El representante del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Vega Ramos informó el lunes, que refirió a la Agencia Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) una querella para que se inicie una investigación sobre un supuesto uso de corporaciones fantasmas para financiar la campaña a la gobernación de Pedro Pierluisi.

Según Vega Ramos, un PAC dirigido por “un admitido amigo de Pedro Pierluisi, Joey Fuentes”, supuestamente recibió 250,000 dólares de corporaciones fantasmas organizadas como parte de un esquema para violar la ley federal que exige que los donantes a comités políticos sean identificados.

“Este esquema causó que el PAC emitiera informes falsos a la Federal Elections Commission, lo cual seria delito federal tanto para el que radica el informe a sabiendas, como para el que provee la información. Los aliados de Pierluisi y el PNP crearon un esquema para esconder donativos ilegales que exceden las cantidades establecidas por ley. Por eso hemos radicado una querella ante el FBI detallando los delitos federales cometidos por estas personas en su esquema de corporaciones fantasmas y donativos en violación de la ley. Tenemos una larga lista de casos similares que han concluido en acusaciones federales para los involucrados”, expresó Vega Ramos en declaraciones escritas.

Mencionó que, previamente se había radicado una querella por Jorge Dávila, director de Campaña de la gobernadora Wanda Vázquez Garced contra este PAC. El PAC originalmente era conocido como PRP (las iniciales de Pedro R. Pierluisi) y recibió donativos de familiares de Pierluisi pero su nombre fue cambiado posteriormente para esconder su afiliación. El PAC estuvo durmiente hasta que fue activado para recibir dos donativos de entidades creadas ilegalmente con el claro propósito de esconder la procedencia de los fondos.

“Exigimos que se continúe la paralización de las actividades de el llamado PAC “Salvemos a Puerto Rico”. El Contralor Electoral tiene jurisdicción ya que el dinero lavado se está utilizando para influenciar elecciones en Puerto Rico. De igual forma, exigimos que se hagan públicas las identidades de los donantes a este PAC que utilizaron las entidades fantasmas para esconderse. Reclamamos que se detenga este esquema ilegal de inmediato y se investigue a los responsables”, sentenció Vega Ramos.

Vega Ramos señaló que el Departamento de Estado de Puerto Rico determinó que las corporaciones sin fines de lucro Fundación Pro Igualdad, Inc. y Foundation For Progress, Inc., que donaron 250,000 dólares al Súper Pac Salvemos a Puerto Rico, que hace campaña a favor de Pedro Pierluisi fueron inscritas sin cumplir con los requisitos de la Ley General de Corporaciones por lo que son nulas. Ambas corporaciones aparecen como canceladas desde el pasado 4 de agosto a las 7:49 de la noche, según el Registro de Corporaciones en línea de esa agencia.

Explicó que el Súper PAC recibió el 25 de junio pasado dos transferencias que sumaban 250,000 dólares provenientes de estas dos corporaciones sin fines de lucro fantasmas que habían sido registradas el mismo día, con minutos de diferencia, con la misma dirección postal y sin nombre de algún agente residente, según se refleja en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado.

“El esquema corrupto es obvio. En el récord de las entidades, hay solo dos correos electrónicos con el nombre de cada organización y dos números de teléfonos. El teléfono que aparece para Foundation For Progress, estaba a nombre de un Wendy’s en Carolina, y no funciona. Mientras que el teléfono para la Fundación Pro Igualdad, Inc. nadie lo contesta”, recordó el también candidato a Senador por Acumulación por el PPD.

“Los que han donado o pretendan donar a sabiendas de este esquema serian cómplices de una conspiración para volar leyes federales sobre las aportaciones a campañas políticas y se exponen a ser procesados criminalmente. Igualmente, los apercibimos de que borrar mensajes o destruir evidencia es obstrucción a la justicia. A los que fueron engañados y donaron pensando que esto fue un PAC legítimo, y cumplidor de la ley, les sugiero cooperar con las autoridades.  Aún están a tiempo de acudir a las agencias federales y cooperar para no ser considerados cómplices bajo el 18 USC §2. Y les advierto a los autores del esquema que comunicarse para coordinar historias con los donantes es obstrucción a la justicia.”, concluyó.