El gobernador Pedro R. Pierluisi dijo el lunes que incluirá dentro del presupuesto que se someterá ante la Junta de Control Fiscal (JCF), todos los elementos para hacer valer la orden ejecutiva por violencia de género que decretó.

“Hay un detalle como, por ejemplo, incluir en la petición presupuestaria todos los recursos que entendemos van a ser necesarios en todas las agencias concernidas. La orden establece este comité con representación de todas las agencias que atienden esta problemática”, dijo Pierluisi en conferencia de prensa.

La Orden Ejecutiva 2021-13, establece mecanismos puntuales como la designación de un Oficial de Cumplimiento, que responderá al Gobernador, para fiscalizar, dar seguimiento y monitorear la implementación de la Orden. Además, crea el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género (Comité PARE) en el que se designan 17 miembros y aumenta a tres la representación de las organizaciones que se dedican a proveer servicios y luchar contra la violencia de género. Este Comité será presidido por la secretaria de la Familia, Carmen González Magaz, quien posee una maestría y doctorado de la Universidad Carlos Albizu, siendo su internado y tesis doctoral en violencia de género.

Otra de las disposiciones de la Orden, es que se ordena crear una aplicación de teléfono móvil que ayude a víctimas de violencia de género a solicitar ayuda de emergencia ocultando el mensaje enviado para proteger a la víctima de su agresor. Igualmente, cada agencia en coordinación con la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) tendrá que identificar los recursos internos, fondos estatales y federales, externos disponibles para cumplir con las disposiciones de la Orden Ejecutiva, y de ser necesario, solicitar fondos adicionales para manejar la emergencia declarada.

Como esfuerzo abarcador para prevenir fatalidades y proveer mayor seguridad a las víctimas, se crea un programa de seguimiento para que toda persona que tenga una orden de protección por violencia de género, sea contactada y/o visitada por un oficial del orden público para verificar su seguridad. Asimismo, se ordena el establecimiento de mecanismos de capacitación para todos los agentes de orden público y personal de agencias de gobierno relevantes a los esfuerzos del Comité PARE, así como la optimización de los procesos para compilar estadísticas confiables sobre la incidencia de la violencia de género. También, se ordena la evaluación para emitir recomendaciones sobre la implantación del Plan ALERTA ROSA y se ordena explorar maneras de mejorar la atención a víctimas vulnerables a través de las divisiones especializadas del Departamento de Justicia.

Tomando en cuenta que en múltiples ocasiones en los casos de violencia de género hay un factor económico que no permite a la víctima tener las herramientas necesarias para empoderarse y separarse de su situación de violencia, la Orden Ejecutiva ordena al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) a crear y ampliar programas que viabilicen e incentiven la integración de mujeres a la fuerza laboral. Además, se procura la colaboración de todas las clínicas de asistencia legal de las escuelas de Derecho de Puerto Rico para ayudar a víctimas de violencia de género.

Para concienciar, educar y prevenir la violencia de género se instruye el diseño y diseminación de campañas mediáticas efectivas sobre la violencia de género en alianza con la empresa privada.

Finalmente, se establece que el Comité PARE deberá publicar un primer informe de progreso dentro de 45 días de la primera reunión y cada 30 días por la duración de la orden que será hasta el 30 de junio de 2022, prorrogable por el gobernador a petición del Comité PARE.

Por otra parte, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Manuel Bonilla Sánchez, aseguró que el decreto de estado de emergencia por violencia de género es un paso positivo para comenzar a erradicar la violencia contra las mujeres.

“Era necesario y meritorio porque desde hace mucho tiempo, grupos y organizaciones en pro de los derechos de las mujeres estaban luchando para que se les escuchara y se les concediera un estado de alerta nacional. Nosotros como organización que representa al magisterio, apoyamos esta orden ejecutiva, no solo porque nuestra matrícula está conformada en su mayoría por mujeres, sino porque como educadores apoyamos la perspectiva de género en las escuelas. La educación es la base para lograr arrancar de raíz la violencia machista”, expresó Bonilla Sánchez en declaraciones escritas.

