El comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez Álvarez, emplazó hoy a su homólogo del Partido Popular Democrático (PPD), Gerardo Cruz, para que este presente formalmente y ante la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) las pruebas de las denuncias que ha realizado sobre supuestos electores que votaron dos veces. 

“El doble voto es un delito y conlleva penalidades muy serias. En el PNP hemos sido bien claros y hemos reiterado que quien haya cometido esta ilegalidad debe pagar las consecuencias de sus actos y que debe ser investigado en su totalidad. Ahora bien, no se puede estar lanzando públicamente acusaciones sin presentar formalmente las querellas. Esto busca crear sombras ante un proceso que siempre ha sido en balance, es decir ante los ojos de todos los partidos”, sostuvo el Sánchez Álvarez. 

El comisionado expresó que el Tribunal Supremo establece el proceso para que si hay una sospecha de doble voto, se verifique y se investigue. “Ese fue el caso de las seis querellas que realizó el Movimiento Victoria Ciudadana, que cuatro de ellas fueron retiradas cuando se corroboró en las listas, tras la investigación, que en efecto no había doble voto. Dos de las querellas quedaron pendientes de investigar, para lo que se citó a los funcionarios de varios partidos que hicieron esa ruta de voto a domicilio”. 

Ayer, tanto el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), como el Proyecto Dignidad y el PNP estuvieron de acuerdo en que las denuncias hechas por el Partido Popular fueran investigadas en la Comisión por los propios comisionados. “En ningún momento nos opusimos, con lo que no estuvimos de acuerdo, estos tres partidos, es con que se delegue en una Junta porque ese no fue el proceso que se estableció por orden del Tribunal Supremo”, indicó el comisionado electoral del PNP. 

“Invito al comisionado del PPD y a todos, a que seamos responsables con nuestras denuncias, que si hay pruebas, se presente, se investigue y se adjudiquen responsabilidades, pero que no se quiera buscar dañar la credibilidad de los procesos, cuando estos estuvieron observados y fiscalizados por funcionarios de todos los partidos”, concluyó Sánchez Álvarez.