Organizaciones comunitarias de Peñuelas y Salinas realizaron una protesta frente a la alcaldía salinense ante la intención de la primera mandataria, Karilyn Bonilla Colón, de que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) le otorgue una dispensa para poder depositar cenizas tóxicas de carbón en vertederos de Puerto Rico, así como la ambivalencia de la alcaldesa sobre la remoción de estos desperdicios industriales de las calle de la comunidad Ranchos Guayama. 

En enero del pasado año, Bonilla Colón informó que solicitó una dispensa al DRNA para no cumplir con la Ley 5-2020 y el Reglamento para el Manejo de los Residuos de la Combustión de Carbón, y poder depositar 7,500 toneladas de cenizas, a ser removidas de las calles de la comunidad de Ranchos Guayama, en algún vertedero en Peñuelas, Ponce o Humacao.

“La alcaldesa insiste en solicitar esa dispensa y, aunque ya le advertimos que para Peñuelas no mire, venimos a la alcaldía de Salinas a reafirmar que no vamos a permitir ni una onza más de cenizas en nuestro pueblo”, manifestó José Manuel Díaz Pérez, portavoz del Campamento contra las cenizas en Peñuelas.

El líder comunitario dijo que es una falta de respeto de la alcaldesa de Salinas pretender llevar cenizas otra vez a Peñuelas, luego de la lucha que sostuvieron contra el depósito de los tóxicos de la empresa AES en su pueblo. 

“Nos costó mucho sacrificio, persecución y hasta cerca de 100 arrestos para poder detener el depósito de ese material tóxico y radioactivo en nuestro pueblo. Y ahora Karilyn Bonilla insiste en confabularse con la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega, para obviar la Ley y el Reglamento, y enviar las cenizas a otros pueblos, entre estos Peñuelas. Recordemos que hay 2 millones de toneladas de cenizas enterradas en 14 municipios de Puerto Rico. ¿Qué creen que harán los alcaldes de esos pueblos si encuentran las cenizas, si le permitimos a la alcaldesa de Salinas conseguir esa dispensa? Eso causará un terrible precedente”, expresó Díaz Pérez.

Por su parte, José Cora Collazo, portavoz de Acción Social y Protección Ambiental (ASPA) de Salinas, criticó la ambivalencia de la alcaldesa sobre un asunto tan crítico para la comunidad de Ranchos Guayama.

“Inicialmente, Karilyn Bonilla dijo que habían $8 millones para la reconstrucción de las calles de nuestra comunidad, que sería un proyecto innovador y que como parte de este se removerían las cenizas tóxicas. Luego dijo que no había suficiente dinero para sacar las cenizas y exportarlas fuera del país, como dictamina la ley. A la misma vez afirmó que pidió una dispensa para poder llevarla a los vertederos en Puerto Rico, y finalmente lo que propone es dejarlas en el lugar hasta que llegue la dispensa o el dinero para sacarlas. Es una irresponsable”, comentó José Cora.

El portavoz de Ranchos Guayama también criticó la falta de acción de parte de la Agencia de Protección Ambiental federal (EPA por sus siglas en inglés).

“La EPA está haciendo lo mismo que la alcaldesa, sentada esperando a ver si FEMA o COR3 asignan más fondos. Estas entidades llevan meses sin una respuesta sobre su petición. El 25 de julio del año pasado estuvo en nuestra comunidad el administrador de la EPA, Michael Reagan. Él caminó sobre las cenizas tóxicas, se tiró fotos y constató de la propia gente los problemas de salud que ha causado ese desperdicio. Casi 6 meses después no han hecho nada. Es urgente remover esas cenizas tóxicas para proteger la salud de las personas y los pozos de agua de la comunidad”, aseguró José Cora. 

Ambos líderes coincidieron en señalar que los legisladores y legisladoras del Distrito de Guayama están aliados a la empresa carbonera AES, y por eso no hacen nada por defender la salud y la vida de la gente.

“Es una vergüenza que el gobierno, las agencias, la alcaldesa, la senadora Gretchen Hau, el senador Albert Torres, la representante Estrella Martínez, el representante Luis Ortiz, el llamado Narmito, y el ex alcalde Carlos Rodríguez Mateo, guarden silencio, mientras la AES sigue asesinando personas en Guayama y Salinas, entre otros pueblos, y continúa sin asumir su responsabilidad por el daño causado al país”, finalizó José Cora Collazo.