La gobernadora Wanda Vázquez convirtió en la Ley 144-2019 un proyecto del senador por el Distrito de San Juan, Miguel Romero, que enmienda el Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico y garantiza a los empleados y funcionarios públicos que denuncien actos de corrupción se les ofrezca gratuitamente a través del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la asistencia legal necesaria para incoar o participar en cualquier procedimiento civil, penal o administrativo que surja al amparo de las protecciones que les otorga el Título IV de dicho Código. 

Romero expuso que “los empleados públicos ahora pueden solicitar del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos la asistencia legal necesaria para hacer valer las protecciones que les ofrece el Código Anticorrupción. Esto es un incentivo para que nuestros empleados públicos tomen el paso al frente y denuncien cualquier acto que atente contra el buen funcionamiento del Gobierno sin temor a represalias. Esta Ley definitivamente se establece con la intención de restaurar la confianza del Pueblo en nuestras instituciones públicas”. 

“Los empleados públicos que tienen la valentía de denunciar la corrupción están cumpliendo con un deber y, en el cumplimiento de ese deber, el Gobierno tiene una responsabilidad de proteger al que cumple con la ley y ayuda a combatir este mal”, expresó el Senador por San Juan. Añadió, además, que “no debe haber un solo empleado público que, haciendo denuncias legítimas en protección del propio Gobierno, deba sentirse en un estado de vulnerabilidad en cuanto a su permanencia en su empleo tras hacer lo correcto”.

El senador concluyó que “esta Ley provee una herramienta adicional en protección de los mejores intereses del Pueblo. En tiempos de crisis fiscal, tenemos que asegurarnos que existan todas las protecciones adecuadas para cada centavo de nuestro Gobierno. Agradezco a la gobernadora Wanda Vázquez la firma de tan importante medida”.