Mensualmente son cientos las propiedades ejecutadas por los bancos en la isla. Sin embargo, no hay números certeros ya que las  cifras que provee la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) podrían estar lejos de la realidad. A estos fines, el portavoz de la mayoría en la Cámara Alta, Carmelo Ríos, radicó la Resolución del Senado 1230, para investigar el funcionamiento de OCIF y la posibilidad de brindar mejores herramientas a esta entidad. Además, indagar sobre la forma en que atiende lo relacionado a información y estadísticas de ejecuciones de hipotecas; así como el proceso de querellas de los deudores hipotecarios sobre sus cuentas en atraso en dicha entidad.  

“Ante la crisis de ejecuciones de hipotecas que experimenta Puerto Rico, es imperativo saber si OCIF cuenta con los poderes y recursos necesarios o si se necesitan enmiendas a las leyes que regulan estos procesos para poder tener un cuadro claro de la situación. La forma y manera de recopilación de los datos, así como la calidad de estos,  es fundamental para poder ser más efectivos al momento de atender la crisis.  Igualmente, las herramientas que tengan las entidades reguladoras son esenciales para que puedan llevar a cabo una labor efectiva”, expuso el legislador.

Por otro lado, Ríos indicó “Resulta irónico que en momentos en que se anuncian ingresos récords para la banca, con una entrada neta de $505.32 millones en el segundo trimestre de este año, los mejores resultados desde el 2005, tengamos a cientos de miles de puertorriqueños que no saben si el mes próximo podrán seguir teniendo un techo donde vivir.” 

La pieza legislativa expresa que una vez los bancos, bajo la jurisdicción de OCIF, venden préstamos hipotecarios en delincuencia a inversionistas a precio de descuento, estos últimos no actualizan a OCIF la información ofrecida sobre dicha hipoteca. Lo que podría implicar que los números que se ofrezcan sobre las ejecuciones se reduzcan artificialmente. También se alega que la OCIF no atiende querellas debido a la falta de capacidad para intervenir en los procesos y que en los últimos años una gran cantidad de las querellas no han sido atendidas por entender que no tiene jurisdicción.

Cabe destacar que, desde el 2008 al 2018 se ejecutaron 40,763 propiedades. Para septiembre de 2017, había unos 63,602 préstamos en riesgo de ejecución. A este número hay que añadirle un estimado de 60,000 préstamos vendidos por los bancos a descuento en el mercado de préstamos tóxicos a inversionistas en los Estados Unidos y los 1,400 radicados en el Tribunal Federal, para totalizar alrededor de 125 mil.