El Representante de los Consumidores ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Tomás Torres Placa, requirió este lunes que se haga disponible al público, dando hasta la fecha del 29 de enero para su publicación, junto con su aparición permanente en la página web de la AEE, la relación actualizada de todas las deudas de cada Agencia de Gobierno y Corporación Pública.

“Durante reuniones de la Junta de Gobierno en octubre de 2020, le requerí a la gerencia de la AEE que publicara en la página web de la Corporación Pública un listado permanente de todas las deudas actualizadas de cada agencia y entidad gubernamental. A la fecha de hoy esta información no se ha publicado de manera oficial por parte de la AEE, por lo que exijo se haga pública de manera inmediata”, expresó Torres Placa.

Además, Torres Placa indicó que a raíz de los incidentes con un consumidor en la Oficina Comercial de Fajardo en agosto de 2020, solicitó a la gerencia de la AEE la publicación de métricas en cuanto al trato y manejo de los consumidores, de manera permanente en la página web de la AEE para total disponibilidad a la ciudadanía.

Esto incluye el tiempo en ser atendido (presencialmente o vía telefónica), cantidad de clientes con problemas de facturación, y número de cliente con problemas de seguridad, relacionados a postes y cableado.

Según datos de la AEE, a noviembre de 2020 la deuda por concepto de facturación vencida en corporaciones públicas asciende a 233 millones de dólares, en agencias de gobierno a 32.2 millones de dólares, gobierno federal a 11.3 millones de dólares y en los municipios a 34.7 millones de dólares.

Esto para un total de 311.2 millones de dólares, lo que representa un impacto de cerca de 2 centavos por KwH (aproximadamente 11 por ciento de la tarifa actual) en un ciclo anual de facturación.

“La gerencia de la AEE tiene que diligentemente exigir toda facturación vencida, especialmente a cada agencia, entidad y corporación pública, debido a su alto impacto en la factura del consumidor y establecer los mecanismos necesarios para el recobro de estas cantidades”, dijo Torres Placa.

“La transparencia, divulgación de información y la participación ciudadana son las mejores herramientas para una sana administración pública. Cohibir a los consumidores y la ciudadanía en general de información clara y precisa de la operación de un ente público es abrir las puertas a una mala administración en prejuicio del interés publico”, sostuvo Torres Placa.