Ante la cercanía del 1 de octubre, fecha en la que entrará en vigor la denominada “Tasa Reducida de IVU” en restaurantes y establecimientos que vendan alimentos preparados, el portavoz senatorial del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, informó haber radicado una medida que busca proteger los derechos de los consumidores puertorriqueños mediante un mecanismo que garantice el alivio prometido en sus bolsillos con la propuesta reducción del IVU de un once y medio por ciento (11.5%) a un siete por ciento (7%).

“Para que los restaurantes puedan reducir de 11.5% a 7% la tasa de IVU que le retiene a sus clientes deben obtener la debida autorización y certificación del Secretario de Hacienda mediante el cumplimiento de una serie de requisitos. El secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea admitió recientemente que, de los cerca de 20,000 restaurantes existentes en Puerto Rico, sólo alrededor de 3,500 se encuentran en cumplimiento de lo requerido, por lo cual la inmensa mayoría de los establecimientos gastronómicos continuarán cobrando la sobretasa previa de 11.5%. El efecto indirecto de esta reglamentación de Hacienda es que el alivio prometido a los consumidores no llegará”, advirtió el legislador independentista.

El senador Dalmau Ramírez subrayó que nada en el texto de la Ley Núm. 257-2018 sugiere que la intención legislativa fuera penalizar a aquellos consumidores que, conforme a sus circunstancias, consumieran alimentos en establecimientos no certificados con una sobretasa de IVU mayor.

“En nuestro esfuerzo por velar que, en el balance de intereses, no se vean afectados los derechos de los consumidores y estos no paguen los platos rotos de un asunto que deben dirimir Hacienda y los respetivos restaurantes, he radicado la Resolución Conjunta del Senado 416 del 16 de septiembre del 2019 para ordenar al Secretario del Departamento de Hacienda que establezca mediante reglamento algún mecanismo mediante el cual los consumidores, siempre que medie prueba de la transacción,  reciban un reembolso mensual por la sobretasa pagada en exceso del siete por ciento (7%) fijado por ley cuando realicen compras en establecimientos no certificados que vendan alimentos preparados”, concluyó indicando el Portavoz del PIP en el Senado.