Data Research Corp. (DRC), proveedora de servicios tecnológicos al Departamento de Educación de Puerto Rico (DE), presentó una demanda civil contra Universal Service Administrative Co. (USAC) por presuntamente retener pagos por un total de $105.6 millones, más intereses acumulados.

La acción legal, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, destaca las controversias continuas sobre los servicios de internet y banda ancha con descuento para escuelas en el marco del programa federal E-Rate.

El origen del conflicto se remonta a los servicios prestados por DRC en el año fiscal 2001 bajo el programa E-Rate, destinado a garantizar que las escuelas y bibliotecas accedan a servicios de telecomunicaciones e información a precios accesibles.

Según DRC, USAC no reembolsó los servicios prestados al DE, afectando entre 709 y 736 escuelas, conocidas como Escuelas de Fase II.

DRC alega un incumplimiento que implica tres sumas: $9.9 millones por servicios directamente prestados, $25.6 millones en daños financieros debido a la cancelación de un contrato el 15 de febrero de 2002, y $70 millones por la devaluación del negocio de DRC tras la cancelación.

La demanda sostiene que las acciones, o falta de acción, de USAC llevaron directamente a pérdidas significativas para DRC, incluido el colapso de un posible acuerdo de adquisición en el que TAG Venture Partners tenía la intención de comprar DRC por hasta $79 millones.

El pleito pone de relieve problemas más amplios dentro del programa E-Rate, especialmente en cuanto a la administración y el desembolso de fondos destinados a la infraestructura educativa. Plantea interrogantes sobre la eficiencia y equidad en la gestión del programa y cómo las decisiones de financiamiento afectan a los proveedores de servicios e instituciones educativas dependientes de este apoyo.

Si bien USAC está designado para administrar estos fondos federales, no establece políticas, pero es responsable de la recolección y distribución de fondos de servicio universal bajo la dirección de la FCC.

A medida que continúa el proceso legal, el resultado de la demanda podría tener implicaciones para los procesos de financiamiento federal y la administración del programa E-Rate.

El juez Pedro A. Delgado-Hernández ha sido asignado al caso.

Fuente: NIMB

Foto: Microjuris al Día