Una demanda radicada por un grupo civil contra la orden ejecutiva que ordena la vacunación a los empleados estatales no progresará porque ya hay precedentes judiciales que permiten esta práctica, opinaron hoy por separado varios expertos consultados sobre el tema.

El ex secretario del Trabajo Rui Delgado Zayas, dijo que aunque existe un derecho de los ciudadanos a la privacidad de su cuerpo y a la libertad de conciencia, estos derechos no pueden ir por encima del bien común.

“Una persona no puede tener un derecho absoluto si pone el riesgo la seguridad de otros y esto es lo que está aquí planteado”, dijo Delgado Zayas al referirse al pleito radicado por la Coalición para el consentimiento bien informado.

El grupo radicó ayer una demanda contra el gobernador Pedro Pierluissi que impuso la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID 19 a los 90 mil empleados del estado.

“Conozco la persona que radicó la demanda, es una persona muy seria y muy bien preparada, pero creo que no tendrá éxito”, dijo por su parte Edgardo Román, expresidente del Colegio de Abogados.

Román dijo en una entrevista en el Foro de Puerto Rico que una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en 1905 validando la vacunación obligatoria en escuelas contra la viruela, está aún vigente.

Por su parte el ex presidente del Colegio de Abogados Alejandro Torres dijo que esta decisión establece el precedente que ha sido respaldada por otras determinaciones judiciales.

“Va a ser interesante porque los abogados en la demanda mencionan los derechos de la gente a su intimidad pero no mencionan la decisión del 1905, “, dijo por su parte el vicepresidente del colegio de togados Manuel Quilinchini.