“El contexto que vivimos ante la pandemia obliga a repensar los servicios esenciales del gobierno. La pandemia ha obligado a todas las personas en el país a observar normas estrictas de distanciamiento social y a permanecer recluidas en los hogares. Esto significa que muchas tareas que antes se hacían de manera presencial, ahora se harán por la vía remota del Internet. Esto pone de manifiesto la urgencia de que nuestro pueblo tenga acceso libre y gratuito a Internet de Banda Ancha como un servicio esencial que necesita hacerse disponible por razones educativas, económicas, laborales y morales”. Con estas palabras el portavoz senatorial del PIP, Juan Dalmau Ramírez, pone sobre la mesa de discusión su propuesta de “Ley de libre acceso al Internet”.

La medida le ordena a PREPA Networks, en colaboración con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, desarrollar e implementar un modelo público de provisión de acceso al Internet de Banda Ancha que se haga disponible, libre de costo, al pueblo en general.

“En momentos en que, para dar un ejemplo, se plantea que la mejor manera de concretar una reanudación de clases segura en el semestre que dará inicio en agosto de 2020 es mediante la implementación de metodologías educativas en línea, se hace necesario el garantizar el acceso gratuito a Internet, particularmente en un país en el que cerca del 50 por ciento de los hogares no cuenta con acceso al mismo. Si a la obligación del Estado en garantizar el derecho a la educación, hoy se impone como una verdad absoluta que el acceso al Internet dejó de ser un lujo, y se ha convertido en un derecho humano moral”, sentenció el senador Juan Dalmau.

El legislador independentista subrayó que para viabilizar el disfrute de estos derechos y la creación del modelo de provisión pública y asequible de acceso al Internet que propone la medida legislativa, es necesario derogar la Ley Núm. 80 de 6 de agosto de 2017, denominada “Ley para la Competencia Justa en Servicios de Telecomunicaciones, de Información y Televisión por Paga en Puerto Rico”, de forma que, al revertirse el estado de derecho, las entidades gubernamentales correspondientes ostenten nuevamente las prerrogativas necesarias para insertarse en el mercado informático.

“Hago un llamado a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de Puerto Rico a que conviertan en ley esta medida y se establezca como política pública del Gobierno de Puerto Rico reconocer y declarar que el acceso público a Internet de Banda Ancha es un servicio esencial de alto interés público y un derecho subsumido en los derechos constitucionales a la educación, a la libertad”, concluyó el también candidato a la gobernación del PIP.