Desde que estoy participando en el desarrollo económico de Puerto Rico hace más de 25 años, he estado abogando por la creación de lo que yo llamo un “Proyecto de País.” 

El Proyecto de País incluye los lineamientos estratégicos, objetivos e indicadores que atienden los retos que enfrenta la Nación y alrededor de los cuales todos los sectores públicos y privados deben actuar y ejecutar para cumplir con las metas intermedias de la Visión de País.

Ninguno de los principales partidos que han gobernado a Puerto Rico ha planteado, discutido o ejecutado un Proyecto de País. Sin un Proyecto de País con acciones políticas que vayan más allá de las elecciones de los políticos, Puerto Rico no podrá implementar los cambios que necesita para crear un progreso económico sostenible.

Cada día que pasa escucho mas y mas dependencia a los fondos federales y no veo aún una estrategia que nos coloque en una posición de crear una economía que no dependa de los fondos federales.

Por estas razones, el mismo sistema político se ha ocupado de emprender, en su mayoría, proyectos y procesos simpáticos o para las gradas que no tuvieran impacto negativo en sus elecciones o en su reelección. 

Este tipo de gobernanza que no les permite a los líderes intentar arreglar adecuadamente lo que ha estado mal por décadas en Puerto Rico y posiciona a la Isla en la bancarrota más grande de la historia de Estados Unidos. 

La Junta de Supervisión y Gerencial Fiscal existe porque nuestros políticos no pudieron evitar la crisis que nos llevó a la bancarrota. La Junta Fiscal ha tenido el mas alto costo para nuestra democracia, sin embargo, ha hecho los pasos necesarios para crear un mejor proceso de planificación financiera en las finanzas de Puerto Rico con un análisis más cuidadoso y ponderado. La Junta se ha convertido en una especie de árbitro entre el Gobierno y la jueza de Título III, Laura Taylor Swain.  Aunque la Junta no ha sido perfecta, y necesita que le brindemos una fuerte dosis de etnocentrismo, ha proporcionado un equilibrio que nunca se habría producido sin tenerlos a ellos. 

A finales del verano, se empezó a hablar de que se presentaría un proyecto de ley para poner fin a la bancarrota de Puerto Rico y ese proyecto de ley es el Proyecto de la Cámara 1003. 

El Gobernador Pierluisi en más de una ocasión, en diálogos con la prensa del país, comentó que de implantarse el plan Puerto Rico saldría más rápido de la quiebra y de la propia Junta. 

Se presentó el PC 1003 y se implantó un calendario muy agresivo para aprobarlo para algún momento de la semana pasada, de buenas a primeras el Senado de Puerto Rico somete sendas enmiendas la cuales colectivamente pueden descarrilar completamente la salida de Puerto Rico de la quiebra, veamos por qué.

Proyecto de la Cámara 1003.

Según el Plan Fiscal Certificado, este proyecto de ley sentaría las bases para permitir que Puerto Rico terminara el proceso de quiebra y eliminará más del 50% de su deuda en bonos, permitiendo que la Isla saliera de la quiebra con una oportunidad de lucha y un nuevo comienzo. 

Parecía que las negociaciones necesarias entre el FOMB, el Ejecutivo y el Legislativo se habían producido, y así se presentó el PC 1003. De repente, esta semana pasada, el Senado controlado por el Partido Popular Democrático presentó diez enmiendas al PC 1003 que son píldoras venenosas para todo proceso.  

Discutiremos las tres que, desde mi punto de vista, son controversiales o tienen un costo prohibitivo:

1. Proteger las pensiones de los jubilados: Se llegó a un acuerdo para que sólo se recortaran las pensiones por encima del umbral de los $2,000.00. Ahora el Senado reniega de ese acuerdo, y pide que no se recorten las pensiones del 100% de los jubilados. Los jubilados son acreedores no garantizados en la quiebra, y el Gobierno de Puerto Rico colapsó el Sistema de Retiro de Empleados públicos porque se volvió insolvente. Los múltiples planes de retiro del gobierno incluyen el gobierno central, que ya no existe, y se honra con un plan llamado “Pay-as-you-go”, los maestros, la rama judicial y las corporaciones públicas, requieren una reestructuración significativa al enfrentar las realidades de Título III de la ley PROMESA.  Los diversos planes de pensión de Puerto Rico tienen un déficit actuarial que supera los $ 49 billones.

Algo que raramente es discutido es que, desde su creación en 1951, el Sistema de Retiro de Empleados del Gobierno de Puerto Rico inició operaciones con un déficit actuarial. Este déficit fue causado por la insistencia del gobernador Luis Muñoz Marín de que todos los empleados del Gobierno ya jubilados recibieran los beneficios del sistema de retiro. Así las cosas, lo que seria un plan prospectivo para los empleados del Gobierno comenzó con un gran hueco actuarial.  Para atender ese déficit inicial creado por tal acción, se implementó un plan para pagar el déficit actuarial en 30 años o para 1981, y esto no ocurrió. 

