En la capital federal, Washington D.C., tienen muy claro que los resultados de los pasados seis plebiscitos no son suficientes para considerarlos o incluirlos en su agenda. Más aún cuando estás consultas cuentan con una baja participación electoral del pueblo de Puerto Rico. El último fue bajo una nueva ley electoral y solo contó con una participación del 52.17% de la población. A este porcentaje no se le incluye las 37,932 papeletas en blanco y las 1,013 mal votados que definitivamente podrían impactar el por ciento del “Sí”.

El Congreso nunca va a reconocer que la estadidad es un mando absoluto por parte del pueblo de PR. El líder republicano, Mitch McConnell, descartó la estadidad para Puerto Rico o Washington D.C. durante la presidencia de Trump. Incluso, El senador Cory Booker hace poco señalo que ninguna propuesta de estadidad para Puerto Rico o la capital federal serán consideradas, aunque el Congreso ahora sea de mayoría demócrata. Además, el ahora líder de la mayoría del Senado, Schumer, había expresado que entendía que basado en los resultados de la consulta del 3 de noviembre, era evidente que no había consenso en la Isla y que la población estaba bien dividida. Solamente la “speaker” Pelosi expresó su interés de llevar de nuevo a votación al senado el proyecto a favor de convertir a Washington D.C. en el estado número 51.

La propuesta de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez tampoco van para ningún lado porque la estadidad no está en la agenda de los líderes demócratas o republicanos. La persona que podría ayudar a Puerto Rico con esta agenda es el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, el Senador Manchin, quien fue muy diplomático al no expresar una opinión sobre las propuestas de estadidad para los lugares en cuestión. Es más que evidente que el Congreso nunca va actuar hasta que se cree una Asamblea Constitucional de Estatus (vinculante) que incluya las diferentes alternativas de estatus en las papeletas que representen el sentir del pueblo de Puerto Rico.  

Puerto Rico está pasando por una situación muy difícil y el gobernador increíblemente está dispuesto a negociar con la Junta de Control Fiscal (JCF) para que le permita una transferencia de los fondos no usados del COVID-19 para sufragar la consulta de mayo. Esto es insólito cuando el Departamento de Educación aún no tiene un plan para ofrecer clases presenciales utilizando un modelo híbrido o para rehabilitar o reconstruir las escuelas. Es evidente que la educación, la salud y la seguridad de todos los puertorriqueños no son la prioridad de este gobierno. 

El gobierno tiene que enfocarse en las necesidades más apremiantes que aquejan al pueblo de PR. Este tipo de negociaciones con la JCF deben de llevarse a cabo para atender la crisis de educación, salud y seguridad que vive el pueblo y no para gastar millones de dólares en los paladines de la estadidad. Esta consulta parece un golpe de estado a la democracia de Puerto Rico. Más claro no canta un gallo…el Congreso de los Estados Unidos no va a considerar ninguna propuesta de estadidad, sin importar cuántos cabilderos envíe el gobierno.