La Alianza Puertorriqueña de Telecomunicaciones (APT) radicó ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (Tribunal Supremo) una moción solicitando intervención como amicus curiae (amigo de la corte) en dos casos ante su consideración y cuya determinación podría tener repercusiones nefastas sobre el futuro del servicio de las telecomunicaciones en Puerto Rico. Los casos concernidos son Edwin Martínez Fernández; Alberto L. Ortiz Molina vs. Oficina de Gerencia de Permisos (“OGPe”), caso núm. AC2022-0033 y QMC Telecom, y Rafael Agosto Santiago, Miriam Velázquez Velázquez y Evelyn Rodríguez Santiago vs Oficina de Gerencia de Permisos y QMC Telecom, caso núm. AC2022-0034.  

En ambos casos, el Tribunal de Apelaciones revocó permisos de construcción de facilidades de telecomunicaciones basado en que estos habían sido expedidos al amparo del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios del 2019 y 2020, los cuales se habían declarado nulos por dicho Tribunal. El Tribunal de Apelaciones concluyó que la nulidad de los Reglamentos Conjuntos del 2019 y 2020 provoca necesariamente la nulidad automática y retroactiva de todo permiso expedido bajo cualquiera de éstos. Por lo tanto, de confirmarse esta determinación por el Tribunal Supremo, ello podría resultar en la nulidad automática de alrededor de 90,000 permisos expedidos bajo ambos reglamentos, incluyendo miles de permisos para la construcción y uso de estructuras y facilidades de telecomunicaciones, y en acciones legales para la demolición de toda estructura construida al amparo de permisos expedidos bajo ambos reglamentos. Incluso, al momento en que el Tribunal Supremo expidió el recurso del caso núm. AC2022-0034, un Tribunal ya había ordenado la demolición de una facilidad de telecomunicaciones que estaba en uso. 

Es importante resaltar que la nulidad retroactiva de un permiso de construcción para una facilidad de telecomunicación conllevaría también la nulidad del permiso de uso de la torre, y de todo permiso de co-ubicación de antenas y equipos de transmisión, así como los permisos de construcción de fibra óptica, que conecta la facilidad con la red de telecomunicaciones. 

Según explicó Luis Romero, presidente de la APT, las empresas miembros de dicha organización y otras de la industria han estado durante los pasados 5 años en un proceso de expansión de sus redes, construcción de infraestructura de telecomunicaciones y fortificación de sus facilidades de telecomunicaciones fijas e inalámbricas para asegurar que los sistemas de comunicaciones en la Isla sean capaces de soportar futuros fenómenos atmosféricos.  La mayoría de estos proyectos requirieron permisos de construcción y/o uso, los cuales fueron expedidos por la OGPe al amparo de los Reglamentos Conjuntos del 2019 y 2020.  Incluso, es el Reglamento Conjunto de 2020 bajo el cual aún se expiden todos los permisos hoy en día.   

“Si el Tribunal Supremo decide confirmar la nulidad de todo permiso expedido bajo los Reglamentos Conjuntos del 2019 y 2020, todos los abonados de servicio celular podrían quedarse poco después sin servicio o con un servicio severamente degradado. El impacto a individuos y negocios afectados será severo. Las compañías de telecomunicaciones tendrían que gastar millones de dólares en volver a someter solicitudes de permisos para nueva aprobación y, en el peor de los casos, desinstalar antenas y equipos de transmisión, demoler facilidades y torres de telecomunicaciones y remover toda fibra óptica instalada entre la torre y la oficina central. Además, se estaría enviando un mensaje paralizante al desarrollo económico creado por la incertidumbre sobre la legalidad de los permisos, cuya certeza es imprescindible para la inversión de capital y operación de todo negocio en Puerto Rico.  La legalidad de un acto o la expedición de un permiso al amparo de un reglamento vigente al momento en que se otorgó el acto no debe quedar extinguido por la nulidad posterior de dicho reglamento”, dijo Romero. 

El recurso amicus curiae radicado por la APT tiene el propósito de propiciar un entendimiento más amplio de la controversia. La APT representa a más de una veintena de compañías proveedoras de servicios de telecomunicaciones, compañías constructoras y operadoras de redes de infraestructura de comunicaciones con conocimiento especializado en la gestión y trámite de permisos para uso o construcción de infraestructura de telecomunicaciones.  “Nuestra moción tiene el objetivo de poder presentar al Tribunal Supremo una visión global sobre las consecuencias que su decisión pueda tener sobre nuestra industria, la integridad de sus servicios, los consumidores y la economía de la Isla”, expresó Romero.  Éste añadió que “todos en Puerto Rico sufriríamos alejarnos de ser un país de ley y orden donde se protegen los derechos sobre la propiedad y se incentiva la inversión.  ¿Cómo es posible que se castigue de esta forma al que cumple con la ley?  Estoy confiado en que se decidirá correctamente en este caso”. 

La industria de telecomunicaciones produce poco más de $3,750 millones de dólares anuales, o sea, alrededor del 5.4% del Producto Nacional Bruto (PNB) de Puerto Rico a precios corrientes; y genera cerca de 10,000 empleados directos.  Mientras otros sectores han disminuido su inversión en la economía, la industria de telecomunicaciones ha invertido en Puerto Rico más de $3 billones en capital para infraestructura física y tecnológica en los pasados 5 años.   

“Para que las compañías de telecomunicaciones puedan continuar ofreciendo servicios de telecomunicaciones mejores y más avanzados, es vital que cualquier dictamen que confirme la nulidad de cualquiera de los Reglamentos Conjuntos del 2019 y 2020 no tenga efectos sobre los permisos expedidos al amparo de éstos. La continuidad de los servicios de telecomunicación depende de esto”, aseveró. 

Romero hizo un llamado al gobierno para que, con carácter de urgencia, y en cumplimiento con Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico, agilice el proceso de aprobación de un nuevo Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, con el fin de que se establezcan normas claras y precisas que regulen la construcción y la expedición de permisos en Puerto Rico.  “Está en juego más de $100 millones recientemente autorizados por el gobierno federal para expandir la infraestructura de Internet de banda ancha y la infraestructura inalámbrica en Puerto Rico, más los cientos de millones de dólares adicionales que invierten las empresas privadas de telecomunicaciones.  Si no se resuelve esto pronto, especialmente si se mantiene la nulidad de forma retroactiva, se paralizará la construcción hasta que se resuelva este asunto”, concluyó.