Por: Rafael René Díaz Torres | Centro de Periodismo Investigativo

En el anuncio del Gobierno de Puerto Rico esta semana sobre el plan de acción para atender el impacto de la erosión costera se ignoró el rol que por mandato de ley tienen los integrantes del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático para manejar este asunto que afecta los municipios costeros del país. Más allá de no haber ningún miembro científico de ese Comité presente en el anuncio, no se les consultó sobre el plan presentado, confirmó el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

El pasado 2 de septiembre, La Fortaleza anunció que ese día se reunió un grupo de trabajo que elaborará un plan de acción para atender la erosión costera. El encuentro, que incluyó jefes de agencia de Puerto Rico y representantes del Gobierno federal, se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Miramar.

El CPI tuvo comunicación con cinco de los nueve integrantes del Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, y aunque todos informaron haber recibido una invitación para la reunión, al menos cuatro miembros de los seis integrantes científicos dijeron desconocer de qué se trata el plan de acción anunciado y mostraron preocupación de que el Gobierno no haga valer la Ley 33, que entró en vigor el 1 de julio de 2019.

Según la Ley Núm. 33 del 2019, la erosión costera debe atenderse como un problema prioritario en la elaboración del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático que el Comité debe presentar para la aprobación de la Asamblea Legislativa y la firma de la Gobernadora.

“A nosotros nos avisaron de la reunión con dos días de anticipación. Mi agenda corre con dos semanas. Yo tengo dos proyectos con NASA, tengo proyectos con NSF y mi agenda corre de dos semanas en dos semanas. Avisarme con dos días de anticipación no es suficiente”, dijo al CPI, Pablo Méndez Lázaro, uno de los miembros del Comité.

“Eso [la reunión en el Centro de Convenciones] es un evento grande, poderoso e importante. Avisarlo con tan corto aviso, para mí ya muestra que es un poco desorganizado”, añadió el también profesor e investigador del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR), quien al igual que las otras personas contactadas por el CPI, habló en su carácter personal y no a nombre del Comité.

Además de Méndez Lázaro, el Comité lo componen otros cinco científicos, incluyendo a la meteoróloga y presentadora de noticias atmosféricas, Ada Monzón, el climatólogo y profesor universitario, Rafael Méndez Tejeda, la geóloga y profesora universitaria, Maritza Barreto Orta, el ingeniero y ex director para el Caribe de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA en inglés), Carl Soderberg, y el experto en temas de energía e integrante del Instituto Rocky Mountain, Roy Charles Carter Torbert. Estas seis personas fueron designadas por la gobernadora Wanda Vázquez Garced en septiembre 2019.

Además de los seis científicos, el grupo lo completan tres miembros ex officio, que son el presidente de la UPR, el secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio y el secretario del Departamento del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), quien preside el Comité.

Ninguno de los seis miembros científicos del Comité asistió a la reunión en el Centro de Convenciones. Sí asistió el Secretario del DRNA.

Barreto Orta, Méndez Tejeda, Monzón y Méndez Lázaro hablaron con el CPI y adujeron su ausencia a razones personales o la imposibilidad de incluir en sus calendarios un evento del cual fueron informados a última hora. Uno de los integrantes del Comité preguntó si podía conectarse virtualmente a la reunión, pero no recibió respuesta del Gobierno.

“Buena señal que nos hayan invitado”, respondió por escrito Soderberg, al afirmar que sí fue invitado a la reunión, aunque no asistió debido a compromisos previos.

Reclamos de asignación de presupuesto

Aunque todos los integrantes del Comité siempre realizarán su labor de manera voluntaria o ad honorem, los cuatro que conversaron con el CPI reclamaron la asignación de un presupuesto para poder desarrollar la estructura y contratar el personal que aportará al desarrollo del Plan de Mitigación, Adaptación Resiliencia al Cambio Climático, que es lo que exige la ley.

“Nosotros trabajamos ya el bosquejo del Plan. Lo que pasa es que no podemos trabajar sin fondos y el Comité no tiene asignado fondos. Ese es el escollo ahora mismo. Lo que nosotros teníamos que hacer, se hizo. Se hizo la evaluación con las diferentes agencias de Gobierno. Se trabajó el bosquejo y se hicieron unas gestiones para tratar de obtener fondos, que no es para nosotros, porque nosotros somos en calidad voluntaria”, explicó Monzón.

“Nosotros no tenemos personal clerical. Nosotros no tenemos quien haga estudios de viabilidad de un proyecto energético. Si es la hora de hacer proyectos, pues que nos den el presupuesto para cumplir con la ley”, expresó por su parte, Méndez Tejeda, quien tiene rango de catedrático en la UPR en Carolina.

La Ley 33 fue firmada por el ex mandatario Ricardo Rosselló Nevares semanas antes de su forzada renuncia en el verano de 2019. Al momento de las agencias presentar su propuesta inicial de presupuesto en noviembre de ese año, el Comité creado por la ley ya estaba constituido. Sin embargo, el DRNA, que es la agencia a la cual está adscrito este grupo de trabajo, no incluyó la labor del Comité como parte de la partida presupuestaria presentada al Gobierno. Durante la elaboración del borrador de presupuesto, la secretaria del DRNA era Tania Vázquez Rivera, quien renunció a su cargo el 31 de octubre de 2019, luego de que el Negociado de Investigaciones Federales (FBI,en inglés) reveló presuntas irregularidades en contrataciones hechas por la agencia durante su mandato.

