El representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón, anunció la radicación en el día de hoy de un proyecto de ley para declarar que toda vacuna de calidad, eficaz, efectiva, accesible y asequible para combatir el COVID-19 sea un bien de salud pública del Pueblo de Puerto Rico. 

“La salud es un derecho humano fundamental y ante el interés apremiante que implica la más efectiva adquisición, manejo y distribución de la vacuna del COVID-19 y el reconocimiento por la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que la función de inmunización extensiva contra este virus es un bien de salud pública mundial, emplazo a la Asamblea Legislativa a aprobar esta ley para garantizar que toda persona que habite nuestra isla tenga acceso libre y gratuito a la vacuna disponible, en igualdad de condiciones y sin ningún tipo de discrimen, en el momento en que la misma esté disponible para su uso en Puerto Rico”, expresó Márquez Lebrón.

La medida, agregó el líder independentista, también busca establecer la política pública del Gobierno de Puerto Rico sobre la adquisición, manejo y distribución de estas vacunas y crearía la Junta Especial de Adquisición, Manejo y Distribución de la Vacuna del COVID-19 que estaría adscrita al Departamento de Salud.

Entre algunas de las responsabilidades y deberes de dicha Junta -que estaría compuesta por funcionarios del Gobierno y representantes de Colegio profesionales- está la de evaluar, determinar y adjudicar la seguridad, calidad, eficacia, accesibilidad y efectividad de toda vacuna disponible en Puerto Rico para combatir el COVID-19, negociar y otorgar toda clase de contratos para comprar, recibir donaciones o adquirir mediante cualquier tipo de negocio jurídico las vacunas de COVID-19 disponibles, establecer centros de vacunación a través de toda la isla y establecer los requisitos y parámetros para determinar las prioridades de distribución, de conformidad con la necesidad de la población.

“Mediante la declaración de las futuras vacunas como un bien de salud pública y, los mecanismos establecidos en la ley, se pone un detende a los que han querido convertir la crisis del COVID-19 en su negocio privado y especulando con la emergencia nacional. Este proyecto, además de un reconocimiento de la importancia de la salud pública, es una garantía para todas las personas que viven en esta isla”, concluyó Márquez Lebrón.