El caso del almacén de suministros de Ponce a raíz de la secuela de sismos en el area sur de la Isla arrojó la determinación del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PPEI) de asignar fiscales especiales para investigar la conducta del excomisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Carlos Acevedo Caballero y otros funcionarios de esa agencia, se informó este jueves en una declaración escrita.

El Panel del FEI estableció que el récord remitido por el Departamento de Justicia, contiene prueba conducente a demostrar que existe causa suficiente para creer que Acevedo y los funcionarios Joel Figueroa Betancourt, Evelyn Cumba Santiago y Luis Cruz Ramírez pudieron haber incurrido en infracciones de ley.

Para la investigación a fondo fueron asignados los fiscales especiales independientes, Manuel Núñez Corrada y Emilio Arill Garcia. Estos, cuentan con 90 dias para presentar los resultados de su pesquisa.

En cuanto a los hechos aludidos, el Panel tuvo ante si dos referidos para atender el mismo asunto. De una parte, el Informe de Justicia basado en Ia querella presentada por el Comisionado del Negociado de Investigaciones Especiales, licenciado Héctor López Sánchez. De otra parte, el Informe de la Comisión Especial de la Cámara de Representantes que investigó el asunto.

En este último, se consignó que en su comparecencia y testimonio en vistas públicas, tanto el comisionado López Sánchez como la —para la fecha— titular de .Justicia, licenciada Denisse Longo Quiñones, habían cometido el delito de perjurio. En esa instancia, el Panel del FEI designó al licenciado Rafael Sánchez Hernández para la investigación preliminar que exige la Ley 2-1988.

En lo concerniente al informe remitido por la Cámara de Representantes, que fue objeto de investigación por parte del licenciado Sánchez Hernández, el Panel — luego de evaluar y justipreciar su informe—, dispuso el archivo de los casos presentados contra estos dos funcionarios.

En el aludido informe se expresa: “No podemos penalizar a un funcionario cuando objeta mediante fundamentos en derecho y privilegio de las Reglas de Evidencia, Ia entrega de documentos o testimonio”, concluyó el fiscal investigador y concurrió el Panel, tras la controversia de si los funcionarios se negaron a entregar la investigación realizada alegando razones de confidencialidad

De otra parte, al acoger la recomendación de Justicia, el Panel no encontró causa suficiente para considerar que el exsecretario de Estado, Elmer Román González, pudiera haber incurrido en conducta delictiva.