A tono con la política pública de proteger a las víctimas de violencia doméstica, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley el Proyecto del Senado 731 que establece que el delito de agresión sexual conyugal no prescribirá cuando la víctima sea menor de 18 años y la persona imputada de cometer la comisión de delito sea mayor de esta edad. Además, firmó el Proyecto del Senado 663 para definir el concepto de violencia cibernética entre parejas o exparejas.

El Proyecto del Senado 731 fue avalado por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y por los Departamentos de Seguridad Pública (DSP), Justicia (DJ) y Familia (DF).

También, el gobernador Pierluisi firmó el Proyecto del Senado 663 que enmienda la Ley 54 para definir el concepto de violencia cibernética como aquel en el que se utiliza cualquier tipo de comunicación electrónica o digital. Esto puede ser mediante mensajes de texto, correo de voz, correos electrónicos o redes sociales, o cualquier otro medio digital, incluyendo sistemas de rastreo satelital, que tengan el efecto de acosar, perseguir, intimidar, amenazar o afligir a una persona con quien sostiene o ha sostenido una relación de pareja.

Asimismo, se establece que la violencia psicológica ocurrirá cuando medie algún tipo de comunicación electrónica entre las partes que han tenido relaciones sentimentales o de cohabitación, pero para que se constituya este delito no será necesario la prueba de un patrón de conducta.

Por otra parte, al darle paso al Proyecto del Senado 742, Pierluisi autorizó que se amplíe la cobertura de servicios en el hogar a menores de 21 años que por diversidades físicas o fisiológicas complejas, estén postrados en cama. También, tendrán el beneficio de turnos de un mínimo de ocho horas diarias por paciente para servicios de enfermería o de especialistas en terapia respiratoria o de técnicos de emergencias médicas-paramédicos debidamente licenciados. Además, todas las personas que cumplan 21 años y que recibieron o reciben servicios de asistencia clínica en el hogar pueden continuar recibiéndolos. 

El gobernador también convirtió en ley el Proyecto de Administración 73 (Proyecto del Senado 782) que crea la Ley del Programa de Internado Roberto Sánchez Vilella adscrito a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). De esta forma, estudiantes universitarios a nivel subgraduado y graduado tendrán la oportunidad de combinar los elementos teóricos y prácticos-gerenciales y fiscales en los procesos presupuestarios del Gobierno. Asimismo, el primer ejecutivo firmó el Proyecto del Senado 608 que declara el 17 de abril de cada año como el Día de la Concienciación sobre la Hemofilia.

Otras medidas que el gobernador firmó son las Resoluciones Conjuntas del Senado 345, 185 y 146. La primera designa el malecón del municipio de Cataño con el nombre del exalcalde Edwin ‘Amolao’ Rivera Sierra y la segunda hace lo propio con el paseo lineal de la carretera PR-187 que ubica en Piñones con el nombre del expelotero de Grandes Ligas, Roberto Clemente Walker luego de contar con el aval del municipio de Loíza. Por último, a través de la Resolución Conjunta 146 se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) evaluar la transferencia, usufructo o cualquier otro negocio jurídico de la escuela elemental Gracielina Rosado de Machado al municipio de Isabela. 

Mientras, el gobernador Pierluisi, expresó mediante carta a los presidentes legislativos las razones por las cuales no firmó los Proyectos del Senado 665, 414 y la Resolución Conjunta del Senado 50. Sobre la primera medida, que pretendía establecer, por un periodo de 30 años y por sectores, la política pública sobre la infraestructura de Puerto Rico, el gobernador indicó, que a pesar de que la medida persigue un fin loable, “resulta innecesaria ya que crea una estructura paralela a las existentes, con funciones similares”.

El gobernador recordó que la Junta de Planificación (JP) es el organismo administrativo que está actualmente facultado en ley para guiar el desarrollo integral y hacer determinaciones sobre el uso de los terrenos en Puerto Rico. La entidad es la responsable de preparar y adoptar el Plan de Desarrollo Integral Sostenible de Puerto Rico vigente con el propósito de guiar a las instrumentalidades del Gobierno en la formulación de sus planes, programas y proyectos. “Esta es la política pública actual que continuará desarrollando nuestra administración”, reiteró.

Asimismo, la JP es la responsable de preparar el Programa de Inversiones de Cuatro Años (PICA), uno de los recursos más importantes para guiar las mejoras capitales e inversiones en infraestructura a corto y mediano plazo. El PICA correspondiente a los años fiscales 2022-2023 a 2025-2026 establece los objetivos y prioridades dentro de los cuales se enmarcan tanto el presupuesto anual de gastos corrientes como los programas anuales de mejoras permanentes que prepara la OGP.  Este contiene las metas y objetivos sociales y económicos del Gobierno que se esperan lograr, así como también los programas y actividades que llevarán a cabo los distintos organismos gubernamentales para alcanzar dichas metas y objetivos en términos sectoriales y funcionales. Para estos fines la JP es la única facultada, y cuenta con el andamiaje y el peritaje para ello.

En torno a la propuesta de crear una Junta Multisectorial para crear un plan de infraestructura, Pierluisi les aclaró que la misma entraría directamente en conflicto con los propósitos y facultades de la JP.

“La formulación de la política pública de planificación e infraestructura en Puerto Rico es y ha sido delegada por la Asamblea Legislativa a la JP y por ende al Ejecutivo, por lo que su encargo a otro ente resultaría en una duplicidad de esfuerzos y de gastos, en momentos que Puerto Rico encara una situación fiscal con limitación de recursos”, indicó el gobernador.

Con relación al Proyecto del Senado 414, que pretendía enmendar la Ley del Programa de Educación Prepagada de la Universidad de Puerto Rico (UPR), para, entre otras cosas, eliminar varias restricciones, Pierluisi comentó que la misma tiene el potencial de reducir los ingresos por concepto de matrícula mientras que el Plan Certificado para la UPR busca incrementar los ingresos de la institución universitaria. Además, la medida carece de mecanismos para neutralizar la posible reducción en ingresos y omite disposiciones legales de 2015 que, al no ser incluidas en el Proyecto, las derogaría. 

Por último, el gobernador informó que apoya el propósito de la Resolución Conjunta del Senado 50, que era que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) realizara un estudio de viabilidad y de financiación para construir un conector entre las carreteras PR-681 y PR-2 en jurisdicción del municipio de Arecibo y que el mismo ya se realizó. Sin embargo, la medida proponía utilizar fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario para Recuperación ante Desastres (CDBG-DR o CDBG-MIT) asignados por parte del Departamento de la Vivienda federal y el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico, que es el ente recipiente de dichos fondos, está imposibilitado de obligar partidas para un proyecto sin que haya pasado por la evaluación requerida para corroborar su cumplimiento con los requisitos de elegibilidad y con las regulaciones federales y locales aplicables. “La exigencia a esos fines en este Proyecto colocaría al Gobierno en un posible incumplimiento con los términos de la referida subvención, lo que podría redundar en la desautorización de los fondos”, concluyó.