La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por el representante Jesús Manuel Ortíz González, realizó el viernes una vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 152, que busca establecer protecciones de empleo para pacientes que utilizan cannabis medicinal.

“Lo que buscamos al radicar este proyecto es proteger a miles de pacientes registrados para tratar sus condiciones utilizando cannabis medicinal. En Puerto Rico, existen leyes que permiten la utilización de cannabis medicinal a pacientes autorizados y debidamente certificados por el Estado. Sin embargo, no existen leyes de protección laboral para proteger a empleados o aspirantes a empleos de discrimen por dar positivo a cannabis a raíz de algún medicamento que necesiten para atender sus condiciones. Esto pone a los pacientes en una situación vulnerable para ser discriminados y en riesgo de perder sus empleos”, expresó en su turno inicial el presidente de la Comisión y autor de la medida, Ortíz González.

A la vista pública, compareció Edna Díaz, procuradora de la Oficina del Procurador del Paciente (OPP); Naiomi Álamo, procuradora del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y  Edwin E. León,  representante del Departamento de Salud.

“La protección de la medida no aplica cuando el uso del cannabis representa una amenaza real de daño o peligro para las personas o propiedad, ni cuando interfiere con las funciones esenciales del puesto” agregó Álamo. También, enfatizó que “podemos entender que será ilegal que un patrono público o privado lleve a cabo cualquier acción adversa contra un empleado o candidato  a empleo que esté basada únicamente en su carácter de paciente autorizado a utilizar cannabis medicinal”, sostuvo la procuradora.

La sesión pública recibió también la asistencia de Teresita Santiago, presidenta del Comité del Cannabis de la Cámara de Comercio; José Rivera, presidente de Miembros de la Industria del Cannabis Medicinal (MICaM); el licenciado José Maes Aponte del Programa de Cannabis Medicinal y la presidenta de la organización PSS Pathfinder, Georyanne G. Ríos.

En apoyo a la medida, Maes Aponte indicó que está totalmente de acuerdo con la inclusión del lenguaje propuesto en la Ley 42-2017. “Entiendo que se deben de considerar enmiendas a otras legislaciones laborales para proteger a los pacientes de cannabis medicinal”.

Por su parte, la presidenta de la Cámara de Comercio aportó que, “si bien entendemos la importancia de proveer ciertas protecciones para empleados que estén certificados para el uso de cannabis medicinal, también es relevante proteger la capacidad del patrono de mantener un ambiente de trabajo seguro y su derecho de atender adecuadamente cualquier situación que surja en el espacio laboral a causa del uso de cannabis medicinal”, mencionó Santiago. 

Por otro lado, la representante María de Lourdes Ramos trajo la preocupación a los deponentes sobre compañías que hacen renovación de las licencias de cannabis medicinal, sin hacerle un nuevo diagnóstico a esas personas. No obstante, agregó que le “preocupa la salud del pueblo y no es que estoy en contra del cannabis medicinal, porque creo que ha servido de alivio a muchas personas”. 

La medida discutida, que enmendará la Ley 42 de 2017, conocida como “Ley para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites”, también contó con recomendaciones del Departamento de Salud y organizaciones del tercer sector dedicadas al reclutamiento de empleados.