“Desde que asumí la presidencia de la Universidad de Puerto Rico he estado, junto a mi equipo en Administración Central, en la mejor disposición de atender los reclamos de los distintos gremios de nuestra universidad.  He reconocido públicamente que es necesario que haya justicia salarial y por eso mi administración está trabajando en la revisión y actualización del Plan de Clasificación y Retribución, que no se revisaba hace 44 años. Hemos sostenido varias reuniones con el señor David Muñoz, presidente del Sindicato de Trabajadores y sus delegados para atender sus reclamos. Durante el proceso, hemos hecho claro que la otorgación de un aumento salarial y otros beneficios a nuestros empleados que conlleven impacto presupuestario está ya contenida en nuestra petición presupuestaria para el nuevo presupuesto (AF2024) y eventualmente ésta deberá ser certificada por la Junta de Supervisión Fiscal. No obstante, para poder atender parte de los reclamos que realiza el Sindicato presentamos una alternativa genuina: una bonificación no recurrente de $2 mil para cada empleado del Sindicato. Esto equivale, aproximadamente, a un aumento salarial de $125 mensuales por año y medio. Sin embargo, nuestra oferta no fue acogida por el Sindicato. 

Al Sindicato se le explicó que para el nuevo presupuesto (AF2024) se hizo una petición presupuestaria a la Oficina de Gerencia y Presupuesto de más de $30 millones para que la UPR pueda honrar la política de salario mínimo. Confiamos en que, de ser aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal, podamos hacer la necesaria justicia salarial. 

En cuanto al reclamo de un plan médico único, la Certificación Número 129, 2020-2021 de la Junta de Gobierno nos impide acceder al reclamo del Sindicato y conceder un plan médico distinto al de todos los empleados de la UPR. 

En el marco de este proceso de diálogo, reiteramos nuestra invitación a reconsiderar la postura del Sindicato de convocar a una huelga, la cual no solo atenta contra los mejores intereses de la comunidad universitaria, sino que además constituye una abierta violación a lo estipulado en las Reglas y Condiciones de Trabajo Suplementarias del Sindicato de Trabajadores en su artículo 1, inciso H, que indica claramente: “que el sindicato en consideración a lo negociado, se compromete con la administración universitaria a no realizar actividades tales como huelgas, paro laboral o cualquier otra variante de estos que pueda afectar de alguna manera el servicio”. 

Como todos sabemos, las huelgas en nuestros recintos podrían provocar toda una gama de efectos negativos, tales como: 

•       Interrupción de clases y del periodo lectivo;

•       interrupción del proceso de someter documentos a la Junta de Instituciones Secundarias referentes a la licencia que se ofrece como requisito para ser una institución académica;

•       Se perjudican los procesos de recertificación de los programas de asistencia económica;

•       Interrupción del proceso de admisión y reclutamiento de estudiantes bajo la nueva política de admisión, y fuga de estudiantes activos;

•       Pérdida de la sesión de verano;

•       Se pondrían en riesgo las ayudas económicas de estudiantes veteranos y otros becarios;

•       Se afectarían los servicios de clínicas que ofrece el Recinto de Ciencias Médicas a la ciudadanía;

•       Cualquier acción que limite el acceso e impida el cuidado de animales que están en investigación, representaría una violación al acta federal de cuidado de animales;

•       Se impediría el uso de las bibliotecas, y el acceso a teatros y museos

•       pérdida de acuerdos con empresas interesadas en colaborar con la UPR

•       Interrupción de proyectos de reconstrucción auspiciados por FEMA provocando la pérdida de fondos y un incremento en los costos;

•       Riesgo a los trabajos de investigación, lo cual puede desembocar en la pérdida de los proyectos y los millonarios fondos que tenemos aprobados;

•       Peligro al buen estado de acreditación y licencia de la UPR, que a su vez son requeridos para que la institución sea elegible de recibir fondos Título IV, que incluyen la beca PELL, programas de préstamos estudiantiles, y otras ayudas: para cualificar para la acreditación de los programas profesionales; y para la acreditación de los servicios universitarios especializados;

·       Riesgo de pérdida de subvenciones, tales como las recientes por fundaciones norteamericanas que sobrepasan los millones de dólares;

•   Peligro de no lograr cumplir con los estados financieros y de auditoría (single audit), que deben entregarse el 31 de marzo de 2023.

De hecho, en el día de hoy, nuestra Junta Universitaria de la UPR, compuesta por rectores, claustrales y estudiantes, aprobó una moción que presentó el rector del Recinto de Utuado, Dr. Luis Tapia, en la que se rechaza el cierre de los recintos e interrupción de los servicios que se ofrecen a la comunidad universitaria. Por todo lo anterior, le reiteramos al liderato del Sindicato nuestro llamado a desistir de la huelga”.