El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, afirmó que su administración continuará impulsando la implementación de la ley 41 conocida como la nueva Reforma Laboral. Esto, a pesar del ultimátum de la Junta de Control Fiscal que notificó al gobierno que tendrían hasta el 4 de agosto para suspender voluntariamente la implementación de la ley. De no cumplir con la suspensión, la junta advirtió que acudirá a los tribunales. 

“Acabamos de recibir esa comunicación. Como ya le habíamos informado a la junta, ya suplimos toda la información requerida, tanto bajo la Ley Promesa como por la propia junta. Nuestra intención es que se implementen estas enmiendas y sobre la marcha veremos su impacto” declaró el mandatario durante una conferencia de prensa hoy. 

Ante la posibilidad de que la junta llegue a tribunales para detener la Reforma este afirmó que “pueden hacerlo si así lo estiman”.

“Lo prudente y razonable es implementar las enmiendas y ver el comportamiento de la economía. La economía está sólida. Queremos que aumente la participación laboral y que sigamos viendo un mayor número de empleados” argumentó.

Por su parte, la junta asegura que un estudio económico propio indicó que los cambios en la nueva Reforma Laboral tienen un impacto negativo en la tasa de participación laboral y, por consiguiente, en los ingresos del gobierno y las metas de inyección económica por lo que se oponen a su implementación.