La gobernadora Wanda Vázquez firmó los Proyectos de la Cámara 2143 y 2144 para enmendar la “Ley para regular la práctica de la enfermería en Puerto Rico” para añadir nuevas categorías en la práctica de enfermería y aumentar el salario mínimo a ser devengado por estos profesionales de la salud, tanto en el sector público como privado.

“Es meritorio promover unas mejoras en las condiciones de empleo de estos profesionales de la salud, cuestión de fomentar que una mayor cantidad de personas lo estudien y se gradúen. De hecho, son las profesiones relacionadas con la industria de cuidado de la salud las que figuran entre los empleos de mayor demanda en Puerto Rico, incluyendo los enfermeros graduados, y los enfermeros prácticos y vocacionales con licencias.  Nosotros necesitamos retener el mejor personal en nuestra isla y garantizar mejores condiciones de trabajo para estos profesionales. Los profesionales de la enfermería son la espina dorsal de nuestro sistema de salud, sin embargo, no han recibido un ajuste en su sueldo mínimo desde el año 2005. Eso cambia en el día de hoy”, expresó Vázquez Garced.

Los aumentos en las distintas categorías de enfermería fluctúan entre $250 hasta $500 mensuales, dependiendo de la experiencia.  El Proyecto de la Cámara 2143, del representante Jose “Quiquito” Meléndez, dispone que el secretario del Departamento de Salud establecerá un procedimiento por etapas, para cumplir con las nuevas escalas aquí dispuestas, disponiéndose que para el 1 de julio de 2022, todo el personal de enfermería en el servicio público deberá estar ubicado en su escala correspondiente.  En cuanto al Proyecto de la Cámara 2144, se dispuso que los patronos, podrán implementar los salarios dispuestos mediante un periodo escalonado de transición que se podrá extender por 18 meses, disponiéndose que, en julio del 2023, todo el personal de enfermería en el servicio privado deberá estar ubicado en la escala correspondiente.

Ambas medidas de aumento de sueldo a los profesionales de la enfermería fueron incluidas por la Vázquez Garced en su convocatoria para la pasada Sesión Extraordinaria que culminó a principios del pasado mes de agosto.  Estos profesionales no reciben un aumento de sueldo desde el año 2005.

La gobernadora también firmó el Proyecto de la Cámara 2583. La medida esboza unas guías más claras con el propósito de que los reglamentos que se promulguen sobre los procesos de revisión de utilización para los servicios médico-hospitalarios sean más precisos y eficientes. 

El proyecto, que fue una de las medidas de administración que había sido de las anunciadas por la gobernadora al convocar la pasada Sesión Extraordinaria,  enmienda la “Ley para Establecer la Política Pública del ELA Relacionada con la Interpretación de las Disposiciones del Código de Seguros de Salud y Emitir Prohibiciones”, también busca que se haga el pago puntual por parte de las aseguradoras, en un término de 30 días, y se enfatiza en que las guías de revisión clínica utilizadas en el proceso de revisión de utilización no podrán ser sustituidas por la discreción médica a la hora de proveerle los servicios de salud a los pacientes, siempre y cuando se ofrezcan dentro de los estándares reconocidos por la comunidad médica.

Otra de las enmiendas es para definir lo que constituye factura limpia o “clean claim”, de manera que se pueda estandarizar el concepto factura limpia, haciéndolo obligatorio y vinculante para todo contrato entre aseguradora y proveedor de servicios de salud, proveyendo términos precisos y claros sobre el contenido mínimo que conforma una factura limpia tanto para la aseguradora como para el proveedor de servicios de salud.

Por otra parte, el Proyecto del Senado 1528 establece la “Ley de protección al paciente ante las facturas médicas sorpresa”, y enmienda el “Código de Seguros de Salud de Puerto Rico”, a los fines de atajar las llamadas “facturas sorpresa” en la facturación de los planes de salud, establecer protecciones al consumidor, transparencia, control de costos y responsabilidad, fuera de la red de proveedores.

Las llamadas “facturas sorpresa” pueden surgir de diferentes maneras. Por ejemplo, en una emergencia, un paciente puede terminar en un hospital que no está en la red de su asegurador. Incluso, para una cirugía programada en un hospital dentro de la red, no todos los médicos (cirujanos, anestesiólogos, por ejemplo) pueden estar en el plan de los pacientes.  Cuando los proveedores de atención médica están fuera de la red del plan, los cargos por los servicios pueden solo estar parcialmente cubiertos o no estar cubiertos en lo absoluto, según el tipo de seguro y el diseño de los beneficios. En algunos casos, los servicios particulares (por ejemplo, ciertas pruebas de laboratorio) o productos (por ejemplo, ciertos medicamentos recetados), también pueden no estar cubiertos por un plan de salud.

Los consumidores y aseguradores han reportado cargos exorbitantes por parte de ciertos profesionales e instalaciones de la salud por concepto de servicios fuera de la red, incluyendo en la facturación del saldo. Además, en ciertos casos se remiten a cobro, lo que redunda en el aumento en los costos de los servicios y seguros de salud y en más sacrificios a los consumidores de atención médica. La medida hoy firmada y que fue presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, busca establecer los mecanismos para reformar el sistema de prestación de atención médica para mejorar la protección del consumidor, establecer un sistema para evitar las facturas sorpresas, resolver ciertas disputas de facturación de atención médica, atender el aumento en los costos y medir el logro de estos objetivos.

“La política pública de este gobierno es en beneficio de los pacientes. Como he dicho anteriormente, de ahora en adelante los tratamientos y servicios de salud los determinan los médicos y no las aseguradoras. Seguiremos trabajando a favor de los pacientes, con leyes y medidas que les hagan justicia y les ayuden a recibir el servicio y tratamiento que necesitan y merecen”, manifestó Vázquez Garced.

Por otra parte, la gobernadora firmó el Proyecto de la Cámara 2075 para crear el Instituto de Ciencias Forenses de Puerto Rico.

“Reconocemos que la Ley del Departamento de Seguridad Pública (DSP) firmada en 2017 buscaba transformar las actividades gubernamentales de seguridad en un solo departamento con la misión principal de preparar, prevenir, defender y proteger la isla. Sin embargo, el Instituto de Ciencias Forenses, han sido más los tropiezos que los beneficios que ha obtenido dentro de la estructura del DSP. Ciencias Forenses necesita ser una entidad autónoma para poder realizar su trabajo investigativo y científico a cabalidad”, añadió Vázquez Garced junto con la comisionada del Negociado de Ciencias Forenses, María Conte.