10 de mayo de 2024 – La Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ha expresado reiteradamente que la Junta de Gobierno UPR ha estado subyugada a los designios de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y que nunca ha querido defender la validez del presupuesto que por ley tiene asignado el primer centro docente del país.

Si bien es cierto que es necesario cuestionar la legitimidad y las actuaciones de la JSF, la situación actual se debe, en gran parte, a las decisiones tomadas por la Junta de Gobierno UPR en menoscabo de los mejores intereses institucionales. Lo que hoy está recibiendo la Junta de Gobierno UPR y la administración universitaria es el fruto de aquello que ellos mismos sembraron en detrimento de la institución. Este es el fruto amargo de la irresponsabilidad de no defender el presupuesto ni la misión institucional de la UPR.

Sin embargo, reconocemos el esfuerzo del CPA Ricardo Dalmau, que lamentablemente resulta tardío, ya que no podemos obviar las múltiples ocasiones en que la Junta de Retiro UPR y todas las organizaciones universitarias llevamos ante la consideración de funcionarios de la administración a nuestros peritos explicando los efectos detrimentales sobre la institución, de las políticas de recortes presupuestarios y cambios innecesarios a los beneficios de nuestro fideicomiso de pensiones. Ante esta realidad, la carta que recibimos en la comunidad universitaria parece constituir una petición de limosna al solicitar un presupuesto menor a lo que se supone que tenga el centro docente del país.

En lo que respecta a las aportaciones al Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR, estas personas tienen una obligación de ley que están queriendo rehuir y su comportamiento es reincidente en menoscabar el Fideicomiso del Sistema de Retiro UPR, al igual que lo hacen con la Universidad.  Precisamente por eso, desde el inicio de este año, han recibido decisiones de magistrados federales y estatales que cuestionan el proceder de la administración universitaria, las cuales han sido también guiadas por AFAAF como ente de gobierno. Todo su proceder ha sido en detrimento de la institución y ha propiciado esta quiebra silente de la universidad de la cual ellos son responsables.

Si de verdad existe la voluntad de enfrentar a la Junta de Supervisión Fiscal y defender el presupuesto, la institucionalidad y el futuro de la UPR, les instamos a convocar a todas las organizaciones y a toda la comunidad universitaria en defensa de la Universidad de Puerto Rico.  Pero este esfuerzo tiene que ser uno de pie y de frente con la convicción de que nos asiste la razón y de que existe una ley universitaria vigente Ley Núm. 2 de 20 de Enero de 1966, Ley de Asignación de Fondos a la Universidad de Puerto Rico, que asigna un presupuesto estable para la institución. Debe ser con un argumento firme sobre la importancia que tiene esta institución para el país y su futuro y no como el discurso trillado e hipócrita de la Junta de Supervisión Fiscal de que reconoce y valora a la UPR, mientras la hunde en su zozobra.

En el ejercicio de nuestro deber de fiducia, la Junta de Retiro UPR continuará defendiendo el derecho a una vejez digna y al recibo de una pensión por la cual todos los participantes activos y jubilados hemos pagado dentro de ese compromiso legal.

Miembros de la Junta de Gobierno y presidente Luis A. Ferrao: les responsabilizamos por lo que suceda de ahora en adelante con la UPR. Hace falta actuar con entereza y valentía en la defensa de nuestra universidad. Si no están a la altura de lo que requieren los tiempos, les insto a que renuncien y dejen el espacio a gente que sí quiera trabajar por una universidad de futuro.

Foto: UPR