La Cámara de Representantes inició hoy los trabajos de la nueva sesión ordinaria de la Legislatura, tras haber realizado pruebas sobre el COVID-19 a todo su personal y sus legisladores confirmó hoy el presidente del cuerpo Rafael (TATITO) Hernández que espera poder trabajar en legislación que fije pautas estables sobre la pandemia en la Isla.

Hernández dijo que algunos de los trabajos administrativos se realizarán de manera virtual y apuntó que el personal presente físicamente en sus escritorios será aquel indispensable para el manejo del cuerpo en momentos en que el país tiene un 39.99 por ciento de positividad respecto al contagio de COVID-19.

“Vamos a tratar de aprobar legislación que fije una política estable sobre el COVID-19 porque el poder ejecutivo se ha pasado cambiando con órdenes ejecutivas muy frecuentes sobre la pandemia”, dijo el legislador electo por el Partido Popular Democrático.

Hernández dijo que el gobernador Pedro Pierluissi ha manejado la pandemia mediante órdenes ejecutivas frecuentes que se implementan con mucha rapidez y cambian continuamente.

“Creo que hay que establecer legislación para que la gente regrese al trabajo presencial lo antes posible, que retomemos las clases presenciales y que se estimule que la gente trabaje luego de dos años de dependencia respecto a estímulos gubernamentales”, dijo el representante.

Hernández dijo que la sesión iniciada hoy es la última parte de un periodo de 18 meses en que se deben establecer las normas fundamentales sobre las cuales se trabajará en este cuatrienio.

“Después de esta sesión que debe terminar el proceso de crear la zapata para trabajar, lo que se realizarán serán ajustes pero la política pública esencial de este cuatrienio debe terminar de aprobarse ahora”, dijo Hernández.

El legislador anunció que en la sesión se revisarán leyes contributivas, los estatutos de decreto de exención tributaria, legislación para iniciar un proceso de transición ante el fin de la etapa en que la Isla recibió 4 por ciento de contribuciones generadas por industrias foráneas mediante acuerdo con el Congreso Federal.

Hernández anunció que propondrá legislación para que estas industrias reciban un incentivo de diez mil dólares del gobierno por cada empleo que generen y además reconoció que deberá revisarse la controversial Ley 22 que ha propiciado la inversión del exterior de millones de dólares en la compra a veces a sobreprecio de propiedades locales.

Sectores de la economía y de la opinión pública han mostrado preocupación en torno al desplazamiento de propietarios locales por parte de compradores agresivos y pudientes que adquieren propiedades sin crear empleos ni generar recursos locales.