Un informe del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), indica que los incentivos económicos otorgados a médicos cualificados no son sostenibles para la economía del país. Según la Evaluación del Desempeño de Incentivos Económicos, los incentivos para médicos son costosos debido a los altos ingresos que estos profesionales generan, con un promedio de $270,000

“Es difícil determinar qué médicos se hubieran retenido en Puerto Rico sin el incentivo”, señala el informe.

“Eso es un costo directamente pernicioso (perjudicial) para el país”, reconoció el secretario del DDEC, Manuel Cidre Miranda en conferencia de prensa. “Sin embargo, su decisión no está basada en la parte económica, está basada en la parte social. El Estado está consciente de eso, pero asumió la responsabilidad de darle un trato contributivo distinto al médico”, agregó.

Los médicos no están obligados a someter información anualmente sobre su actividad empresarial ni estatus laboral, por lo que no cuentan con datos específicos para realizar un análisis del impacto de los decretos otorgados bajo la Ley 14 de 2017 y el Código de Incentivos de Puerto Rico (Ley 60 – 2019).

El estudio reveló que para el año 2020, se beneficiaron 4,044 médicos cualificados del incentivo.

Entre los datos principales del documento se encuentra que las corporaciones foráneas incentivadas de manufactura generaron los ingresos fiscales más altos, alcanzando $2.6 mil millones en 2022, seguido por Exportación de Servicios (Ley 20) con $418 millones y Residente Inversionista (Ley 22) con $201 millones, de los que $144 millones corresponden a pagos por contribución sobre ingresos.

El director de la Oficina de Incentivos para Negocios en Puerto Rico, Carlos Fontán Meléndez, comentó que, si se eliminan las leyes de incentivos, estas empresas extranjeras buscarían otras tasas dominantes en otras jurisdicciones. “Si la quitan, no hay incentivo para quedarse”, argumentó.

El estudio trabajó la recoipalción de información por más de seis meses de los departamentos de Hacienda, Trabajo y Recursos Humanos, Agricultura, Turismo, la Junta de Planificación y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) para proveer un perfil más certero de las personas y entidades incentivadas.

El documento identificó los obstáculos en desarrollar los hallazgos como inconsistencias en formatos de datos entre agencias, lo que requirió una limpieza de datos extensa. “La ausencia de una base de datos centralizada que englobe todos los incentivos ofrecidos por el Gobierno de Puerto Rico crea un reto constante para el DDEC para medir el desempeño de los incentivos”, sostiene el documento.

Asimismo, la falta de rigurosidad en los datos disponibles representó un reto para la elaboración del informe.

Sin embargo, Cidre Miranda afirma que este documento ayudará a decidir dónde invertir dinero para mejorar la actividad en las áreas con retorno negativo y a su vez ampliar la potencia en las positivas. También permitirá ofrecer datos reales de efectividad de los incentivos para requerimiento de información en el desarrollo de política pública, entre otros fines.

Fuente: Metro PR