Conforme con el compromiso establecido por la gobernadora Wanda Vázquez Garced, hoy presentó al Orden Ejecutiva 2020-078 que se fundamenta en el reconocimiento de los derechos de todos los seres humanos instituido en la Constitución de Puerto Rico, la Carta de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y las políticas públicas del Gobierno de Puerto Rico, contenidas en nuestro ordenamiento jurídico.

En el documento se establecen aspectos de importancia y relevancia para la protección de las mujeres en Puerto Rico y fue el producto de meses de trabajo entre el ejecutivo y organizaciones no gubernamentales que laboran en la protección y defensa de las víctimas.

“Desde que comenzamos en agosto de 2019, una de las principales prioridades fue comenzar a trabajar medidas que refuercen los derechos de todas las mujeres, que eviten la violencia y poder establecer protocolos para la prevención, atención y ayudas para las víctimas. Comenzamos a reunirnos con grupos de mujeres comprometidos con traer recomendaciones y soluciones, que se fueron trabajando en conjunto con el gobierno. Las diferentes emergencias que que ha enfrentado nuestro pueblo en los últimos meses se convirtieron en la prioridad para la atención de las necesidades de las mujeres. Los terremotos y la pandemia por ende retrasaron un poco los procesos, pero no dejamos de trabajar en este plan, por el bien de todas las víctimas en Puerto Rico”, destacó la gobernadora.

La Orden Ejecutiva y el protocolo de acción fue preparado y evaluado por la Oficina de la Primera Dama, liderado por su directora, la Dra. Marilú Cintrón, quien trabajó arduamente dándole seguimiento a las reuniones para poder completar el proceso.

La Orden Ejecutiva declara servicio de prioridad la atención de los casos de violencia a la mujer y ordena la creación de campañas de prevención y educación a la comunidad sobre los accesos a servicios para mujeres, que se transmitan mediante cápsulas informativas en las estaciones de comunicación del Gobierno de Puerto Rico. Así mismo, impone esta obligación a los departamentos de la Familia, Justicia y Educación. Este último deberá para el próximo curso escolar en agosto 2021, extender a todo el sistema escolar las escuelas especializadas coeducativas y todo su personal deberá estar adiestrado en equidad, derechos humanos y civiles para diciembre de 2020.

La Orden Ejecutiva está acompañada del documento “Protocolo de Acción para Combatir la Violencia Hacia las Mujeres en Puerto Rico” en el que se detallan estrategias y objetivos de implementación que serán dirigidas por una Comisión Multisectorial contra la Violencia hacia la Mujer (COMUVI) y que será presidida por el secretario o secretaria de Justicia y, la segunda vicepresidenta será ocupada por la Procuradora de las Mujeres (OPM) y una representante de organizaciones no gubernamentales. La COMUVI aglutina las principales agencias de seguridad, salud física y mental, familia y educación e incluye al Instituto de Estadísticas y un representante de la Asociación y de la Federación de Alcaldes, así como de los medios de comunicación. Además, se ordena que en cada agencia haya un oficial de cumplimiento a estos fines.

También se ordena al Departamento de Justicia, en colaboración con el Negociado de la Policía de Puerto Rico, trabajar en la creación de un “Protocolo de Investigación en los casos de la muerte violenta de mujeres por razón de género”, como parte de la implementación de la Ley 83 de 2020 que ordena la creación de una Unidad de Crímenes Contra la Mujer y Violencia Doméstica, en el Negociado de la Policía. La Orden Ejecutiva persigue además la asignación de fondos adicionales a la OPM y a la Policía de Puerto Rico por parte de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y ordena a cada agencia el separar en los presupuestos partidas para la ejecución de las políticas públicas de prevención y atención a la violencia hacia las mujeres en los espacios ocupacionales.

Es este mismo renglón, se obliga a las agencias del gobierno a incluir en sus partidas presupuestarias a partir de julio de 2021 una cantidad como recursos para que cada agencia cumpla con las políticas públicas favorecedoras a las mujeres. Aquellas agencias que reciben fondos federales se limitan el tiempo para la asignación de dichos fondos a las organizaciones y agencias. La anterior disposición busca agilizar la otorgación de fondos federales para atender las necesidades de las víctimas de la violencia de género. Las agencias tendrán un término de 90 días desde que recibió la notificación federal de la adjudicación de fondos para radicar la notificación de solicitud de propuestas, y luego 90 días para el análisis y otorgación de fondos a las entidades.

Entre las organizaciones que participaron en la confección de estas medidas, se encuentran: Fundación Alas para la Mujer; Centro Salud Justicia de Puerto Rico; Red de Albergues; Mujeres por Puerto Rico; Mujeres Ante la Adversidad; Mujeres Líderes de Puerto Rico; Coalición Las Lolas y Coordinadora Paz para la Mujer, organización que agrupó las recomendaciones de La Colectiva Feminista en Construcción; Movimiento Amplio de Mujeres y Taller Salud. Así mismo, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres colaboró en este proceso.

“Agradecemos a todos los funcionarios de las agencias gubernamentales que participaron de este proceso y a las organizaciones no gubernamentales que luchan y protegen los derechos de las mujeres por su compromiso y entrega en el trabajo que hicimos para ayudar a todas las mujeres que viven en Puerto Rico”, agregó Vázquez Garced.