Puerto Rico fue un país unido por su sentido de propósito, por su cultura, sus tradiciones, su respeto por los demás, después de todo, somos un solo país, compartimos el mismo suelo, todos tenemos los mismos sueños y aspiraciones, además enfrentábamos los mismos retos y problemas. Toda esa unión cambió cuando el Gobierno de Puerto Rico eligió la ruta de la Quiebra, incumpliendo con una deuda de $69 mil millones.

El Gobierno Central ha hecho cambios, en su anterior forma fiscalmente irresponsable de operar, pero en la legislatura parecen desconocer que somos un país en quiebra. A estas alturas, seis años después de radicar la quiebra, no nos debe sorprender ver la legislatura operar
como si Puerto Rico fuese un País con Dos Islas Distintas, la isla del Sector Público vs. la isla del Sector Privado.

Ustedes recordarán que durante la pandemia mientras en el sector privado había sobre 240,996 desempleados, o el 37% de la fuerza laboral, los 201,900 empleados del gobierno estuvieron en cuarentena por más de 12 meses, la mayoría sin trabajar y cómodamente en sus hogares; con solo un puñado de agencias esenciales trabajando y los menos trabajando remoto.

Mientras en la isla del sector privado había un desempleo rampante y se repartía miseria, en la Isla del sector público les pagaban su nómina los días 15 y 30 sin dilación, acumulaban vacaciones, días por enfermedad, y mantenían su plan médico. Por ello, preocupa que se sigua legislando en beneficio del Gobierno y los empleados públicos, y usando a la isla del sector privado como una chequera.

La legislatura tiene la obligación constitucional de aprobar un presupuesto balanceado y con tiempo, para cumplir con la fecha límite del 30 de junio. Considerando que Puerto Rico se encuentra aún en quiebra, el proceso tiene que permitir tiempo para que la Junta de Supervisión y Gerencia Fiscal revise el presupuesto.

Este año el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández, decidió tomar el presupuesto de Puerto Rico como rehén, además de atacar el carácter del presidente del Senado, José L. Dalmau, y su supuesta falta de acción para aprobar el presupuesto. Mientras más hablaba el presidente de la Cámara, se hacía evidente que defendía lo indefendible.

El presidente del Senado, José Dalmau, informó que había dos proyectos de importancia crucial, el Proyecto de Ley de la Cámara 1367, que sustituye la Ley de Impuesto a las Foráneas y el Presupuesto. El presidente Dalmau, detalló que se había acordado aprobar ambos proyectos consecutivamente, y entonces, el Senador Dalmau soltó una bomba, al detallar que al llegar el proyecto 1367 para aprobación del
Senado, la Cámara había incluido una medida no negociada, y el presidente de la Cámara dijo que, si no lo aceptan, no aprobaría el presupuesto.

La medida instruía al Centro de Recaudación de Ingresos Municipales de Puerto Rico (CRIM), a retazar todas las propiedades de Puerto Rico, aumentando los impuestos para los consumidores y los negocios. Toda la verdad salió cuando el Senado votó y aprobó el Presupuesto, pero luego de un par de intentos fallidos, la Cámara lo aprobó. Sin embargo, la junta de Supervisión ya había informado que no utilizaría el
Presupuesto de la Legislatura, sino su versión.

Una vez que esto sucedió, el presidente de la Cámara, utilizando las redes sociales, publicó una nota que decía: “La legislatura cumplió con su obligación” y “La JSF aceptó el 98% de nuestras propuestas”, ello en otro intento por justificar la falta de acción. De hecho, luego de aprobado el presupuesto, se descubre que la Cámara había incluido un requerimiento de toda transacción de bienes raíces ya sea financiada o en efectivo tenga una tasación y plano de mensura entre otros requsitos, además de someter dicha información al Departamento de Hacienda. La medida ha tendido el efecto de frenar totalmente la actividad de la industria de bienes raíces de Puerto Rico.

No conforme con estas acciones, tan pronto el Gobernador cito una sesión extraordinaria de la legislatura para considerar el Proyecto del Senado 931 que transfiere $145 millones del Fondo del Seguro del Estado hacia la AEE y AAA para aplacar los aumentos de los consumidores en las facturas, el Presidente de la Cámara en lugar de actuar sobre la medida, intento negociar algo, nadie sabe que, y ceso la labores de la Cámara sin considerar la medida hasta el 26 de Julio.

Mientas todos los contribuyentes siguen sufriendo los efectos de estas acciones la legislatura parece olvidar que el sector privado no son solo grandes corporaciones, el sector privado también es el cajero, albañil, carnicero, enfermero, cocinero, vendedor de autos, mecánico, contratista, secretaria, mesero, maestro, ingeniero, dentista, médicos y dueños de negocios también. Compatriota, usted ve como en la Isla del Sector Público se otorgan aumentos, mayores pensiones, beneficios y se reparte riqueza. Mientras, en la Isla del Sector Privado se reparte miseria y un futuro cada vez más desalentador, así vivimos en el país de las islas distintas.