La acumulación de beneficios, años de inacción gubernamental y el no atender de una forma agresiva esta bomba de tiempo, se hizo muy poco por mucho tiempo.

Ahora bien, ante este panorama debemos ser realistas y analizar cual fue la experiencia de la ciudad de Detroit, que enfrentó una quiebra con retos muy similares a los que se encuentra hoy Puerto Rico y nos sirve como espejo para ver como los jubilados de Puerto Rico pueden enfrentar estos grandes retos. 

• Establecer la meta de que el 100% de la población tenga plan médico: La Reforma de Salud de 1993 y su plan Vital es un sistema que a Puerto Rico le ha causado tener una seria fragilidad fiscal, es un plan que la Isla no puede costear por que depende casi exclusivamente de fondos federales. Extender la cobertura médica al 100% de la población de Puerto Rico costaría mucho más de $6,000 millones al año, y es una propuesta poco realista. El estado de Vermont implementó el “Green Mountain Care”, como se conoció el sistema de salud de Vermont desde 2011 hasta el 2014 que casi quiebra al estado. El mero hecho de pensar que un país en quiebra con un ingreso per cápita por hogar de $20,474 versus el de Vermont de $61,973 que es un 202.7% mas alto que el de Puerto Rico y aun así quebró.  Que matemática es la que usa la legislatura para conjurar un temario que siguiera un plan similar a este, nos parece una idea totalmente descabellada, particularmente para un país que está en quiebra y lleva mas de 15 años en recesión económica.

• Una asignación fija de $500 millones en el presupuesto para la Universidad de Puerto Rico por un período de cinco años, congelando los recortes programados: La UPR necesita ser renovada por completo ya que hoy en día sólo genera internamente menos del 3.5% de su matrícula, cuando se compara al grupo de Universidades del Estado las mismas generan sobre un 25% de sus propios ingresos en promedio. Si vamos mas allá notamos que la Universidad de Puerto Rico recibe sobre 69% de apropiaciones del Estado, mientras que el promedio para las Universidades de los Estados recibe no mas de 23%, finalmente los fondos de becas son inferiores a 7.3% en la UPR cuando en las Universidades del estado sobrepasan el 27%. Debemos, además, comentar que hemos creado un sistema operacional inflado de 11 Recintos que son 11 mini Universidades con personal que sobrepasa las 14,000 personas para atender una menguante matricula de 57,000 estudiantes.

Si bien apoyamos la misión de la UPR, sus operaciones necesitan ser actualizadas; mire cómo las universidades privadas han crecido ofreciendo currículos y soluciones modernas sin la militancia izquierdista que afecta la Universidad de Puerto Rico.

Estos tres puntos podrían añadir al menos $8 mil millones, siendo conservador, al presupuesto según fue presentado en el Plan de Ajuste Fiscal de Puerto Rico, una cifra que el país no puede ni remotamente considerar pagar. Las otras siete enmiendas incluyen temas que van desde los municipios hasta la creación de otros mecanismos populistas.

Para concluir, el exgobernador Rafael Hernández-Colón dijo: “Históricamente, un proyecto de país se forja en una democracia cuando las mayorías electorales se disponen a enfrentar la adversidad, el hambre, la injusticia y la desesperanza, similarmente como ocurrió en Estados Unidos bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt”.

Puerto Rico se ha librado parcialmente de esa prueba gracias a la Ley PROMESA y en lugar de aprovechar esa oportunidad para cambiar nuestras circunstancias, nuestro sistema político sigue operando de la misma forma y manera que nos llevó a la bancarrota. 

Estas enmiendas envían el peor mensaje posible a los actuales tenedores de bonos, fondos de cobertura y otros constituyentes que llevan mas de cinco años sin recibir un solo dólar de las inversiones que hicieron.  Desde 1996 los Bonistas locales han invertido sobre $42 billones en Bonos de Puerto Rico. Por ellos, los bonistas más afectados son los puertorriqueños que representan sobre el 25% de la deuda emitida o 200,000 ciudadanos. El impacto a los ahorristas de todo Puerto Rico es severo y absoluto. Por todo lo anterior, nos parece inconcebible que se prefiera solo atender y proteger a los retirados del Gobierno, la UPR, Municipios, entre otros, que no aportaron ni remotamente en la misma proporción que los inversionistas locales.

Usualmente, en los procesos de quiebra es el quebrado el que mas se afecta en estos procesos, teniendo que vender activos, propiedades, y hacer otros ajustes para enfrentar la misma, aquí en Puerto Rico tal parece que “El Quebrao quiere cantar Victoria”.