Por Mariana Ferrer

El lunes pasado, el cabildero Elías Sánchez Sifonte y el publicista Edwin Miranda pidieron al Tribunal de Apelaciones que no los obligue entregar sus celulares al Departamento de Justicia. Ellos entienden que esto viola sus derechos constitucionales. 

El abogado de Elías Sánchez Sifonte, José Andréu Fuentes, sostiene que la solicitud del juez Alberto L. Pérez Ocasio de entregar las unidades móviles no estuvo acompañado por una orden de registro ni declaración jurada. No pasaron por el debido proceso de ley. A juicio del abogado para que una declaración jurada sea válida ante las constituciones de Puerto Rico y Estados Unidos, requiere juramentación.

“Lo único que tuvo ante sí el Tribunal fue una moción presentada por el ministerio público con su solicitud de expedición de orden para citación y producción del dispositivo móvil”, dijo José Andréu Fuentes, abogado de Sánchez Sifonte, en su apelación.

“Sorprendentemente, el tribunal expidió la orden para que se le entregue al Estado el teléfono celular, una clara orden de incautación, sin que la misma esté basada en causa probable”, agregó.

Andréu Fuentes insistió en que la orden del juez Pérez Ocasio tiene el efecto “de vulnerar el derecho de no autoincriminación”.

Por otra parte, la abogada de Miranda, Kendys Pimentel, argumenta que la entrega del celular sería un reconocimiento de que Miranda es dueño de la unidad. Ya que él instaló la aplicación y tiene acceso a ella. 

Contrario a Andréu Fuentes, Pimentel declara de no tener acceso a un escrito a una declaración jurada del 26 de julio. Este escrito dio paso a la jueza Ilyana Blanco Maldonado ordene la incautación de la unidad

Además, plantea que se cumplen los requisitos para que su cliente invoque el derecho a no auto incriminarse. Como uno de los requisitos, el gobierno debe solicitar la información, esto será incriminatoria y constituye un testimonio. 

Pimentel y Andréu Fuentes también sostienen que la entrega del celular implica que Sánchez Sifonte está validando toda la información allí. Recordó que Justicia que existe razón para creer que se cometieron delitos por los participantes del chat de Telegram.

Justicia defiende su intención de examinar estos celulares ya que creen de tener suficiente evidencia contra Sánchez Sifonte y Miranda contra su interacción en el chat del Telegram. 

De hecho, en una declaración jurada firmada por una agente del Negociado de Investigaciones Especiales, se consigna que hay una probabilidad de que los participantes del chat cometieron delitos.