“Elaborar el presupuesto fue mi encargo, lo aprobaron en el Comité y luego fue sometido a la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Pero Tania (Vázquez Rivera), se supone que hubiese sometido el presupuesto considerando al Comité porque los presupuestos se someten desde noviembre y el Comité fue aprobado desde julio (2019). Ella tuvo tiempo suficiente para que cuando sometiera el presupuesto a OGP, mencionara que tenía un nuevo comité que necesita presupuesto”, comentó Méndez Lázaro.

El secretario actual del DRNA, Rafael Machargo Maldonado reaccionó al reclamo de falta de presupuesto para el Comité. “El Secretario del DRNA, en su calidad de presidente del Comité creado mediante la Ley 33, junto a un sub-comité del Comité creado mediante la Ley 33, iniciaron las discusiones con OGP para la asignación de un presupuesto operacional para el Comité”, dijo en declaraciones escritas.

El mandato de la ley para que el Comité trabaje el tema de erosión en su Plan aparece en la sección h del Artículo 9 del estatuto. En el punto número 7 de la sección de “Sistemas Marinos y Zonas Costaneras” se establece que el Plan deberá “atender con prioridad la erosión costera, y ejecutar estrategias de mitigación, adaptación y resiliencia como una alternativa para reducir la vulnerabilidad de otras manifestaciones del cambio climático como lo son las marejadas, inundaciones y aumento del nivel del mar”.

¿Duplicidad de esfuerzos?

Tras la reunión del pasado 2 de septiembre, la Gobernadora difundió un comunicado en el que le agradeció a científicos, académicos y expertos por “su compromiso inquebrantable con el ambiente”.

“Es hora de que estas discusiones pasen a la ejecución y por eso es importante que estemos aquí todos juntos”, declaró Vázquez Garced por escrito.

Son precisamente los científicos y expertos a las cuales aludió la Gobernadora, las personas que deben continuar al frente y ejecutar los esfuerzos para la elaboración del Plan, según establece la Ley 33.

“Ya hay un mandato. No hay que hacer ningún plan. Eso (el mandato) está ya”, aseguró por su parte, Barreto Orta, quien además de ser parte del Comité, es catedrática en la Escuela Graduada de Planificación de la UPR en Río Piedras.

“Lo que haga el Gobierno tiene que alinearse a la Ley 33 y se debe apoyar al Comité de Expertos y Asesores, específicamente en el aspecto de ayudar a que se le asignen los fondos para el presupuesto que, según el mandato de la ley, debe tener el Comité para poder hacer el plan que debe entregarse a la Comisión (Conjunta sobre Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de la Asamblea Legislativa)”, añadió la investigadora especializada en temas de erosión costera en el Caribe.

Uno de los aspectos que el comunicado de La Fortaleza destacó fue la oportunidad de utilizar fondos de mitigación de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) para atender el impacto de la erosión costera. Precisamente, varios de los integrantes del Comité creado por la Ley 33 ya tienen amplia experiencia trabajando propuestas y proyectos federales con este tipo de fondos otorgados por FEMA.

El pasado 25 de agosto se publicó parte de los hallazgos del estudio “El estado de las playas de Puerto Rico Post-María”. En el proyecto, que utilizó fondos de mitigación para riesgos de FEMA, participaron Barreto Orta y Méndez Tejeda. El tema de erosión costera es uno central en la investigación.

“Si ellos (en el Gobierno) hubiesen querido presentar algo importante en esa reunión, Maritza (Barreto) y yo, con el proyecto que tenemos con el COR3 (Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico), habíamos hecho una presentación de los 44 pueblos costeros. Nosotros tenemos la propuesta para trabajarlo todo”, destacó Méndez Tejeda, al recalcar que el Comité debe tener un rol protagónico en el desarrollo del plan de acción gubernamental para trabajar la erosión costera.

El Comité fue designado por la Gobernadora en noviembre 2019, y todos sus integrantes pasaron por la evaluación tanto del Senado como de la Cámara de Representantes. La primera reunión del grupo no fue hasta febrero de este año.

La Ley 33 establece que el Comité tenía 12 meses, a partir del inicio de su vigencia, para presentar el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático a la Comisión Conjunta de ese mismo nombre en la Asamblea Legislativa. Como la ley entró en vigor el 1 de julio de 2019, la fecha límite para someter el Plan era en junio de este año.

Reconociendo la tardanza con la cual el Comité se constituyó y fue aprobado por la legislatura, el senador Carlos Rodríguez Mateo propuso varias enmiendas a la ley, incluyendo la extensión hasta febrero 2021 del período límite para presentar el Plan. Las enmiendas fueron aprobadas por el Senado, pero no han sido evaluadas por la Cámara de Representantes, por lo cual la fecha de junio 2019 ya pasó sin que pudiera presentarse el Plan requerido por ley.

El CPI se comunicó con La Fortaleza preguntando si se cumplirá con la Ley 33 en la elaboración del plan de acción sobre erosión costera, pero no obtuvo respuesta.

Rafael R. Díaz Torres es integrante de Report for America