamos, o de lo contrario quedarían rechazadas por el tribunal.

Estas notificaciones continuaron llegando por correo durante el pasado año, mientras el país enfrentaba una pandemia. Hasta el momento, más de 100,000 reclamaciones han sido objetadas por duplicadas, porque se hicieron contra el deudor incorrecto, porque fueron satisfechas, porque la deuda no existe o porque no hay evidencia suficiente, entre otras razones.

En el caso de Mariluz, el rechazo fue por deficiente, ya que no proveyó “fundamentos ni la documentación de respaldo” para reclamar con el Gobierno. Tenía hasta enero de 2020 para proveer más evidencia o su reclamación sería cancelada. Mariluz contó que una de sus excompañeras, quien también recibió esta notificación, llamó a los abogados de la Junta para pedir ayuda con el proceso.

“Habló con [uno de] ellos y entonces ella le dice: ‘¿Usted cree que vale la pena hacer todo este ejercicio de las cartas?’ Él le dijo, ‘Doñita, haga lo que yo le digo, escriba lo que le digo. Ese dinero está’. Y ahí es que nos emocionamos. Ella se lo dijo a otra maestra, la otra maestra me llama a mí, y ahí fue que hicimos las cartas”, relató.

Mariluz escribió entonces una carta igual a la de su amiga, contestando la objeción de la Junta a su reclamación. Incluyó información de sus 31 años de servicio público, identificó una deuda de 75,000 dólares por virtud de la Ley 96 de 2002 y envió su carta antes de la fecha límite.

“Cuando me lo dijeron a mí, yo no la pude hacer a maquinilla ni nada decentito. Escribí la carta a mano, y lo tuve que hacer tres veces”, dijo sobre las dos copias que hizo a mano para los abogados de la Junta en Nueva York y Puerto Rico.

En el expediente del caso de quiebra hay cientos de cartas como la de Mariluz. Muchas están escritas a mano, acompañadas de certificaciones de empleo, cartas de supervisores dando fe de su trabajo, planillas contributivas y todo tipo de evidencia de exempleados del Gobierno.

Meses después de la fecha límite para enviar evidencia, el tribunal todavía recibe cartas de retirados con información y documentos relacionados a reclamaciones que, en algunos casos, ya fueron canceladas.

No todos respondieron a la notificación de que sus reclamaciones habían sido impugnadas. Casos como el de Mariluz y su amiga, que no aceptaron el rechazo inicial, son una minoría. Por ejemplo, entre diciembre del 2019 y julio del 2020 la Junta objetó casi 91,000 reclamaciones. De esta cantidad, hubo respuesta solo para unas 4,000, poco más del 4 por ciento.

La abogada Méndez Colberg entiende que muchas personas no han podido defenderse en este proceso al no contar con representación legal. “Simplemente se te puede pasar un término”, dijo.

También hay personas que reclamaron, pero que nunca recibieron la notificación por correo, ya que al menos 3,000 reclamaciones tuvieron problemas con la dirección postal, según documentos del caso. Estas reclamaciones fueron rechazadas y eliminadas del proceso.

Una vez la Junta pide cancelar una reclamación, la jueza Swain tiene la última palabra. Hasta ahora, el tribunal ha dado paso a las objeciones de la Junta, rechazando más de 60,000 reclamaciones.

Luego de algunos retrasos en el calendario debido a la pandemia, la jueza Swain comenzó el pasado año el proceso de atender y rechazar decenas de miles de reclamaciones, en ocasiones durante vistas como a la que asistió Carmen López.

Una solicitud de reacción a la Junta no fue atendida al cierre de esta edición.

Vistas “satélite”

Félix Vega no sabe mucho inglés. Su esposa, Leticia Flores, es quien lo ayuda con su reclamación. Cuando confirmaron su participación en la vista del 18 de noviembre indicaron que necesitaban un intérprete.

El tribunal federal permanece cerrado debido a la pandemia. Las vistas de este último año se han hecho de manera remota, por videoconferencia, con la jueza y la mayoría de los abogados participando por teléfono desde Nueva York.

La vista del 18 de noviembre fue aún más distinta. Estaba en agenda para ese día atender reclamaciones de acreedores sociales. Así que se alquilaron varios cuartos privados en las oficinas de Piloto 151 en Hato Rey para llevar a cabo estas audiencias “satélite”, o de manera remota. La idea era que los residentes de Puerto Rico tuvieran un lugar desde donde participar del proceso y hablar con Swain, de ser necesario.

Pero ni Carmen, ni Félix, ni ninguna de las personas que llegó hasta aquellas oficinas pudo hablar con la jueza ya que, según el personal que los atendió, ninguno estaba supuesto a participar ese día.

