Los jueces Maite Oronoz Rodríguez, Anabelle Rodríguez Rodríguez y Ángel Colón Martínez criticaron el lunes en opiniones disidentes la movida del resto de los integrantes del Tribunal Supremo de atender los recursos solicitados por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) sobre el escrutinio general.

Según la presidenta Oronoz Rodríguez, si el Tribunal estaba en receso administrativo, no se podía acoger las solicitudes enviadas de forma electrónica para emitir la determinación.

“Rechazo enérgicamente el tracto caótico y altamente irregular de este caso; máxime cuando nuestros propios reglamentos viabilizan atenderlo con la celeridad que exige el asunto, sin violentar nuestros propios reglamentos o darle un trato preferente a algunas partes. Aunque ciertamente estamos ante una controversia de alto interés público que amerita resolverse con premura, el proceder de este Tribunal al acoger un caso que no fue válidamente presentado, en lugar de proveer confianza, lacera la imparcialidad que debe caracterizar a esta institución y termina arrojando más sombra y restándole fuerza a su determinación judicial.

No hay duda que este Tribunal Supremo se considerará siempre abierto o disponible para los fines de expedir cualquier mandamiento. Así lo dispone expresamente la Regla 9 del Reglamento del Tribunal Supremo. No obstante, insistir que este Tribunal tiene la autoridad de “acoger” recursos que “recibió” sin que su Secretaría estuviera en funciones es contrario a la normativa y sienta un precedente peligroso.

No hay duda que tal proceder por parte de este Tribunal da la impresión y, de hecho, crea una clase privilegiada de ciudadanos o grupos con acceso al Tribunal en todo momento, mientras que para la extrema mayoría de los ciudadanos se les exige circunscribirse a los horarios de operación de la Secretaría o a la disponibilidad de un buzón de presentaciones, según dispuesto por orden administrativa”, expuso la jueza Oronoz Rodríguez.

Por su parte, el juez asociado Ángel Colón Martínez acusó a la mayoría del Tribunal Supremo nombrada por gobernadores del Partido Nuevo Progresista (PNP) de “servirle” al comisionado electoral de esta colectividad.

“Maletines apareciendo. Maletines por buscar. Papeletas contadas. Papeletas sin contar. Votos adjudicados. Votos sin adjudicar. Actas cuadradas. Actas sin cuadrar. Candidatos “ganadores” certificados. Candidatos ganadores sin certificar. El fraude toca a las puertas. Algunos quieren permitirle entrar. Un gobierno ilegítimo, ¿el resultado final? Una Resolución emitida por este Tribunal el pasado 20 de noviembre de 2020 donde, en ánimo de llevar un mensaje incorrecto a la ciudadanía, se obviaron las expresiones emitidas por los jueces disidentes; sirvieron de antesala para que, una vez más, 3  de mis compañeros y compañera de estrado accediendo a los caprichos del Comisionado Electoral del Partido Nuevo Progresista, el señor Héctor Joaquín Sánchez Álvarez optasen por reescribir el ordenamiento electoral puertorriqueño, esta vez con el único fin de limitarle a determinados partidos políticos, pero muy en particular al Movimiento Victoria Ciudadana, el acceso a las listas actualizadas de los electores y electoras que solicitaron voto ausente voto por adelantado en todas sus modalidades, así como las listas de electores y electoras que, en efecto, votaron bajo alguna de esas modalidades”, sostuvo Colón Martínez.

Por su parte, la jueza asociada Anabelle Rodríguez Rodríguez también estuvo en desacuerdo con sus compañeros.

“Comienzo apuntando que NUNCA en mis dieciséis años en este Tribunal se había certificado una Resolución particularmente en casos de gran resonancia- sin que se hiciera constar el criterio de quienes no estuvieron de acuerdo; siempre que las expresiones disidentes se circularan previo a que se certifique la Resolución. Siempre se espera, aunque ello suponga un retraso de la hora de certificación propuesta. Esa había sido la práctica inmemorial de ESTE Tribunal y sus jueces, por lo menos, hasta el viernes pasado. En esta ocasión, la mayoría del Tribunal censuró la expresión disidente de los jueces que no estábamos contestes con el curso mayoritario, haciendo constar, erróneamente, que no habíamos intervenido”, expuso Rodríguez Rodríguez.

En una opinión ‘per curiam’, que quiere decir que fue emitida por los integrantes del Tribunal, por lo que no tiene una firma de cuál fue el juez asociado ponente, la mayoría de los jueces asociados ordenaron a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) continúe con el proceso de escrutinio general y dictaminó que de no cumplirse la orden, conllevará el referido para el inicio de un procedimiento de desacato y el referido a las autoridades estatales y federales pertinentes.