La privatización de los servicios públicos no es la dirección correcta. Llevamos décadas observando a nuestro gobierno privatizar servicios esenciales como: salud, autopistas, acueductos y aeropuertos, entre otros. Recientemente, medios locales informaron sobre propuestas del gobierno para privatizar algunos servicios de agencias como educación y de corporaciones públicas como la autoridad de energía eléctrica (AEE). Preocupa el concepto que se tiene sobre “privatizar” y sus implicaciones  para el pueblo de Puerto Rico. ¿Realmente beneficia la privatización?

Según el economista estadounidense Joseph Stiglitz : “Lo normal es que las empresas privadas competitivas realicen esa tarea más eficazmente. Éste es el argumento a favor de la privatización: la conversión de empresas públicas en privadas.” Precisamente, en nuestra Isla, existe una percepción popular, que la empresa privada es más eficiente que el gobierno. Esto es incorrecto. La empresa privada y el gobierno se componen de puertorriqueños que se gradúan de las mismas universidades. Entonces ¿Por qué unos deben funcionar mejor que otros? Una respuesta simple puede ser supervisión. En la empresa privada, si no produces, no trabajas. En nuestro gobierno existe mucho empleado que trabaja y otros que no producen. Existen los mecanismos para corregir eso, pero el partidismo cohíbe a los supervisores tomar acción. Esto ha creado una cultura organizacional de incompetencia que resulta en pobres servicios y mala administración. 

Ahora bien, el objetivo de la empresa privada es hacer dinero. Si una empresa administra y ofrece servicios públicos, eventualmente aumentará tarifas para que puedan generar ingresos y a su vez ofrecer los servicios al pueblo. Ejemplo de ello, los aumentos que hemos presenciado en los peajes de Metropistas. Por otra parte, se abre la puerta para el despido de personal. Una simple reorganización dejará fuera muchos empleados que no son necesarios. La empresa privada no contrata empleados demás. 

Para un gobernador de turno, el privatizar puede ser una medida atractiva a corto plazo. El gobierno se libera de una responsabilidad administrativa. Posiblemente ahorra en el momento que se da la privatización, porque no tiene que destinar partidas a ese servicio específico. Pero culturalmente, nuestros gobiernos terminan comprometiendo los ahorros en contratos, atornillados u otras partidas. A corto  plazo, parece una medida que resulta beneficiosa para el pueblo, pero a largo plazo esos servicios costarán el triple y causarán un efecto nefasto a la economía.  Ese aumento en el costo de servicios públicos produce inflación y encarece el costo de vida de los puertorriqueños. 

Existen muchos ejemplos históricos que demuestran el error de los gobiernos en dejar en manos privadas algunos servicios públicos. Uno de estos fue Argentina. Durante el mandato de Juan Domingo Perón, el gobierno se vio obligado a recuperar la industria marítima y ferrocarriles, precisamente porque resultaba costoso pagar esos servicios a la empresa privada. 

Los ferrocarriles en Argentina iniciaron en el 1857, como una iniciativa del Estado. Luego fueron privatizados en el 1880 a Ingleses y Franceses. No fue hasta el 1947 que el Gobierno de Argentina tuvo que comprar nuevamente los ferrocarriles, herramienta que utilizó parar bajar los costos de exportación e importación. Esto permitió que Argentina creciera económicamente.

En Puerto Rico podemos reseñar la privatización de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). No funcionó y tuvo que devolverse al gobierno cuando se demostró que la empresa Ondeo no cumplió con las expectativas. Privatización que le costó millones de dólares al pueblo de Puerto Rico. Tampoco debe confundirse la eficiencia con lo costo efectivo, y menos con lo que realmente beneficia al pueblo. Por ello, no debe utilizarse el ejemplo de la telefónica para justificar la privatización, una tecnología que caducó y se convirtió en obsoleta.  

Por otra parte, se pudo presenciar cómo fenómenos naturales demostraron lo frágil que es la empresa privada y la necesidad que existe de tener un gobierno fuerte y eficiente. El huracán María colapsó la Isla en horas. ¿Quién se abrió camino entre escombros? El pueblo. Un vivo ejemplo sobre la teoría del estado de la naturaleza de John Lock. En medio de una crisis las comunidades se reunieron según les dictó la razón porque el gobierno estaba ausente. Por otra parte, los recientes temblores en el sur, colapsaron la empresa privada en la región. Nuevamente, el pueblo se desbordó en ayudas y solidaridad frente a la incapacidad del gobierno en responder con eficiencia. La respuesta del pueblo, es un vivo ejemplo de las palabras del Presidente Ronald Reagan: “… ninguna arma en los arsenales del mundo, es tan formidable como la voluntad y el coraje moral de los hombres y mujeres libres.” 

Existen miles de teorías que justifican la necesidad de los gobiernos. Podemos reseñar a Hobbes, Spinoza, Grocio o el propio Lock, entre otros. Temas ampliamente debatidos por siglos. Lo que no existe es una justificación para privatizar los servicios para el pueblo.  Menos ante el pretexto que en el pasado las cosas se hicieron mal. Reconocemos que nuestro gobierno tiene serios problemas de endeudamiento e infraestructura. Resultado de la falta de compromiso, visión y planificación. A eso se añade el miedo a tomar decisiones por no perder elecciones.  Mentalidad que ha llevado a la quiebra monopolios como la AEE, entre otros. A pesar de nuestras dificultades, la privatización no es la solución. 

La raíz de todo el problema se encuentra en la supervisión.  La cadena de mando, desde el gobernador hasta el obrero. ¿Quién es responsable? Ese es el problema, que no existen responsables. Décadas de malas administraciones sin adjudicar responsabilidad conforme a reglamentos o leyes. Otros confunden la militancia partidista con la eximición de sus responsabilidades como servidores públicos. En algunos casos, obreros intocables porque pertenecen a avanzadas, donaron a legisladores o son comisionados electorales, entre otros. 

Parte de la solución es reforzar la educación e implementar los mecanismos legales que existen, pero no se utilizan. La mediocridad y la incompetencia son injustificables. En cualquier región donde la educación sea eficiente, donde la ética no sea un tema transversal y forme parte integral de sus currículos, producirán una mano de obra responsable. Producirán líderes y administradores capacitados que velarán por los mejores intereses del pueblo. Toda región donde la mala administración pública tenga consecuencias legales, tendrán mejores gobiernos a favor de la gente.

Los gobiernos democráticos y libres existen para servirle a sus constituyentes. Representan a la gente. Están hechos para crear riquezas a favor del pueblo, no para enriquecer a uno pocos privilegiados. Lo único que debe enriquecer un gobierno es la calidad de vida de sus constituyentes. Sus servicios no deben estar en manos privadas, cuyo objetivo es lucrase. Mi llamado es a que pongamos en práctica un gobierno moral y eficiente a favor de los intereses del pueblo de Puerto Rico. Respetemos el buen gobierno y no olvidemos aquellos que murieron por la libertad y la democracia que todos gozamos. No dejemos de herencia a nuestras próximas generaciones gobiernos corruptos, vergonzosos y en manos de la empresa privada. Agradezcamos el sacrificio del pasado, con gobiernos justos, libres y morales. Recordemos el discurso de Gettysburg, las palabras del Presidente Lincoln quien afirmó: “Que resolvamos aquí firmemente, que estos muertos no habrán dado su vida en vano. Que esta nación, Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad. Y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo no desaparecerá de la Tierra.”