Indicó que la violencia de género es un tema delicado y de prioridad para el pueblo puertorriqueño.

“Esperamos que con esta orden ejecutiva firmada por el gobernador Pierluisi, se desarrolle un plan detallado que sea abarcador a nivel isla y que se implemente en las escuelas y colegios. Esto debe comenzar desde los grados pequeños y que también se incluyan a los maestros y por supuesto a los padres. Esto es un mal social y nos compete a todos educarnos y ayudar a otros para lograr un mejor país”, puntualizó Bonilla Sánchez.

De otro lado, Proyecto Dignidad publicó recientemente en sus redes sociales cuál es su posición en torno a la Orden Ejecutiva OE-2021-01 emitida por Pedro Pierluisi, gobernador de Puerto Rico, en torno a la declaración de emergencia contra la violencia de género.

“Estamos en contra de la violencia contra todos, sea contra la mujer, o contra el hombre, sea contra el niño o el adolescente, sea contra el adulto mayor, sea contra el ciudadano legal o cuidando sin papeles; sea contra quien sea. No importa la limitación o la vulnerabilidad de la víctima. Todos debemos ser respetados y todos debemos ser protegidos. Creemos en la dignidad de todos” expresó el doctor César Vázquez Muñiz, presidente y fundador de Proyecto Dignidad.

Por tal razón, “entendemos que la orden ejecutiva declarando el estado de emergencia ante el aumento de casos de violencia de género en Puerto Rico, adolece de ser insuficiente para atender efectivamente el problema y de ser discriminatoria porque no protege otros sectores sociales igualmente en peligro” añadió Vázquez Muñiz.

“El primer problema es que falta a la verdad. Comienza por decir que “en los pasados años, los casos de violencia de género, especialmente en contra de la mujer han aumentado considerablemente…” (cuarto “por cuanto”, 1ra pág) Esto no es cierto. Del 2011 al 2015 hubo 95 asesinatos por violencia doméstica, mientras que en el 2016 al 2020 hubo alrededor de 70. Se adjunta la tabla ‘Asesinatos confirmados por causal de Violencia Doméstica’ de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres” puntualizó el excandidato a gobernador por Puerto Rico en las pasadas elecciones.

También, las querellas por violencia doméstica han disminuido. (ver tabla adjunta) Año 2009: 19,625 incidentes;  Año 2012: 12,817 incidentes;  Año 2015: 9,039 incidentes ; Año 2018: 6,905 incidentes; Año 2019: 6,725 incidentes.

“No es cierto que la violencia contra la mujer haya aumentado en los últimos años. Las estadísticas oficiales demuestran lo contrario. Sí es cierto que los medios le han dado más realce a estos asesinatos y que hay organizaciones que explotan en los medios estos crímenes para presionar al gobierno a que imponga la ideología de género” continuó diciendo Vázquez Muñiz.

La Orden Ejecutiva le exige a las agencias que hagan lo que se supone que estén haciendo a la luz de la Ley 54 contra la violencia doméstica. Es una repetición. Por otro lado, añade otro nivel de burocracia al gobierno y ordena se separe presupuesto no identificado en todas las agencias para apoyar un proceso ambiguo no estructurado. Es una orden inconsecuente, según las declaraciones de Vázquez Muñiz en representación del partido Proyecto Dignidad.

“Lo peor de todo, es que no atiende las condiciones de la violencia, que ya están más que identificadas por todo un cuerpo de investigación sobre el tema. Asuntos como el abuso de drogas y alcohol, la presencia de problemas mentales, las diferencias socioeconómicas, el desempleo y la pobreza, entre otros. Aparte de eso, no enfrenta el problema principal que como sociedad tenemos que es la violencia generalizada contra todos los sectores. ¡Todos vivimos atemorizados por la violencia que nos arropa! La Orden Ejecutiva no sólo es insuficiente e inefectiva; es discriminatoria” puntualizó el doctor Vázquez Muñiz, especialista en medicina interna y cardiología, por los pasados 25 años.