El comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Lind Merle Feliciano, dijo en un comunicado de prensa que radicó un recurso de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan, debido a la decisión del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Juan Ernesto Dávila y de la Comisionada Electoral del PNP, en evitar que más de 5,500 electores sean excluídos del Registro Electoral de Puerto Rico. Según confirmado, esos electores también se inscribieron para votar en diversas jurisdicciones de los Estados Unidos lo que implica un doble registro.

“El recurso de revisión presentado ante el tribunal surge luego de que el PPD cuestionó la Resolución emitida por el Presidente de la CEE, la cual enfoca este asunto, como uno de recusación por domicilio en vez de uno de doble registro y que pretende establecer, sin autoridad para ello, un proceso dirigido a que se cumpla con el National Voter Registration Act, estatuto que el Tribunal Federal de Apelaciones para el Primer Circuito decretó como inaplicable a Puerto Rico en 2012, a instancias en ese momento del Ex-Presidente de la CEE, Héctor Conty Pérez y del Ex-Comisionado del PNP,  Edwin Mundo Ríos”, denunció Merle.

“Cabe señalar que, horas después de que le notificamos nuestro recurso de revisión ante el tribunal, el PNP presentó una tardía e inoficiosa solicitud de reconsideración para instar a la CEE a establecer aún más restricciones a la correcta depuración del registro electoral” añadió.

Merle señaló que todos los comisionados concurren con el PPD en que previo una notificación a la última dirección de cada uno de estos electores, éstos deben de ser eliminados del registro.  “Esta conducta es consistente con los cambios introducidos mediante el P. Del S. 1314 y sugieren fuertemente de que, no solo el PNP tolera el doble voto, sino que desea que sus electores emitan un voto ilegal. Por esto no nos sorprende que la Comisionada Electoral del PNP fue la única en contra de nuestro planteamiento. El PPD está comprometido en dar la batalla para garantizar que solamente aquellos que cumplen con la ley y, por ende, cuentan con un solo domicilio electoral tengan acceso a las urnas en noviembre.  El destino del País solo debe estar en manos de quienes legítimamente tengan derecho al voto”, finalizó.