La Junta de Control Fiscal (JCF) propuso varias condiciones, este viernes, al Gobierno de Puerto Rico para expandir temporalmente la cobertura de Medicaid a más de 200,000 puertorriqueños durante la pandemia de COVID-19.

Los fondos federales no están garantizados en los niveles que recibe Puerto Rico en este momento.

“Sin esos fondos, el Gobierno de Puerto Rico no puede permitirse ampliar la elegibilidad”, dijo Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la JCF en comunicación escrita.

“Es por eso que el Gobierno debe ser directo y claro: la ampliación de la elegibilidad de Medicaid finaliza en septiembre de 2021, a menos que el Congreso apruebe una solución justa a largo plazo para los fondos de Medicaid de Puerto Rico”, añadió.

Explicó que la expansión temporal de Medicaid -el equivalente a Vital en Puerto Rico-, debido a COVID-19, finalizaría el 30 de septiembre de 2021 cuando expire el aumento de los fondos de Medicaid proporcionados por el Gobierno federal.

Por ley, el Gobierno Federal cubre solo el 55 por ciento de los gastos de Medicaid de Puerto Rico con un límite máximo anual, establecido actualmente en 390 millones de dólares, pero amplió temporalmente esa cobertura al 82.2 por ciento actual. La potencial pérdida de fondos federales hace que una expansión permanente de Vital, a un costo estimado de entre 300 millones y 600 millones de dólares, sea inasequible para el Gobierno de Puerto Rico en la actual crisis fiscal sin un aumento equitativo permanente o a largo plazo en los fondos de Medicaid federal para Puerto Rico.

“Medicaid ha sido un salvavidas para casi el 40 por ciento de los puertorriqueños, y la pandemia mundial ha demostrado lo importante que es un seguro médico confiable, particularmente para muchas familias que luchan por encontrar servicios médicos asequibles”, dijo Jaresko.

“Cuando haya fondos federales disponibles, estamos de acuerdo en que debemos tratar de encontrar una manera de maximizar su uso de manera eficiente y fiscalmente responsable. Junto con el Gobierno, creemos que hemos encontrado la manera de hacerlo durante la actual crisis de salud”, añadió.

La JCF propuso una expansión temporal a través de un programa especial vinculado a la declaración de Emergencia Nacional del presidente de Estados Unidos y a la Declaración de Emergencia de Salud Pública del Secretario de Salud y Servicios Humanos, con relación al COVID-19.

• La Emergencia de Salud Pública permite al Gobierno de Puerto Rico utilizar la Sección 1135 de la Ley del Seguro Social, que exime de ciertos requisitos para una Enmienda del Plan Estatal (SPA, por sus siglas en inglés) con el Gobierno Federal, definiendo cómo se administra Medicaid. El Gobierno buscará la aprobación de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid para aprobar rápidamente un SPA que aumentaría temporalmente la elegibilidad de la cobertura de Medicaid en Puerto Rico.

• El SPA vinculado a la exención de la Sección 1135 expiraría al final de la declaración de Emergencia de Salud Pública o el 30 de septiembre de 2021. Si la Emergencia de Salud Pública termina antes del 30 de septiembre de 2021, el Gobierno de Puerto Rico presentaría un SPA para aumentar el umbral de ingresos a esa fecha.
• El Gobierno enmendaría los contratos de Vital con las organizaciones de atención administrada (MCO, por sus siglas en inglés) para reflejar que la cobertura de los SPA finalizaría el 30 de septiembre de 2021.
• La Junta requeriría que el Gobierno de Puerto Rico lance una campaña para informar a las personas y familias elegibles, así como a los proveedores de atención médica y las MCO sobre el programa temporal.
• El Gobierno debe identificar ahora los fondos necesarios para pagar la parte que le corresponde a Puerto Rico del programa de seguro médico con fondos federales conocido en Puerto Rico como Vital.

Luego de reunirse con la gobernadora Wanda Vázquez Garced; el Secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano y el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero Díaz, la Junta espera información detallada del Gobierno que describa la manera específica en que cambiaría la expansión propuesta con respecto a las cualificaciones de ingresos, así como el aumento esperado de la matrícula temporal.