(29 de agosto de 2022) – Procurando reducir mediante un enfoque distinto la incidencia criminal y el tráfico de drogas en la Isla, el gobernador Pedro R. Pierluisi y el secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, anunciaron el reclutamiento de nuevos fiscales especiales para fortalecer el Programa de Salones Especializados en Casos de Sustancias Controladas, conocido como Drug Courts. 

Este programa atiende con una mirada salubrista a los acusados de cometer delitos no violentos, específicamente motivados por el trastorno por consumo de drogas y alcohol. Está basado en la corriente de justicia terapéutica, que procura una verdadera rehabilitación a través de herramientas y tratamientos efectivos que permitan reinsertar a la persona en la sociedad. 

Los 13 nuevos fiscales, designados para atender los casos mediante el programa Drug Courts a través de los distritos judiciales en la Isla, juramentaron hoy gracias a una asignación de $2.4 millones por parte del gobernador Pierluisi, para atender este proyecto, entre otras iniciativas de impacto del Departamento.

“Los resultados de estas salas son claros. Una gran mayoría de los participantes logra cumplir con las condiciones impuestas por el tribunal y estos aprovechan los servicios y programas a los que son referidos. Más del 65%, tanto a nivel nacional como estatal, tienen resultados positivos cuando se compara con aquellos que se procesan en el sistema tradicional. En particular, la gran mayoría de los graduandos de las cortes de drogas permanecen sin haber reincidido por al menos dos años luego de dejar el programa. Por el contrario, aquellos que son procesados en el sistema tradicional y entran en el programa de probatoria, casi la mitad vuelven a cometer un crimen.  Y de aquellos que son sentenciados a prisión, la mayoría vuelven a ser arrestados luego de salir de la cárcel. Estas estadísticas son impresionantes, por lo que tenemos que movernos a lo que funciona mejor”, sostuvo el gobernador Pierluisi quien mientras fungió en el pasado como secretario de Justicia y luego como comisionado residente siempre procuró apoyar y promover este programa.

El primer ejecutivo añadió que, “siempre he promovido que las personas puedan rehabilitarse y que les demos la oportunidad de echar hacia adelante. Esa es la meta de las Salas Especializadas en Casos de Sustancias Controladas.  Y es que cuando una persona rehace su vida, ganamos todos”.

Por su parte, el secretario de Justicia resaltó que la designación surge del firme compromiso del Gobierno de Puerto Rico de implantar enfoques y estrategias para combatir el narcotráfico y la adicción a drogas procurando un cambio real.

“El trastorno de uso de sustancias controladas sin atender es, en muchas ocasiones, la razón detrás de la comisión de delitos no violentos y de la reincidencia criminal. La condición de adicción que no es atendida pronta y adecuadamente lleva al individuo a repetir conductas delictivas. En estos casos, el procesamiento criminal ordinario perpetúa el ingreso a las instituciones penales. Humanizar la ley y los procesos judiciales, atendiendo el aspecto emocional y sicológico, nos brinda resultados más favorables porque no solo se rehabilita la persona sino su entorno familiar, al tiempo que disminuye incidencia criminal y se renueva la sociedad, pues se detienen ciclos de violencia, abandono y delincuencia. Además, representa un ahorro al erario y alivia la carga de trabajo en el sistema de justicia”, expresó Emanuelli Hernández.

La jefa de los fiscales, Jessika Correa González, indicó que “la designación de fiscales especiales permitirá una mejor identificación, atención y sensibilidad en el manejo de los casos, a la vez que se reafirmaría la misión y compromiso del Departamento de Justicia de participar en el proceso de recuperación y rehabilitación de personas acusadas de delito, con relación al uso y abuso de sustancias controladas”.

Los nuevos fiscales recibirán adiestramientos especializados por tres semanas enfocados en considerar al derecho y los procesos judiciales como una fuerza social capaz de producir consecuencias terapéuticas, que fomenten el bienestar físico y emocional de las personas, sin subordinar otros valores del Sistema de Justicia.

“Drug Court” tuvo sus orígenes en Puerto Rico en el 1991, en la región de Arecibo, Ponce y Aguadilla (luego fue transferido a Carolina en el 1995). Posteriormente fue establecido en San Juan (1997), Bayamón y Guayama (2000), Mayagüez (2003), Humacao (2004), Fajardo (2008) y Caguas (2010). Al momento, el programa opera en 10 de las 13 regiones judiciales y cuenta con 871 participantes activos aproximadamente.

El Programa fue desarrollado por la rama judicial y está compuesto por representantes de las siguientes agencias o entidades y sus respectivos componentes:

1.  Rama Judicial/ Tribunales – Componente Judicial

2. Departamento de Justicia – Representantes del Ministerio Público

3. Departamento de Corrección y Rehabilitación – Investigación y Supervisión del Participante 

4. Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) – Componente de evaluación y tratamiento del participante 

5. Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) – Representación legal del participante 

6. Negociado de la Policía de Puerto Rico – Componente de investigación y supervisión de los participantes en la comunidad

El propósito principal es ofrecer un “desvío” al acusado a un programa en el cual se le provea el tratamiento y la ayuda especializada necesaria para que supere su adicción a sustancias controladas. Esto permite que el acusado que tiene una condición adictiva no forme parte de la población carcelaria, lo cual redunda en beneficio para él y su familia, además de constituir un ahorro para el erario.

Los imputados o acusados deberán cumplir con un sinnúmero de criterios para poder participar en el Programa de “Drug Court”. El delito por el cual se le procesa debe guardar relación causal con su condición adictiva, no puede tener un caso de distribución de sustancias controladas, no puede tener convicciones por delitos violentos y debe demostrar interés y compromiso en participar del plan de tratamiento que recomiende ASSMCA.

El fiscal tiene la responsabilidad de informar a la víctima del delito en qué consiste el Programa “Drug Court” y cuáles son las consecuencias en caso de incumplimiento.