La Coalición a favor del Consentimiento Informado, anunció hoy la presentación de un recurso legal en el Tribunal Superior de San Juan para detener la orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluissi que hace obligatoria la vacuna para los 90 mil empleados del gobierno.

Adrián Diaz, portavoz de la coalición compuesta por ciudadanos con reservas sobre la vacuna del CoVID 19 dijo que están solicitando al tribunal que proteja a los ciudadanos de la violación a sus derechos de conciencia, evite el discrimen y la segregación de empleados estatales que no quieran vacunarse.

El Colegio de Médicos de Puerto Rico y destacados científicos del país por su parte han defendido la orden del gobernador. El Doctor Miguel Colón prestigioso científico dijo al Foro de Puerto Rico que la decisión del primer ejecutivo es lo mejor que puede hacerse ante el repunte de casos de COVID de la variante Delta.

El primer ejecutivo Pedro Pierluissi anunció una orden ejecutiva que hace mandatoria la vacunación para todos los empleados estatales e insta a la rama ejecutiva y a los municipios a hacer lo mismo, al tiempo que exhorta a la empresa privada a imitarlo.

Díaz dijo que el Gobernador pretende seguir gobernando por decreto delegando en el Secretario de Salud poderes que la ley orgánica de la agencia no le concede.

Apuntó que en ese sentido ni el Secretario Carlos Mellado ni el gobernador tienen derecho a imponer una vacuna que es un producto que aún está a prueba, es un experimento y que no tiene aprobación final de la Administración Federal de Drogas”.

“Como es un proyecto que está a prueba no hay un fondo para resarcir los daños que pueda producir esta vacuna”, dijo Diaz. En una entrevista por separado el Departamento de Salud negó esta afirmación, afirmó que el fondo sí está disponible y sostuvo que la vacuna no es un experimento, sino un producto cuya aplicación ha sido aprobada mediante una orden de emergencia.