La Casa Blanca realizó un llamado urgente a ejecutivos hospitalarios, médicos y otros líderes del sector salud para que tomen medidas más contundentes en la prevención de la violencia armada. En una serie de eventos organizados el jueves y viernes, funcionarios de la administración Biden han reunido a unos 160 representantes del ámbito sanitario, calificando la violencia armada como una “crisis de salud pública” que requiere acción inmediata.

La estrategia del gobierno refleja una cruda realidad política: el Congreso ha estado estancado en la mayoría de la legislación relacionada con armas durante años, con una profunda división entre republicanos y demócratas. Ante esto, el presidente Joe Biden busca soluciones fuera del Capitolio, involucrando a educadores para hablar sobre el almacenamiento seguro de armas y a trabajadores comunitarios para asistir a jóvenes en riesgo.

Rob Wilcox, subdirector de la Oficina de Prevención de la Violencia Armada de la Casa Blanca, enfatizó la importancia de los líderes del sector salud en esta lucha. “El presidente ha sido claro: Esta es una crisis de salud pública. Entonces, para resolverla, necesitamos a los líderes del sector salud”, dijo Wilcox.

En 2022, más de 48,000 personas murieron por armas de fuego en EE.UU., y más de 200 resultaron heridas diariamente, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Las armas de fuego son la principal causa de muerte para niños y adolescentes en el país.

Los defensores de la prevención de la violencia armada aplaudieron a la administración Biden por abordar el problema desde una perspectiva de salud. Fatimah Loren Dreier, directora ejecutiva de la Alianza de Salud para la Intervención en la Violencia, destacó la oportunidad que presenta un enfoque bipartidista y apolítico para tratar la violencia armada.

Actualmente, la financiación para la investigación sobre la violencia armada es limitada en comparación con otras amenazas mortales como el cáncer y el VIH. Aunque el Congreso comenzó a asignar $25 millones anuales para la investigación de armas en 2019, los expertos en salud pública consideran que es insuficiente.

El representante Robert Aderholt (R-Ala) expresó su oposición a destinar más fondos a este tipo de investigación, argumentando que los recursos de los CDC deberían centrarse en enfermedades infecciosas y crónicas, en lugar de actividades “políticamente cargadas”.

Sin embargo, las encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses, independientemente de su afiliación política y posesión de armas, apoyan políticas que podrían reducir la violencia.

En los eventos de esta semana, los funcionarios de la Casa Blanca también alentarán a los médicos a hablar con los pacientes sobre la seguridad de las armas. Garen Wintemute, médico de emergencia y jefe de un programa de prevención de la violencia en la Universidad de California-Davis, resaltó la importancia de estas conversaciones para minimizar riesgos.

La administración Biden espera que estas acciones impulsen una respuesta más efectiva y coordinada a la crisis de la violencia armada en Estados Unidos.

Fuente: Modern Healthcare