La Asociación de Productores de Energía Renovable (APER) reiteró este martes la necesidad y beneficios económicos de usar energía renovable en Puerto Rico.

“Los beneficios de esta energía limpia traen consigo la reducción de costos e impacto ambiental, al igual que inyecta inversión privada y creación de empleos, lo que significa un impacto positivo al desarrollo económico del país, detalló su director ejecutivo, Julián Herencia, en una comunicación escrita.

La diversificación de las fuentes energéticas es un movimiento mundial que maximiza la generación renovable mientras reduce la dependencia de los combustibles fósiles. La política pública energética de Puerto Rico le impuso un mandato claro de transformar la mayoría de la generación a fuentes renovables en un corto tiempo, a la vez que se integran generadores más eficientes en el portafolio, dijo Herencia.

El cumplimiento de este mandato permitirá que Puerto Rico se mueva finalmente hacia la sustentabilidad y competitividad.

“El primer paso lógico para llegar a esa meta es la movilización de los 16 proyectos de energía solar que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), su Junta de Gobierno y el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) aprobaron tan reciente como en agosto del corriente.  Los proponentes de estos proyectos han invertido recursos considerables en Puerto Rico, confiando en que las responsabilidades contractuales y la política pública de la Isla serán respetadas”, detalló Herencia.

Añadió que “a pesar de los buenos oficios de la AEE y del NEPR, estos proyectos fueron dejados en el aire por la Junta de Control Fiscal (JCF) mediante una intromisión indebida en la implantación de la política pública energética.  Añádasele a ello que la JCF empleó un raciocinio defectuoso, por incluir información incompleta y errónea.  Por ejemplo, la JCF basa su determinación en un análisis de un plan fiscal obsoleto, que incluye proyectos que no se van a realizar e insumos que no son los que el mercado dicta”.

Herencia dijo que la intervención de la JCF no pasó desapercibida. Tan reciente como el 30 de noviembre de 2020, el congresista Raúl Grijalva (D-AZ), presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal, pidió explicaciones a la JCF sobre su determinación de frenar los acuerdos de la AEE con los 16 productores de energía renovable.  Su voz se une a la de muchos que no entienden esta decisión desacertada y que interviene de forma directa con asuntos de política pública.  La JSF está obstaculizando el progreso y el desarrollo económico de Puerto Rico, mientras el mundo sigue su camino hacia la energía renovable.

Herencia afirmó que “la APER ha intentado colaborar con JCF para analizar y validar la data, hacer modelos atemperados a Puerto Rico, y comparar la evidencia contundente de mercados locales, nacionales e internacionales.  Esto, como colaboración, no una imposición.  APER sostiene que un análisis objetivo con la información acertada y actualizada revelará que los 16 proyectos de energía renovable cumplen a cabalidad con la política pública y con los parámetros fiscales de la AEE”.

“Lamentablemente las solicitudes de la APER se han quedado en una respuesta leve de la FOMB que se ha limitado a un ‘vamos a ver’, sin que pase nada”, dijo Herencia.

“APER ha colaborado efectivamente con la AEE, La Junta de Gobierno, y el NEPR; entidades que cuentan con expertos en la materia y que aprobaron los proyectos conociendo el impacto positivo que ellos traen a nuestra economía. Los proyectos contemplan una inversión de capital privada de más de 1,100 millones de dólares, la creación de sobre 8,900 empleos nuevos totales, la baja en la tarifa de la AEE y unos 130 millones de dólares que no saldrán del país para la compra de combustibles fósiles”, añadió el Director Ejecutivo de la APER.

“Compete hacer hincapié que los 16 proyectos fueron ajustados a las necesidades actuales de Puerto Rico, incluyendo una reducción sustancial en el precio de energía acordado.  En Puerto Rico son pocas las oportunidades en donde un grupo grande de suplidores reducen sus precios competitivamente para apoyar el mercado.  Sobre todo, en un lugar donde todo parece aumentar.  También son pocas las oportunidades en donde una industria está dispuesta en proveer una inversión 100% privada y crear una cantidad sustancial de empleos en un periodo tan corto como 12 a 18 meses.  Estos proyectos están listos para movilizarse y comenzar construcción con esta rapidez, agregó Herencia.

“La posición de la APER es que estos proyectos se deben movilizar, en paralelo con cualquier otro proceso de solicitud de propuesta para capacidad adicional y las iniciativas de generación distribuida.  De una forma ordenada, se maximizarían los recursos y se puede lograr una mayor integración.  Hay diversos pasos hacia la diversificación energética.  Pero es lógico que el primero sea uno contundente y que consiga resultados materiales para la Isla.  Es momento de acción, de conseguir victorias grandes para los nuestros”, concluyó el Director Ejecutivo de la APER.