Abogados de la sociedad de asistencia Legal se quejaron de la nueva cuarentena impuesta por la Administración de Corrección en la Unidad 1079 de la Cárcel de Bayamón y el Centro de Tratamiento para Menores en Ponce.

Manuel Mayo, dirigente de los abogados que prestan asistencia legal a los confinados dijo que luego de que personal civil de ambas instituciones arrojaron positivo de COVID-19 los letrados están impedidos de tener acceso directo a sus defendidos.

“Fui a una vista de un confinado de Bayamón que nunca llegó al proceso y nunca se me informó que esto ocurriría”, afirmó Mayo.

“Luego de un tiempo en que la Secretaria, Ana Escobar estuvo dándonos información, ahora volvemos a la misma falta de transparencia que ocurrió en el pasado”, dijo Mayo en una entrevista con el Foro de Puerto Rico.

Mayo recordó que los confinados adultos y los internos menores de edad tienen derecho no solo a que se proteja su vida sino a lograr acceso a una defensa legal adecuada y afirmó que las medidas de aislamiento lo impiden.

La Secretaria Escobar canceló esta semana las visitas familiares en el Centro de Tratamiento Social para Menores luego de que nueve empleados dieron positivo al COVID-19.

“Esto es terrible para la rehabilitación de estos menores”, señaló Mayo .