La designación del presidente Donald Trump a la Junta de Supervisión Fiscal de Justin Peterson, gerente de la firma de cabildeo y relaciones públicas DCI Group que representa a los bonistas de Obligaciones Generales (GO), fue rechazada por el consultor senior de la campaña del candidato presidencial demócrata Joe Biden, Cristóbal Alex. 

En declaraciones escritas, Alex sostuvo que se trata de un “ejemplo de la peligrosa agenda anti-puertorriqueña” del presidente Donald Trump porque se trata de un cabildero que ha defendido los intereses de los bonistas.

“En un claro conflicto de interés, el cabildero republicano ha sido designado a la Junta de Supervisión Fiscal de Puerto Rico, donde es muy probable que continúe beneficiándose del problema insostenible de la deuda que Puerto Rico está enfrentando. Los puertorriqueños conocen la corrupción cuando la ven”, expresó.

Alex sostuvo que, de convertirse en presidente, Biden revertirá las políticas de austeridad fiscal impuestas por la Junta, aseguraría que los de recursos bajos y moderados, así como los pensionados estén protegidos en cualquier reestructuración de la deuda, entre otras cosas.

En una declaración divulgada por la Casa Blanca el miércoles, el presidente Trump informó su intención de nombrar al también donante de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, a formar parte del organismo creado por la Ley federal PROMESA para fiscalizar las finanzas de Puerto Rico.

Las donaciones de Peterson a González constan en los expedientes de la Comisión Federal de Elecciones.

De inmediato, la congresista de origen puertorriqueño Nydia Velázquez señaló que “una vez más el presidente usa sus poderes para afectar los intereses del pueblo de Puerto Rico”. “A solo semanas de la elección, Trump hace esta designación que puede impactar la vida de los puertorriqueños por décadas” dijo la congresista al añadir que durante toda su carrera Peterson ha sido asesor y cabildero los bonistas más prominentes de Puerto Rico.

“Como miembro de la Junta (de Control Fiscal) Peterson tendrá una voz importante en cómo se reestructura la deuda de la isla, pero su cercanía a los bonitas es una bandera roja seria y un claro conflicto de intereses”, apuntó Velázquez.

Los bonistas de GO a los que ha representado Peterson por los pasados años tenían un preacuerdo con la Junta de Control Fiscal, que recientemente parece haberse hecho sal y agua ante el reconocimiento de los miembros del organismo rector de las finanzas de Puerto Rico, de que tras el impacto del COVID-19, la economía local no permite continuar con los pagos planteados.

El pleito se mantiene ante la jueza Taylor Swain en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico  

El cabildero, que cuenta con más de 20 años en su carrera en política pública y dirección y asesoría en campañas electorales republicanas, como la del expresidente George W. Bush, también figura como donante de la comisionada residente de Puerto Rico en Washington, Jennifer González, según la Comisión Federal de Elecciones.

De igual forma ha donado a políticos como Mitch McConnell, quien preside el Senado federal que tiene que aprobar la designación de Peterson. Los senadores republicanos Marco Rubio y Rick Scott, también forman parte de la lista de donativos del designado.

La empresa que gerencia Peterson estuvo involucrada en la pugna entre el desaparecido Doral Bank y el gobierno de Puerto Rico, por el reclamo de cerca de $230 millones en reintegro de impuestos.

Para el 2014, la disputa incluyó páginas cibernéticas y anuncios en contra de la isla y del gobierno del entonces gobernador Alejandro García Padilla. Entre otras cosas, señalaban a Puerto Rico como “La Argentina del Caribe” por no querer pagar sus obligaciones y desalentaban cualquier trato de inversión en la isla, entre otras alegaciones.

La empresa cabildeó también en contra de la aprobación de la Ley Promesa que permitió entre otras cosas, poner un detente a las demandas de bonistas contra el Gobierno de Puerto Rico en reclamo del pago de sus acreencias.

Doral Bank perdió el caso a nivel apelativo federal, por lo que el Gobierno no tuvo que desembolsar los fondos que la institución alegaba le correspondían.

De ser confirmado, Peterson ocuparía una de las tres vacantes con que cuenta la Junta tras vencer los términos este año.