Ante el impacto que tendría la construcción de proyectos a escala industrial de energía solar en terrenos de alto valor agrícola y ecológico, los líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Legislatura, María de Lourdes Santiago Negrón y Denis Márquez Lebrón, radicaron una resolución para investigar estas propuestas.

El año pasado, la Junta de Control Fiscal aprobó 18 proyectos privados de energía solar en terrenos, propuestos por el gobierno de Puerto Rico, luego de un proceso confidencial del cual sólo se obtuvo algunos detalles cuando diversas organizaciones acudieron a los tribunales contra la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).

En su Exposición de Motivo, la resolución presentada en el Senado (RS 733) y la Cámara de Representantes (RC 922) asegura que la pérdida de terrenos agrícolas en Puerto Rico es alarmante. 

“De acuerdo con los datos del Censo Federal Agrícola del 2017, en los últimos 60 años censados, Puerto Rico ha perdido alrededor de 70% de sus tierras agrícolas. Del 2007 al presente el promedio de pérdida fue de 67,637 cuerdas por quinquenio. El inventario actual de tierras agrícolas es de 487,775 cuerdas o un 22% del territorio. Esta proporción resulta ser más baja que la de Estados Unidos y que el promedio mundial”, expresa la medida.

Esta investigación legislativa fue solicitada por organizaciones agrícolas, ambientales y comunitarias que han alertado del impacto en la sostenibilidad alimentaria de Puerto Rico, por los 18 proyectos energéticos propuestos por el gobierno mayormente en suelos agrícolas.   

“La escasa información disponible demuestra que los 18 proyectos aprobados ocuparían 5,652.6 acres (5,878.7 cuerdas), de los cuales el 79.2% del área, o 4,477 acres, corresponden a terrenos con Clasificación SREP de valor agrícola o ecológico. Los proyectos planificados en terrenos agrícolas tienen sistemas y canales de riego, son mecanizables, son llanos, y se clasifican como suelos de alta fertilidad y productividad”, comentó Marissa Reyes Díaz, agricultora ecológica.

Desde hace más de un año, diversos expertos han advertido sobre el impacto que tiene la construcción de estos proyectos energéticos a nivel industrial.

“Las placas solares ocuparían el área que de otra manera ocupan cultivos y animales, e impactarían directamente el suelo a través de la remoción y compactación de la capa superficial del suelo.  Esto inhabilita los terrenos para la agricultura y puede provocar cambios en los patrones de escorrentía y recarga de acuíferos, lo cual afectaría comunidades cercanas a los proyectos”, señaló David Sotomayor Ramírez, profesor de Ciencias de Suelo del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico.

Basado en datos provistos por el Laboratorio Nacional de Energías Renovables (NREL por sus siglas en inglés), si Puerto Rico fuese a producir toda su demanda energética basada en proyectos de paneles solares en fincas, se requerirían 137,922 cuerdas, lo que equivale al 7% del territorio del país.

Otros estudios, tanto del NREL como aquellos elaborados por investigadores docentes del RUM, apoyan la alternativa de instalaciones solares en techos y microredes en áreas urbanizadas. 

“Los hallazgos de dichos estudios, especialmente los realizados por la facultad de Ingeniería Eléctrica del RUM, demuestran que en Puerto Rico existe suficiente espacio en los techos de estructuras en zonas urbanas para colocar placas fotovoltaicas y generar varias veces más electricidad de lo que se requiere para uso doméstico”, estableció la senadora María de Lourdes Santiago en la medida legislativa radicada.

La senadora del PIP alertó en una conferencia de prensa a principios del 2022, que el gobierno “insiste en privatizar la transformación energética y dejar fuera la posibilidad de que utilicemos y promovamos ampliamente la energía solar en los techos de los hogares, a través de proyectos comunitarios, sin inutilizar miles de cuerdas agrícolas como proponen varios proyectos industriales escogidos por la AEE”.

Además de los líderes del PIP, en el Senado, la resolución investigativa cuenta con la coautoría del senador Rafael Bernabe Riefkohl y la senadora Ana Irma Rivera Lassen, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), y en la Cámara son coautores la representante Mariana Nogales y el representante José B. Márquez Reyes, también del MVC, y el representante Jorge A. Rivera Segarra, presidente de la Comisión de Agricultura.

Efecto en las comunidades

La investigación solicitada adquiere gran importancia ante los reclamos persistentes de residentes en comunidades cercanas a proyectos solares que actualmente están en construcción. 

Hace unas semanas, el periódico La Perla del Sur reseñó la visita de la secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE por sus siglas en inglés), Jennifer M. Granholm, a la comunidad El Coquí en Salinas.  Allí vecinos le mostraron fotos del impacto que la construcción del proyecto solar de la empresa CIRO Group ha causado en la comunidad, debido a las inundaciones que, de forma histórica, arroparon calles y hogares tras el paso del huracán Fiona y los episodios de lluvia que le sucedieron.

“Lugares que antes no se inundaban, ahora sí lo hicieron. Eso lo causó el inmenso proyecto de placas solares que está construyendo la empresa CIRO Group en los terrenos agrícolas al norte de la comunidad”, dijo Ismenia Figueroa Matos, presidenta de la Junta Comunitaria del Poblado Coquí.

Líderes comunitarios de Salinas y Guayama presentes en el cónclave, insistieron en que se debe emplear los techos de las casas y terrenos ya impactados para colocar las placas solares, y así evitar utilizar suelos agrícolas.

“Allá en Guayanilla donde era el complejo petroquímico, que es bastante grande; en Guayama donde estaba la Phillip Petroleum, donde ahora está la carbonera que nos esta envenenando; y en Yabucoa que estaba también otra petroquímica; esos terrenos no se están utilizando. ¿Por qué no colocan ahí las placas? Entiendo que esos terrenos que están contaminados son los que se tienen que usar con placas solares”, reclamó Erasmo “Marán” Cruz Vega, vecino de la comunidad Santa Ana de Guayama.

Ante este planteamiento, Marisol Bennet, coordinadora de recuperación del DOE, respondió que alternativas como esas, para evitar que se ocupen suelos agrícolas, fueron recomendadas al Gobierno de Puerto Rico.

“Además de depender de los sistemas distribuidos, como las placas solares en los techos… otra de las recomendaciones para el Gobierno de Puerto Rico fue evaluar sitios o terrenos alternos, incluyendo cosas como vertederos que ya estén cerrados. Que puedan cumplir dos objetivos: poder restaurar lugares que afean o contaminan, y que a la vez ayuden a cumplir con los objetivos de energía renovable”.

“Para llegar al 100 por ciento de energía renovable y proteger nuestros terrenos agrícolas, tenemos que depender de sistemas distribuidos, de sistemas de placas solares en los techos, de sistemas solares comunitarios. Ya podemos con confianza decir eso”, aseguró Bennet.

Mientras las medidas legislativas esperan alguna acción de parte de los presidentes del Senado y la Cámara, las familias afectadas en Salinas, y aquellas que se ven amenazadas por los proyectos solares en terrenos agrícolas en otros pueblos, chocan contra el silencio de los gobiernos municipales y la Fortaleza. 

Entre tanto, nuestros suelos agrícolas siguen desapareciendo y la temporada de huracanes se asoma en el horizonte.