Luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), no aprobara los fondos para la elección de los delegados congresionales, propuestos por la Ley 167 de 2020, el gobernador Pedro Pierluisi solicitó una reconsideración de la resignación de fondos para la elección, la cual la JSF no acogió.

No obstante, a diferencia del primer comunicado por parte de la JSF, el cual fue firmado por Natalie Jaresko, el más reciente fue firmado por el presidente de la JSF, David Skeel.

“El hecho de que David Skeel haya firmado la carta significa que la Junta (Junta de Supervisión Fiscal) analizó la situación en conjunto”, expresó Aníbal Acevedo Vilá.

La JSF expresó que nunca negó la petición de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), sino que no la aprobaron porque nunca se le informó a la Asamblea Legislativa sobre dicha solicitud de reasignación de fondos, por lo cual el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, emitió una carta a la JSF.

Por otra parte, la JSF volvió a indicar que bajo la Ley PROMESA, no tienen autoridad para influir sobre el estatus político de Puerto Rico de cara al futuro, ante reclamos del gobernador Pierluisi de que la Ley 167 influye en el futuro de la Isla, en específico su estatus territorial y político.

“Lo que pasa es que esta ley, la del embeleco, la Ley 167, la que firmó Wanda Vázquez el 30 de diciembre, es una situación única que no habíamos tenido antes, porque esa ley ordena un nuevo plebiscito, pero no asignó dinero para llevarlo a cabo, y peor aún, los gastos de esa ley no están en el plan fiscal ni en el presupuesto”, puntualizó Acevedo Vilá.

“Esto es un lenguaje que aplicará de ahora en adelante, aquí se están fortaleciendo los poderes de la Asamblea Legislativa, por primera vez, la Junta (Junta de Supervisión Fiscal) le está dando ‘standing’ a el rol, que tiene en nuestra Constitución la Asamblea Legislativa en todos nuestros asuntos presupuestarios”, añadió el también exgobernador.

Además, según el analista político, la carta establece varios precedentes, como el que un gobierno acompañe cualquier iniciativa con el “apellido de estatus”, no significará que la JSF estará obligada a aprobar lo que solicite el gobernador, por lo que tendrá que ir a la Legislatura y formar un acuerdo. Incluso, destacó que se les restituyó el poder a la Asamblea Legislativa en torno a los temas presupuestarios y fiscales.

Una vez más, la JSF dijo que el gobernador y la Legislatura deben trabajar en conjunto, ya que sin los debidos procedimientos, los fondos para la elección no serán aprobados.

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