En un esfuerzo por evitar conflictos de intereses por parte de los recién electos delegados congresionales, el representante del Distrito 20, Kebin Maldonado Martiz, presentó un proyecto de ley en unión con el representante Edgardo Feliciano Sánchez para que los recién electos funcionarios se vean obligados a someter informes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

“La transparencia debe ser un elemento primordial en el servicio público y la Ley 167-2020 no establece los mecanismos necesarios para fiscalizar a estos funcionarios electos. Con la radicación de este Proyecto de la Cámara nos aseguramos de darle a los delegados congresionales el mismo trato que a todos los funcionarios electos que representan al Gobierno de Puerto Rico”, manifestó el también presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales, Estatus y Veterano.

Maldonado Martiz, explicó que su mayor preocupación es que actualmente estos delegados no son fiscalizados por nadie.

“Estos cabilderos estarán ejerciendo una función pública y no pueden hacer negocios privados o gestiones que, de alguna manera u otra, den la impresión de que están usando su posición pública para impulsar sus intereses privados”, señaló.

“Nuestra mayor prioridad es atender este asunto inmediatamente, ya que la ley 167 es ambigua y no atiende con seriedad ni transparencia temas tan importantes como el cumplimiento de los cánones de ética y cuánto devengarán los delegados. Además, no establece si el funcionario puede trabajar u ofrecer otros servicios profesionales”, expresó Maldonado Martiz.