El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, envió a la Asamblea Legislativa cuatro medidas de administración. Entre estas, una legislación para crear la nueva “Ley de Estándares de Seguridad de Gomas y Neumáticos”. El proyecto legislativo busca reglamentar la venta y utilización de gomas usadas y establecer unos estándares mínimos de calidad. También sometió legislación para regular los donativos políticos en periodo eleccionario, analizar el impacto económico de la pandemia del COVID-19 y actualizar el Registro de la Propiedad.

Al presente, no existe ley alguna en Puerto Rico que regule la venta de neumáticos usados, por lo que esta medida busca que se cumplan con estándares de calidad para garantizar la seguridad del conductor. La legislación establece criterios puntuales con los que deben contar los neumáticos. Algunos de estos son, que las gomas no tengan una banda de rodamiento inferior a 4/32 de pulgada de profundidad o que presente fragmentación, protuberancias, nudos o chichones que evidencian separación o daños de la cinta, capa o banda de rodadura u otro material adyacente. También, los neumáticos deben mostrar claramente el número de identificación del Departamento de Transporte de Estados Unidos ubicado en el costado del neumático y no pueden tener más de seis años de fabricada o que haya transcurrido su fecha de expiración, entre otros estándares.

El objetivo de esta medida es impedir que gomas que no cumplan con las cualidades aptas sean usadas en Puerto Rico, lo que disminuiría la contaminación que hay actualmente con la acumulación por exceso de neumáticos usados que no pueden ser reciclados. Para atender esta problemática, el gobernador estará también promulgando una Orden Ejecutiva con el fin de permitir que se utilice neumático pulverizado como mezcla de asfalto sujeto a ciertas condiciones para garantizar la seguridad vial.

Regulación de donativos políticos

Otra de las medidas legislativas enviadas por el gobernador Pedro R. Pierluisi busca prohibir que toda persona natural o jurídica que tenga, posea, interese tener, o licite para obtener un contrato con cualquier entidad de gobierno, incluyendo a los municipios, realice una donación a un partido político, aspirante, candidato, comités, 90 días antes de una elección general.

Dicha prohibición será extensiva a cualquier oficial directo de alguna persona jurídica que tenga, posea, interés o licite para obtener un contrato gubernamental. De la misma manera, dicha prohibición será extensiva a los 90 días antes y 90 días después de licitar para, o de obtener, o renovar, un contrato con cualquier entidad del gobierno central y/o municipal.

“Cumpliendo con un compromiso de la plataforma de gobierno, estoy radicando esta medida de sana administración pública, pues aunque reconozco que existe la libertad de asociación, es sumamente necesario establecer parámetros que nos permitan mayor transparencia para combatir la corrupción”, sostuvo el gobernador.

Impacto económico del COVID 19

Por otra parte, el gobernador presentó una pieza legislativa que ordena a varias instituciones del gobierno, comandados por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), a realizar en un periodo de 180 días, un estudio para analizar los efectos de la pandemia en los siguientes sectores críticos: salud, comercio, pequeños y medianos empresarios, turismo, bienes raíces, agricultura, servicios y construcción, entre otros. Esto con el objetivo de construir un programa multisectorial de iniciativas y soluciones dirigidas al desarrollo económico a corto, mediano y largo plazo tras el impacto de la pandemia.

En el informe final sometido al gobernador y a la Asamblea Legislativa deberán ofrecer recomendaciones para la reconstrucción con especial énfasis en la identificación de fondos y/o agilizar los mismos y los proyectos necesarios para la recuperación. También, sugerir posible legislación, proveer alternativas para el fortalecimiento de la industria local, recomendaciones en torno a la burocracia y los permisos gubernamentales que han enfrentado los comercios locales, entre otras facultades y funciones designadas al grupo.

Agilizar Registro de la Propiedad

Por último, el gobernador sometió legislación para agilizar en el Registro de la Propiedad todo documento presentado en o antes del 31 de diciembre de 2020 bajo unos parámetros mínimos de calificación que garanticen los principios registrales de tracto y especialidad. Las inscripciones bajo esta ley se podrán ejecutar de manera expedita lo que permitirá actualizar los datos del Registro de la Propiedad en un máximo de tres años.

“Estas cuatro piezas legislativas se unen a las 13 ya sometidas a la Asamblea Legislativa para su evaluación. Todas estas medidas buscan el bienestar común, atienden asuntos para mejorar eficiencia y buscan sana administración. Confío que tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado puedan hacer una evaluación justa de las mismas”, concluyó el gobernador.