El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 2106 que establece que todo convicto por agresión sexual en todas sus modalidades, actos lascivos, violación, sodomía, incesto, secuestro, secuestro agravado y pornografía infantil, incluyendo sus tentativas, no podrá beneficiarse del Programa de Libertad Bajo Palabra.

Se desprende de la nueva ley que las personas que estén referidas bajo la consideración de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP), sin que haya una determinación final, no cualificarán para este proceso independientemente de la etapa procesal en la que se encuentre su solicitud. En el caso de las personas que se encuentren disfrutando de este privilegio tras cometer este tipo de delitos, y luego, por diversas razones, se les revoque, no se les concederá nuevamente.

La JLBP, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), apoyó sin reservas esta nueva ley por entender que le hace justicia a las víctimas del crimen. También, hizo lo propio el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM).

Precisamente en temas que están relacionados con la seguridad ciudadana, el gobernador estampó su firma en el Proyecto del Senado 809 que enmienda la Ley de la Judicatura de 2003 para aclarar que el término de un nombramiento para ocupar los cargos de los jueces de los Tribunales Municipales-Superior o del Apelativo comenzará a transcurrir en la fecha desde que el gobernador extienda el nombramiento mediante la expedición de la credencial correspondiente. En el caso de una renominación y posterior confirmación, el término del nuevo nombramiento comenzará a cursar desde la fecha que venció el término anterior.

Otra de las seis medidas firmadas por el gobernador es el Proyecto del Senado 1167 que amplía las protecciones dispuestas a los deudores hipotecarios durante el proceso de negociación y adopción del plan de mitigación de pérdidas (loss mitigation) incluyendo que el acreedor hipotecario no podrá negarse a aceptar pagos parciales a la deuda.

En torno a la industria cinematográfica, el gobernador convirtió en ley el Proyecto del Senado 409 para atemperar la Ley sobre Prácticas Justas en la Distribución y Exhibición de Películas Cinematográficas a las nuevas disposiciones federales eliminando el concepto de exhibidor directo por excepción, protegiendo la libre competencia y acceso al mercado.

En temas de educación el gobernador dio paso al Proyecto del Senado 1271 para establecer que, si una institución educativa que esté dentro de instalaciones militares en Puerto Rico, pero no tenga propósitos relacionados directamente con las fuerzas armadas, tendrá que registrarse en la Junta de Instituciones de Educación Básica adscrita al Departamento de Estado. Esta nueva ley fue presentada en la Asamblea Legislativa bajo el concepto ‘por petición’ de la Guardia Nacional de Puerto Rico, ente a cargo de Youth Challenge Academy, institución académica ubicada en Fort Allen en Juana Díaz que ofrece sus servicios a desertores o posibles desertores escolares de entre 16 y 18 años.

Por último, el gobernador, firmó el Proyecto del Senado 1281 para que el 7 de agosto de cada año sea el ‘Día del Ciclista y de la Concienciación Ciudadana’.

Por otra parte, el gobernador informó a los presidentes legislativos las razones por las cuales no estampó su firma en el Proyecto de la Cámara 909 y el Proyecto del Senado 447. El Proyecto de la Cámara 909 eliminaba del Artículo 10.16 la disposición que faculta a los agentes del orden público a confiscar cualquier vehículo todoterreno que contravenga con la ley y que constituyen un delito menos grave.

“Cuando se hace uso indebido de este tipo de vehículos, tanto sus conductores y pasajeros como la ciudadanía en general corren peligro cuando se discurre por las vías públicas. Es política pública de mi administración luchar contra el crimen y defender la ley y el orden. Por lo tanto, el acto de confiscación debe permanecer en nuestro Estado de Derecho como un disuasivo a la peligrosa práctica de conducir este tipo de vehículos en contravención a la ley, lo que afecta la seguridad y la tranquilidad de nuestro pueblo”, indicó el gobernador.

Mientras, el Proyecto del Senado 447 pretendía que los peritos electricistas realizaran trabajos de conexión y desconexión de contadores de fuentes de energía aéreas y soterradas, el gobernador les explicó que los cambios en los sistemas de transmisión y distribución de energía, principalmente en líneas de alto voltaje, requieren capacitación constante “para lo cual esta pieza legislativa es silente. El riesgo de pérdida de vida en este tipo de trabajo, sin la coordinación o el adiestramiento, equipo y tecnología necesario para realizar las tareas, es demasiado latente. No puedo avalar este lenguaje aprobado por la Asamblea Legislativa que toma tan livianamente la vida de estos trabajadores”, informó el gobernador Pierluisi en una misiva.