El acuerdo con los bonistas implica que Puerto Rico tendría un pago fijo anual mayor, desembolsar más dinero en efectivo y pagar por más años que en la propuesta de octubre. De manera, que se mantiene el escenario de la propia Junta de Supervisión Fiscal de que el gobierno se quedará sin efectivo en o antes de 2029 y conllevaría hacer más ajustes fiscales, expresó el analista sénior de Política Pública de Espacios Abiertos, Daniel Santamaría Ots.

El economista explicó que el acuerdo con bonistas (PSA, por sus siglas en inglés) de Obligaciones Generales (GOs) y de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) anunciado por la Junta  (ver tabla comparativa) establece un pago en efectivo inicial de $7,024 millones, si se compara con la propuesta de octubre de pagar $5,983 millones, que representa un incremento de $1,041 millones. En cuanto a la cantidad del pago fijo anual a pagar, hay un aumento de $100 millones. Anteriormente, se contemplaba un pago fijo de $1,050 millones y la nueva propuesta establece que sea de $1,150 millones.

Otra diferencia es que el nuevo acuerdo conlleva un término de tiempo para pagar que es cinco años mayor que el anterior, ya que ahora se dispone que serán 25 años, o sea hasta el año 2046, antes era de 20 años. 

Afirmó que “también se contempla hacer mayor emisión de bonos de obligación general porque en octubre era de $4,980 millones y ahora es de $6,683 millones, una diferencia de $1,703 millones. Con respecto a la nueva emisión de bonos de apreciación de capital, en octubre la propuesta era de cero, lo anunciado ayer establece que será de $730 millones con un valor de vencimiento de $1,066 millones, un aumento de $730 millones”.

Mientras, el límite máximo anual del Instrumento de Valoración Contingente (CVI) relacionado a los recaudos del IVU es también mayor. En octubre era de $50 millones por año y ahora es de $200 millones a $400 millones anuales, un incremento que va de $150 millones a $350 millones por año. Sería también más alto el límite total del CVI. Antes se proponían de $1,000 millones y, en la actualidad, $3,500 millones, que representa una diferencia de $2,500 millones. El plazo del CVI en octubre era de 20 años y el presente acuerdo es de 22 años, dos años adicionales.

Santamaría Ots puntualizó que en febrero de 2020 la Junta propuso pagar $1,472 millones anuales y la propuesta actual—si se activa el CVI porque Puerto Rico supera los recaudos del IVU proyectados en el acuerdo—los contribuyentes de Puerto Rico podrían pagar a los bonistas desde $1,350 millones (si el CVI es de $200 millones) hasta $1,550 millones (el CVI podría ascender hasta $400 millones si se acumulan cantidades no utilizadas de años anteriores).

“Lo que se mantiene constante con este nuevo acuerdo, son las propias proyecciones de la Junta de que en un escenario base, Puerto Rico se quedaría sin dinero para operar el gobierno en o antes del 2029. Eso implica que en los próximos ocho años, se tendrán que hacer más ajustes fiscales para cumplir con el pago de la deuda y poder operar el gobierno”, declaró Santamaría Ots.

“Antes de comprometer al pueblo de Puerto Rico a un pago de deuda por 25 años, urge que la Junta haga desde ahora las nuevas proyecciones macroeconómicas, y que se publique y certifique un  plan fiscal actualizado. Es imperativo que la Junta hable claro sobre los ajustes que en menos de ocho años el gobierno requerirá hacer para dar continuidad a la operación de sus servicios, toda vez que los ahorros proyectados de las reformas estructurales, según la propia Junta, no serán suficientes para cubrir el pago de deuda y la operación gubernamental”, precisó el economista.

Recordó que este escenario base se fundamenta en proyecciones optimistas de obtener $8,976 millones de ahorros en 10 años mediante las reformas estructurales y las proyecciones conservadoras de la contracción de la economía debido a las medidas de austeridad que propone la Junta.