El fiscal federal W. Stephen Muldrow, anunció el viernes, que el acusado Americo Oms Rivera se declaró culpable ante el juez de distrito de los Estados Unidos Francisco Augusto Besosa de conspiración para cometer fraude electrónico.

“Continuaremos investigando y procesando agresivamente a cualquiera que busque defraudar o explotar los programas de asistencia federal establecidos para ayudar a los más vulnerables de nuestras comunidades”, dijo el fiscal federal Muldrow en comunicación escrita.

“Este acusado abusó de la confianza depositada en él como profesional para beneficio personal. Agradecemos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su investigación de años y su compromiso con este caso”, añadió.

Explicó que en agosto de 2016, un Gran Jurado Federal en el Distrito de Puerto Rico devolvió una acusación formal de 16 cargos contra el doctor Americo Oms-Rivera, su secretaria Mayte González Muñoz y Francisco Cabrera Alvarado, un ex empleado de la Administración del Seguro Social (SSA), por fraude en el proceso de solicitud de beneficios del seguro por discapacidad de la SSA en Puerto Rico. González-Muñoz y Cabrera Alvarado se declararon culpables en marzo de 2017.

La SSA es responsable de la implementación del Programa de Beneficios del Seguro por Discapacidad. La SSA proporciona beneficios monetarios a los trabajadores con discapacidades graves a largo plazo, que han trabajado en un empleo cubierto por la SSA durante un período de tiempo requerido. Los cónyuges e hijos dependientes de trabajadores discapacitados también pueden ser elegibles para recibir beneficios.

De conformidad con las regulaciones de la SSA, un reclamante debe demostrarle a la SSA que está discapacitado proporcionando pruebas médicas y de otro tipo con la solicitud. Luego, la SSA evalúa la solicitud y la evidencia de respaldo para determinar los impedimentos médicos del individuo y determinar el efecto del impedimento en la capacidad del reclamante para trabajar de manera sostenida

Muldrow detalló que el acusado admitió que a partir de marzo de 2009, hasta octubre de 2015 o alrededor de esa fecha, el acusado y otros co-conspiradores, consciente y deliberadamente, conspiraron y acordaron juntos y entre sí, para idear un plan y un artificio para defraudar a la SSA y obtener dinero y propiedad mediante pretensiones, representaciones y promesas materialmente falsas y fraudulentas. Por ejemplo, Oms Rivera daría una fecha anterior a los registros médicos de los pacientes que solicitaban los beneficios del seguro por discapacidad creando citas médicas ficticias que nunca se llevaron a cabo. Esto se hizo para crear la apariencia de un historial más largo de tratamiento médico y con el propósito de engañar o engañar a la SSA para que aprobara los beneficios del seguro por discapacidad.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Oms Rivera pagará a la SSA 321,000 dólares en restitución y acordó la confiscación de una propiedad en Palmas del Mar, Humacao. Además, Oms Rivera entregará su licencia de la DEA y será excluido de participar en casos de la SSA, así como de Medicare, Medicaid y todos los demás programas federales de atención médica.

“La declaración de culpabilidad de hoy representa años de arduo trabajo por parte de los investigadores de la OIG, así como de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, para reunir pruebas de este esquema de fraude”, dijo Gail Ennis, inspectora general de la Administración del Seguro Social. “El doctor Oms presentó pruebas médicas falsas en apoyo de las reclamaciones por discapacidad del Seguro Social, lo cual es una traición a la confianza pública, algo que nos tomamos muy en serio. Continuaremos persiguiendo a aquellos que facilitan el fraude al Seguro Social, y animo a los ciudadanos de Puerto Rico a reportar las denuncias a nuestra línea directa en oig.ssa.gov”.

Este caso fue investigado por la Oficina de Administración del Seguro Social del Inspector General, División de Campo de Nueva York, bajo la supervisión del Agente Especial a Cargo John Grasso. La fiscal federal adjunta especial Vanessa Bonano Rodríguez de la Administración del Seguro Social estuvo a cargo del procesamiento del caso.