“No estábamos en la lista de las personas que citaron”, dijo Leticia, luego de salir junto a su esposo del edificio de Hato Rey. Hubo un “error de comunicación”, pensó.

Ángel Marrero, un maestro retirado, también llegó hasta allí aquella mañana luego de recibir la misma carta que recibieron el esposo de Leticia y Carmen. “Se nos dijo […] que esto es por etapas. Hoy le correspondía a los de la etapa A. Yo, por ejemplo, estoy en la etapa B. Quiere decir que no me tocaba”, dijo, convencido de que había sido él quien cometió un error.

Poco más de 200 reclamaciones han sido designadas para discutirse en el tribunal, menos del 1 por ciento del total de reclamaciones objetadas por la Junta. Hasta el momento se han llevado a cabo cuatro vistas satélite (29 de octubre, 18 y 20 de noviembre, y el 14 de enero).

La reconciliación

Paralelo a las vistas con Swain, más de 15,000 reclamaciones han sido canalizadas a las agencias de Gobierno, a través de un proceso administrativo llamado “reconciliación de reclamaciones”. Es la etapa B a la que hizo referencia Ángel Marrero.

La Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) explicó en declaraciones escritas al Centro de Periodismo Investigativo (CPI) que una vez los abogados de la Junta designan reclamaciones a este proceso, “la entidad gubernamental evalúa y realiza una determinación inicial, la cual es objeto de apelación”.

Si la determinación fuese que procede algún pago a favor del reclamante, los pagos se harán según lo que dicte el tribunal “o en la forma que fueran acordados con el reclamante, según sea el caso”. Una vez esto ocurra, la reclamación se actualizará como resuelta.

Hasta el momento, solo se han resuelto poco más de 3,000 de estos casos, mientras que el resto permanece pendiente de resolución, en medio de la pandemia, en agencias como el Departamento de Educación y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR), entre otras.

“En términos numéricos, la mayoría de las reclamaciones que se han sometido al procedimiento son aquellas relacionadas a pensiones, las cuales maneja la Administración de Sistemas de Retiro, en coordinación con AAFAF y en consulta con la JSF”, indicó la agencia fiscal. Añadió que la ASR “tuvo que solicitar información adicional de los reclamantes para poder atender e identificar el proceso administrativo adecuado para estas”.

Peticiones de entrevista a la ASR y al Departamento de Educación, las agencias con más casos pendientes según muestra un informe del pasado mes de diciembre, no fueron atendidas al cierre de esta edición. El CPI se comunicó con la Junta de Control Fiscal, pero tampoco concedieron una entrevista para explicar y dar detalles del proceso.

Al igual que Ángel, Mariluz Collazo está en la lista B. Luego de enviar su carta a principios de año, su reclamación pasó al proceso administrativo de reconciliación que se lleva a cabo en las agencias. Pero más allá de la notificación de que su reclamación estaba en este proceso, no ha recibido ninguna otra información y desconoce qué tiene que hacer para mantener vivo su reclamo.

“Yo siento que lo que hacen es que lo alargan para que la gente se desanime”, dijo Mariluz. Esta etapa representa para ella y miles de personas la última opción de cobro en el caso de quiebra y su resolución está en manos de las mismas agencias de Gobierno que han tardado décadas en reconocer y pagar estas deudas.

En el caso del esposo de Leticia, Félix Vega, su reclamación está en otra lista que incluye
las reclamaciones que serán canceladas y quedarán fuera del caso de quiebra, con el visto bueno de la jueza. Hasta enero de 2021, eran más de 60,000.

Dos años y medio después de aquellas filas larguísimas bajo el sol, la quiebra continúa siendo una odisea para miles de acreedores sociales. “Muchos de mis compañeros, empleados de Gobierno que son mayores que yo, con condiciones, a lo mejor se mueren y nunca supieron. ¿Entiendes?”, se preguntó Mariluz.

“Algunas veces pienso que eso no lo vamos a ver, […] que esto se va a quedar en papeles”, añadió.

Aun así, Mariluz hace el intento. Según ella, los que están en su mismo bote se ayudan entre sí. Con un poco más de optimismo, aseguró: “Eso fue lo bonito de cuando llegaron las cartas. Todo el mundo empezó a llamar. Por ejemplo, había gente que me llamaba a mí y yo llamaba a otra persona. […] El ser humano es solidario y creo que nosotros hemos sido solidarios en este revolú”.

Primera entrega de la serie Cartas de la quiebra.

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Gráficas:
Las reclamaciones objetadas

En manos de las agencias