Un grupo de empleados de WIPR, directivos del Colegio de Actores de Puerto Rico y el representante por el Partido Popular Democrático (PPD) Luis Vega Ramos, denunciaron en la mañana del domingo “intereses ocultos en la privatización” de la corporación pública.

El grupo calificó el proceso como atropellado y reclamó “detener el intento de liquidar los activos millonarios que el pueblo tiene en WIPR” para evitar “lucrar a unas personas que aún no quieren identificarle al pueblo”.

El Colegio de Actores estuvo representado por su presidente, José Martínez, y por su tesorero, Daniel del Valle.

El Proyecto del Senado 1640, que también tiene un contraparte en la Cámara, ordena a la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) a crear una corporación sin fines de lucro que llevará el nombre de “La Corporación para la Difusión Pública”. La misma contará con autonomía fiscal y operacional, y autoriza la transferencia de todos los activos de WIPR a la “Corporación”.

La medida que privatiza a WIPR, permite vender, alquilar, gravar, enajenar o disponer de cualquier otra forma de los activos que conforme a esta Ley venga en titularidad, sujeto a cualquier autorización requerida por la Comisión Federal de Comunicaciones. Cede las licencias, antenas, edificios y toda propiedad a la entidad creada sin remuneración alguna al Estado. Se estima que se le estaría cediendo a la entidad creada entre 15 y 20 millones de dólares en activos de WIPR. Únicamente protege la titularidad del pueblo de Puerto Rico del Archivo Histórico.

“En medio del proceso de primarias, la Gobernadora (Wanda Vázquez) y el presidente del Senado (Thomas Rivera Schatz) dijeron que rechazaban la propuesta de la Junta Fiscal de vender a WIPR y que se la traspasarían, junto con sus 15 ó 20 millones (de dólares) de activos, propiedad del pueblo, a una entidad sin fines de lucro. Lo que no dijeron es que esa corporación sin fines de lucro a la que se va a dar toda esa propiedad aún no se ha creado. No existe. Y la va a crear el propio gobierno; la Gobernadora y su director AAFAF van a nombrar toda su junta de directores y entonces le traspasan todas las propiedades de WIPR. Es el mismo esquema del DMO en Turismo. Crearon una entidad aparte. La llenaron con personas cercanas y aportadores del partido de gobierno. Le regalaron 25 millones de dólares anuales en fondos públicos, por los que ahora el DMO no quiere rendir cuentas, ni ante la Legislatura, ya que se los han repartido en puestazos y contratazos”, denunció Vega Ramos.

El P. del S. 1640 fue presentado por la Gobernadora el 18 de junio de 2020 a finales de la última sesión ordinaria para aprobación inmediata (medida de administración A-124). Fue referido a la Comisión de Gobierno del Senado sin embargo, no fue aprobado en la última sesión ordinaria. La Gobernadora lo incluyó en la corriente sesión extraordinaria.

El proyecto otorga a AAFAF la potestad de incorporar la entidad sin fines de lucro con cinco miembros a la Junta de Directores quienes serán unilateralmente nombrados por la Gobernadora. La Junta de Directores a su vez, tendrá la potestad de nombrar seis miembros a pertenecer al Comité Asesor.

Así también el P. del S. 1640 asigna fondos legislativos recurrentes para el manejo de la entidad sin fines de lucro: 100,000 dólares para cubrir los gastos y actividades iniciales ó un millón anual para los gastos y actividades de la entidad provenientes de la “Ley del Fondo Lucy Boscana de producción de telenovelas, Miniseries y Unitarios de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública”. Enmienda también, la “Ley del Fondo Especial del Taller Dramático de Radio AM de las Emisoras de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública”, creando un fondo especial de 800,000 dólares para la entidad.

El proyecto no garantiza el empleo de los aproximadamente 120 trabajadores de WIPR, ni de los actores u otro personal que labora por servicios profesionales, durante la transición a la nueva entidad. Estos alegadamente tendrán prioridad para solicitar empleo en la nueva entidad según las oportunidades que disponga la misma. El proyecto no dispone nada sobre los derechos adquiridos de los empleados de WIPR que acepten trabajo en la nueva entidad. Los empleados que no sean reclutados por nueva entidad serán reubicados o transferidos a otras entidades del Gobierno de Puerto Rico y sus instrumentalidades, conforme al concepto de movilidad y los mecanismos dispuestos en la Ley Núm. 8-2017, según enmendada, conocida como la “Ley para la Administración y Transferencia de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico. Sin embargo los empleados de WIPR que no sean reclutados o que no acepten una oferta de empleo en la entidad creada, no serán despedidos ni perderán beneficios como consecuencia de la aprobación de esta Ley, lo que crea un limbo legal para los estos toda vez que no serán despedidos ni perderán beneficios, pero no tendrán trabajo.

“En el momento que Puerto Rico redescubre su necesidad por WIPR, tras el efecto de la pandemia en la educación y la falta de computadoras, internet y módulos en el DE, el gobierno quiere entregársela a un grupo de personas desconocidas para que puedan hacer lo que quieran, con sus activos y empleados incluso venderlos o despedirlos. ¿Quién se va a quedar con el lucro que produzca esa venta de activos? ¿Para beneficio de quién se usarán, si ya la entidad sin fines de lucro no tendría razón de ser ni capacidad de hacer nada?”, cuestionó el legislador.

“El PS 1640 se presentó casi a finales de junio. Pero desde el 4 de mayo yo había presentado la RCC 700 para ordenar al Departamento de Educación y a WIPR a establecer un programa estructurado de educación por televisión y radio para los estudiantes del sistema público. Ése es el proyecto que debería aprobarse. No el 1640. De hecho en días recientes hemos escuchado a otras figuras hacerse eco de nuestra propuesta de mayo, plasmada en la RCC 700. La Gobernadora debería enmendar la Extraordinaria para incluir la RCC 700 y solicitar el retiro del PS 1640”, explicó Vega Ramos.

Los empleados de WIPR y el Colegio de Actores reclamaron que se pongan en vigor ahora medidas fiscales que garanticen la operación de WIPR y permitan la estabilidad de la función educativa de las estaciones durante la crisis pandémica. Señalaron que el DE tiene fondos suficientes hoy, bajo el CARES Act, para contratar con WIPR y garantizar su operación durante todo este año fiscal. De hecho, reclamaron al gobierno que le autorice al Secretario del DE comprometer los fondos inmediatamente.

La operación anual de WIPR ronda unos 4 a 5 millones de dólares, los que fácilmente pueden provenir del presupuesto anual del DE que asciende a 4 mil millones de dólares. Por ello, el grupo de empleados de WIPR reclamó que en vez de privatizarla, se ausculten y diseñen modelos que permitan el retorno de la misma al DE pero a través de una estructura legal que provea para su autonomía administrativa y fiscal.